Publicado en La Nación, 2 de agosto de 2014
Aunque para el ministro Axel Kicillof hablar de un default de la Argentina es una «pavada atómica» , el frío idioma de la ley y los contratos no se detuvo ni un minuto a entablar esa discusión semántica. Las agencias calificadoras de crédito internacionales ya consideran que la Argentina se encuentra en «default selectivo». Y ayer la agencia que regula los contratos de seguros contra default estableció en una votación unánime de sus quince miembros que los contratos deberán ser pagados, involucrando a favor de los asegurados US$ 1000 millones. Una pavada de cifra. Desde que los bonos emitidos bajo ley extranjera han sido considerados en default, han dejado de devengar intereses a los fines de su negociación en los mercados.
Esa decisión, adoptada por la organización EMTA, tampoco cree que la no recepción de los intereses de los bonos por parte de sus dueños sea una pavada. Eventualmente, si algún día la Argentina logra volver a juntar a esas dos almas separadas, los bonos y a sus intereses, estos últimos serán percibidos por quien posea en ese momento el instrumento de deuda: la suerte es loca. Pero un inversor que quisiera tener alguna certidumbre acerca de cuánto rendimiento generan sus inversiones debería por ahora orientar su rumbo hacia destinos más confiables, como Ucrania, Irak o Venezuela.
Los próximos días pueden generar una nueva andanada de malas noticias para la Argentina en términos de la hoja de ruta legal que se ha abierto desde el default. A partir de haberse concretado contractualmente el default debido a la no recepción de los fondos por parte de los bonistas, puede producirse la llamada «aceleración» de los bonos. Ello implicaría que instrumentos de deuda que vencían entre los años 2033 y 2038 pasarían a ser exigibles inmediatamente. Para que ello ocurra, se deben formar determinadas mayorías de bonistas, según las distintas dieciséis series de bonos en default y decretar la aceleración en una asamblea. Si bien la Argentina tendría sesenta días para deshacer esa aceleración, para hacerlo debería cumplir antes con un requisito al que no parece estar dispuesta: llegar a un acuerdo con los holdouts para que se liberen los pagos actualmente retenidos. El universo de deuda alcanzado por este riesgo es de US$ 29.000 millones.
Si bien la mayoría de los tenedores de deuda de la Argentina no estarían tentados a pedir la aceleración de éstos, hay otros que sí. Los tenedores de bonos Par, cuyo vencimiento es muy lejano y su cupón muy bajo, se encontrarían ahora con un pequeño obsequio del Gobierno: lo que iba a ser cobrado dentro de 24 años sería exigible legalmente ahora.
Paradójicamente, esa disputa debería ser resuelta otra vez por los tribunales de Nueva York, elegidos en 2005 por Néstor Kirchner y en 2010 por Cristina Kirchner al efectuar los dos canjes de deuda que hoy corren el riesgo de naufragar.
Una solución entre privados al problema de los holdouts parece hoy imposible. Tanto Kicillof como Cristina Kirchner han confirmado en sus últimos días lo que hasta hace poco era apenas una pasable sospecha. La cláusula RUFO era la última excusa elegante con la que contaba la Presidenta para evitar concretar un pago que, ahora sabemos, era para ella intolerable políticamente. De no ser así, no habría dinamitado los esfuerzos orquestados por Fábrega, Capitanich y Zannini para que el sector privado construya el puente de plata hasta enero de 2015, cuando vence la cláusula maldita. Como en el río Kwai, Cristina dinamitó ese puente al generarles a los privados la sensación de que comprarían el juicio a Paul Singer en US$ 1400 millones, para vendérselo luego a ella en US$ 300 millones.
La Argentina podrá ahora intentar un par de estrategias legales. En primer lugar, podría pedirles a los bonistas reestructurados (y ahora defaulteados) que acepten quitar la cláusula RUFO de sus bonos. Ello le permitiría al Gobierno mantener la sensación de que un arreglo amigable con los holdouts es posible e intentar evitar así que se dispare el riesgo país. Simultáneamente, podría comenzar a explorar qué chances existen de canjear los bonos reestructurados con ley extranjera por otros bonos con ley local. Si bien ello estaba prohibido por Griesa en prevención de que de esa manera la Argentina evada su sentencia, hay quienes creen ahora, en default, esa prohibición se habría extinguido. De hecho, en un memo de los abogados de la Argentina que se filtró a la prensa hace unas tres semanas parecía transpirar esa idea que parecía descabellada en ese momento. La evolución de las reservas, del tipo de cambio blue y de la recesión, probablemente, marquen el ritmo de la música alrededor de la cual se bailará este baile en el que nos hemos metido.