Educación superior gratuita: el fin de un mito

El año 2013 escribí una columna sosteniendo que la educación era un bien económico y no un derecho. La tormenta que desató fue considerable pero todo lo que la columna afirmaba era que la educación costaba dinero -esa es la definición de un bien económico- y que nadie tiene un derecho al dinero ajeno. Sostener lo contrario significa decir que la educación no tiene costo alguno y negar la propiedad privada, pues obviamente usted tiene derecho sobre los frutos de su trabajo sólo si puede excluir de ellos al resto aunque los demande para educarse. Cuando sus promotores dicen que los derechos “sociales” son el camino para construir el socialismo están precisamente reflejando la idea de que estos son incompatibles con la propiedad privada y el mercado.

Ahora bien, ¿qué ha pasado desde 2013? Pues, los que advertimos que prometer educación gratuita para todos era demagógico, porque nada es gratis, nos hemos visto reivindicados por la dura realidad, a saber, que los recursos son escasos. A los liberales, esta verdad insoslayable nos lleva a concluir que los recursos deben destinarse a aquellos que más los necesitan -vaya inmoralidad-. Esa es una de las razones por las que rechazamos la idea de derechos “sociales” universales, pues estos no sólo abren las puertas para un gasto insostenible que termina perjudicando a todos los ciudadanos, sino que son esencialmente contrarios al gasto focalizado en los más desaventajados.

La educación superior gratuita, por lo mismo, lejos de ser un derecho “social”, es, si se quiere, un derecho “antisocial” porque en lugar de beneficiar a los más desvalidos da privilegios a un grupo ya aventajado de la población, que invierte en su capital humano a costa de impuestos que pagan todos los demás y que otros necesitan de modo más urgente. Esto no significa que no debiera haber becas para alumnos talentosos de escasos recursos, por supuesto, sino que la idea de derecho “social” universal como condición de ciudadano en realidad lo que consigue es crear una clase privilegiada que camufla sus privilegios bajo el concepto “social”. Porque, ¿qué se reclama en realidad con educación superior gratuita si no es lucro unilateral, es decir, un bien que beneficia al estudiante sin que éste dé nada a cambio? Así, vaya paradoja, los grandes críticos del lucro se convierten en sus principales receptores exigiendo que el Estado se los garantice a expensas de otros. Precisamente por eso la literatura económica señala que la educación superior gratuita es regresiva y genera desigualdad. La figura del derecho “social” sin duda suena bien y es emocionalmente atractiva como tantas ideas socialistas. ¿Quién podría oponerse a un derecho llamado “social” salvo un desalmado “neoliberal”?

Lo cierto es que analizada fríamente se trata de una ficción conceptual que logra todo lo contrario a lo que se propone: desigualdad en lugar de igualdad, exclusión en lugar de inclusión, privilegio en lugar de cancha pareja. Pero lo peor, además de crear una corrosiva mentalidad paternalista donde el Estado se encarga de nuestras vidas, es que, en la lógica de los derechos “sociales” sólo el Estado puede proveer cuestiones como la educación, ya que de lo contrario emerge desigualdad y eso, según la teoría comentada, es incompatible con la condición de ciudadano, la que por definición debe ser igualitaria. Así desaparece la libertad de elegir dejándonos a merced del control estatal en las áreas más sensibles de nuestras vidas, todo en nombre de la igualdad.

En suma, tanto la realidad económica, que ha destrozado la fantasía de la educación superior gratuita universal, como el resguardo de la libertad de elegir, exigen que abandonemos el mito de los derechos “sociales”, universales y garantizados.