No perdamos otra oportunidad

Bendecido por una rica y diversa dotación de recursos geológicos que podría convertirnos en uno de los destinos más atractivos para la actividad minera en el mundo, nuestro país tiene la gran oportunidad de transformar la vasta riqueza de su subsuelo en desarrollo sostenible y bienestar para todos. No en vano somos el segundo productor mundial de cobre, zinc y molibdeno, el sexto productor de oro, y octavo de plomo. Además, si la magnitud de los hallazgos recientes en Puno se confirma, podríamos rápidamente transformarnos en uno de los principales productores mundiales de litio.

La importancia de la minería para la economía peruana no puede soslayarse. Ya esta representa el 10% del PBI y es responsable del 60% de las exportaciones. La minería contribuye con el 19% de la recaudación fiscal. Aunque intensiva en el uso de capital, el impacto de la minería en el empleo también es significativo. Se estima en 1.4 millones el número de puestos directos, indirectos e inducidos generados por la actividad minera en la economía (cerca del 9% de la PEA empleada).

No menos importante, las inversiones mineras representan el 13% de la inversión privada total. La activación de la industria ha tendido a ser precursora del desempeño positivo de la inversión privada durante periodos todos periodos previos de recuperación. Luego de sufrir una caída en los tres años previos, en el 2017 la inversión en el sector repuntó, y se esperan importantes mejoras en los próximos años.

La oportunidad

Las condiciones para transformar la riqueza del subsuelo en bienestar son especialmente favorables. Si bien es cierto las escaramuzas comerciales entre EEUU y China han tenido una repercusión negativa sobre los minerales en el último mes, es importante no perder de vista que las condiciones de mercado para nuestras principales exportaciones se muestran muy favorables. De hecho, hasta antes de que se activara el espiral de enfrentamiento comercial, el precio del cobre había alcanzado su mejor nivel de los últimos cuatro años.

Un factor condicionante positivo es que el proceso de urbanización de las economías emergentes seguirá incrementando la demanda de los principales metales industriales. Además, la transición hacia un mundo bajo en carbono es intensiva en el uso de metales no solamente para la construcción de celdas fotovoltaicas, sino también para la fabricación de turbinas de generación eólica, baterías de almacenamiento y redes de transmisión inteligentes, por no referirnos a la fabricación de vehículos eléctricos que requieren el doble de contenido de cobre que uno de combustión interna.

Contamos con un portafolio de inversiones de US$ 58 mil millones, cuya puesta en marcha podría más que duplicar nuestra producción de cobre, por no referirnos a los importantes aumentos en los volúmenes de zinc, plomo, hierro, plata y oro que generarían. En consonancia con ello, este año iniciarían su construcción importantes proyectos (Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho) que en su conjunto superan los US$ 7,500 millones.

Los impactos económicos y sociales de la inversión minera son significativos. Incrementar nuestra producción de cobre refinado en 2 millones de TM —algo alcanzable con las iniciativas en cartera— generaría ingresos fiscales adicionales cercanos a los US$ 2 mil millones anuales. Con esos recursos, se podrían construir más de 5 mil kilómetros de nuevas carreteras o aumentar el presupuesto del sector educación en 22%.

Sin embargo, para que ese ambicioso portafolio de iniciativas se cristalice, hace falta un trabajo coordinado público-privado que permita superar los escollos que en la actualidad le restan competitividad al sector. En ese sentido, resulta urgente desmontar la maraña regulatoria que viene asfixiando a la industria. Según el Banco Central de Reserva (BCR), las normas que afectan a la minería pasaron de 12 en el 2001 a 265 en el 2016 y su proliferación sigue en aumento. No se trata de relajar estándares sino de simplificar procedimientos, racionalizar requisitos y eliminar procesos redundantes.

De otra parte, para maximizar el impacto positivo de la minería sobre el desarrollo económico local y regional, es necesario perfeccionar el funcionamiento del canon minero, a fin de asegurar que este contribuya de manera eficaz a cerrar las importantes brechas sociales que arrastramos. Durante la última década, se han transferido casi S/. 40 mil millones en canon y regalías a las regiones productoras, sin que el uso de esos recursos haya estado aparejado de avances determinantes en la provisión de servicios y bienes públicos de calidad, sobre todo en beneficio de las comunidades de los distritos más apartados.

En ese sentido, se hace necesario repensar el mecanismo sobre la base de tres principios fundamentales: revertir su sesgo urbano y acercar los beneficios a las comunidades campesinas y centros poblados más próximos a las operaciones, incorporar enfoques y flexibilidades que permitan que el uso de estos recursos contribuyan de manera más eficaz al cierre de brechas sociales, y asegurar la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos para evitar la corrupción.

Dichos cambios ayudarán a mitigar la conflictividad social que muchas veces se constituye en el principal obstáculo para la actividad minera. Otro frente en el que también debiera de avanzarse en paralelo es de afianzamiento de las capacidades institucionales para mejorar la inversión pública en las regiones donde opera la industria. Lo mismo es cierto del Fondo de Adelanto Social, cuya implementación antelada puede servir para facilitar la implementación de nuevos proyectos mineros.

Tenemos la gran oportunidad de establecer un entorno facilitador que nos permita atraer mayores inversiones, aumentar nuestra producción y darle un mejor uso al canon. De ello dependerá que podamos transformar la riqueza de nuestro subsuelo en bienestar para todos los peruanos.