Las propuestas económicas de Andrés Manuel López Obrador: implicaciones fiscales

Voy a discutir desde mi punto de vista personal las implicaciones fiscales de las propuestas económicas del candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un primer punto tiene que ver con el objetivo de recaudar recursos combatiendo la corrupción. Obviamente estoy a favor de combatirla. AMLO en carta a un periódico dijo que combatiendo la corrupción puede obtenerse un ahorro de un billón de pesos. Eso equivale a 4.6% del PIB de 2017. El problema con esta cifra, que yo y varios analistas hemos señalado anteriormente, es que no tiene sustento empírico. No he escuchado a ninguno de los asesores económicos de AMLO referirse a esta cifra. Infiero que ellos mismos no creen que combatiendo la corrupción pueda recabarse la cantidad de recursos mencionada.

¿Qué fuentes de ingresos públicos han mencionado los asesores de AMLO? Ninguna. Esto es natural pues un candidato no hablará de subir impuestos. Los asesores han mencionado una reasignación del gasto público. Han hablado de eliminar el gasto en publicidad y el del Ramo 23. Estoy a favor de reducir el gasto en publicidad, y de reducir las asignaciones de gasto público que tengan carácter discrecional. El Ramo 23 ha sido señalado por ello por México Evalúa. Volviendo a lo que dicen los asesores, calculan que puede lograrse un ahorro de 2% del PIB con estas medidas. Esos recursos podrían usarse, hipotéticamente, para incrementar el nivel de la inversión pública en 2 puntos del PIB. Pero si ese gobierno quiere incrementar nuevamente el nivel de inversión para alcanzar un objetivo mayor entonces tendría que recurrir a mayor recaudación o deuda.

¿En qué se usarían los recursos públicos? Los asesores han mencionado dos destinos: programas sociales e inversión pública. Han mencionado un programa para incentivar a los jóvenes a permanecer en el sistema educativo. También han mencionado el aprendizaje de oficios y capacitación en empresas. Obviamente estoy a favor de que los jóvenes adquieran más capital humano. Me parece muy importante que la generación actual de jóvenes tenga habilidades que le permita tener buenas oportunidades laborales. Habiendo dicho eso, surgen preguntas naturales. ¿Cuál sería el diseño de ese programa? ¿Cómo asegurar que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo, o en oficios o capacitación? Y habría que evaluar el impacto. El programa costaría de acuerdo a los asesores de AMLO un 0.5% del PIB al año.

Otro destino es una homologación del Programa Alimentario para Adultos Mayores de la Cd. de México a todo el país. Hay que tomar en cuenta que este programa tiene una transferencia mayor que la del Programa de Pensión para Adultos Mayores que aplica el Gobierno Federal. La transferencia en la Cd. de México para 2018 es de 1209 pesos al mes. La transferencia federal equivale a 580 pesos al mes. Por otra parte el programa federal abarca una población mayor. El programa federal incluye a las personas de 65 años y más. El programa en la Cd. de México incluye a personas de 68 años y más. Como último punto de comparación, el programa federal pone una restricción sobre los beneficiarios que no tiene el programa de la Cd. de México. No deben  recibirse ingresos superiores a 1092 pesos mensuales por pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, como las otorgadas por el IMSS, ISSSTE, o Pemex. Yo supongo que al homologar el programa AMLO mantendría la edad mínima del programa federal, 65 años, y daría el mayor pago de 1209 pesos al mes. Surgen preguntas. ¿Mantendrá AMLO la restricción existente en el programa federal? Si no lo hace el costo del programa aumenta, pues aumenta la población beneficiada. Finalizo este tema mencionando dos puntos. El primero es que la población mexicana está envejeciendo. Por tanto el costo de este programa aumenta en el tiempo. En segundo lugar, yo no he escuchado de los asesores de AMLO cuál sería el costo.

Los asesores de AMLO han insistido en que uno de los objetivos de gasto debe ser el incremento de la inversión pública. Han señalado que la inversión pública registra hoy su menor valor histórico como porcentaje del PIB, de 2.5%. Sí creo que una mayor inversión pública, complementaria con la privada, puede generar efectos positivos. Una pregunta es de qué tamaño serían esos efectos. Los asesores de AMLO han mencionado planes de infraestructura, incluyendo un puerto industrial en Salina Cruz, modernizar la vía férrea Coatzacoalcos-Veracruz, un tren turístico Cancún-Palenque, entre otros. Un proyecto principal es construir dos refinerías para producir gasolina y lograr la autosuficiencia. Podemos cuestionar si ese es un objetivo razonable dado que México tiene acceso a mercados internacionales. Dejo para otra ocasión el tema energético. El objetivo principal es aumentar la inversión pública 2.5 puntos porcentuales del PIB.

¿Qué ajustes impositivos tendrían lugar? Los asesores de AMLO han mencionado que no harán cambios al ISR ni al IVA. La excepción es reducirlos en la frontera con Estados Unidos. La propuesta es reducir el IVA de 16% a 8%, y el ISR a 20% (refiriéndose al ISR que pagan las empresas que en la  ley es 30%). Obviamente estas medidas reducirían en cierta cantidad la recaudación por ISR e IVA. Por tanto el Sector Público tendría menos recursos.

¿Qué pasaría con el déficit primario y la deuda del Sector Público? Los asesores han insistido en que el posible gobierno de AMLO mantendría la estabilidad macroeconómica. AMLO ha dicho que no incrementará la deuda pública. Si bien no tengo números precisos sobre cuánto sería el gasto público de acuerdo a las propuestas en un hipotético primer año de gobierno, y por tanto no puedo calcular el Balance del Sector Público, sí es claro para mí que las propuestas tienen un sesgo hacia mayor gasto. Por tanto tienen un sesgo hacia mayor endeudamiento público.

¿Qué margen de maniobra tiene México en endeudamiento? Creo que poco. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público creció en los últimos años hasta un máximo de 46% en 2016, para luego caer a 44% en 2017. Eso requirió un ajuste fiscal grande. Recientemente las calificadoras cambiaron la perspectiva de la deuda soberana de negativa a estable. Argumentan que es difícil que el próximo presidente, quien sea, modifique sustancialmente la política económica. Restringiéndome a lo que yo mencioné en términos de gasto y recaudación, el sesgo neto de las propuestas es hacia más endeudamiento. Quiero señalar que un mayor endeudamiento público no es negativo por sí mismo. Pero un rápido crecimiento del cociente deuda sobre PIB, a partir del nivel actual, sí lo sería. Encarecería  el crédito futuro con el que México pueda financiar un déficit público.

Dejo para otra ocasión analizar las propuestas de los otros dos candidatos punteros en las encuestas, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Veo puntos positivos y negativos. Espero comentar más adelante.