“Ley de Fármacos”: pierden los consumidores, gana el lobby

La Cámara de Diputados aprobó solo parcialmente la controversial “Ley Nacional de Fármacos y Bioequivalencia”. Entre los puntos que fueron rechazados —quizás uno de los más relevantes del proyecto— está el de la venta de medicamentos sin receta (OTC) en comercios que no fueran farmacias, como supermercados, almacenes y minimarkets. Gran error, considerando los beneficios que esta medida habría significado para los consumidores, en particular para aquellos de menos recursos.

Según un estudio elaborado por Horizontal, esta ley habría generado un ahorro importante para el bolsillo de la población: US$ 50 millones al año en un escenario conservador y US$ 180 millones en un escenario optimista, producto de la caída en los precios de los medicamentos generado por una mayor competencia en el sector.

La importancia de este proyecto radicaba precisamente en ese aspecto. Hoy las familias del primer quintil destinan un 70 % de su gasto en salud en medicamentos. Con esta ley, la disminución en el gasto por ese concepto habría sido de entre un 8 % y 30 % aproximadamente, por la vía de inyectar más competencia en un mercado bastante cuestionado desde la ratificación del fallo que declaró culpables de colusión de precios —en, al menos, 206 medicamentos, entre diciembre de 2007 y abril de 2008— a las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Fasa.

El cambio propuesto en la normativa permitía terminar con el monopolio de las grandes farmacias respecto a los medicamentos de venta libre —actualmente las tres principales cadenas concentran cerca del 95 % de las ventas totales de medicamentos— al ser comercializados en otros establecimientos autorizados. Por otra parte, el proyecto consideraba que éstos estuvieran disponibles en repisas, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos para el acceso directo al público, lo que habría permitido comparar precios sin la necesidad de contar con un intermediario que altere la intención de compra. A eso se suma el aumento en la cobertura. A modo de ejemplo, los vecinos de la comuna de Lago Verde, en la XI Región, ya no tendrían que viajar 300 kilómetros hasta Aysén para comprar un paracetamol.

La ley que se aprobó, en cambio, permitirá que los OTC estén disponibles en góndolas y anaqueles, pero solamente al interior de las farmacias. ¿Se elimina con esto la intermediación de terceros en la decisión de compra? No realmente: seguirá a discreción de las farmacias determinar cuáles medicamentos estarán al alcance de los clientes en las repisas. Además, al cambiar el formato de venta pero manteniendo al mismo distribuidor, tampoco cabe esperar una baja significativa de  precios. En cuanto al acceso, si bien se rechazó la venta de remedios en comercios alternativos, sí se podrán vender en consultorios.

Otro aspecto fundamental de esta iniciativa guardaba relación con la certificación de la bioequivalencia y la obligatoriedad de las farmacias de tener disponible para los consumidores los medicamentos bioequivalentes existentes, los cuales son igual de eficaces que aquellos de marca, pero a un costo mucho menor. De hecho, según un estudio realizado por el Sernac en el área metropolitana, durante el mes de marzo, actualmente la presencia de medicamentos bioequivalentes en el mercado farmacéutico es baja, puesto que su disponibilidad en el comercio habilitado para su venta no supera el 29 % del total de bioequivalentes certificados por el Instituto de Salud Pública. Un dato importante, siendo que la diferencia de precios de estos productos respecto a sus referentes de marca puede alcanzar hasta un 3.444 %.

El fraccionamiento es otra iniciativa positiva que sí fue aprobada. Ahora será posible ajustar la venta de medicamentos a la dosis individual exacta requerida por el médico para cada paciente, evitando de esta forma el sobreconsumo que se produce actualmente debido a la ingesta de los excedentes sobrantes en cada compra.

No obstante, deja un sabor amargo el hecho de que esta ley no obligue a los médicos a recetar los medicamentos por su nombre genérico. Éstos podrán seguir prescribiendo remedios de marca y será responsabilidad del cliente solicitar aquellos bioequivalentes.

La aprobación “a medias” de este proyecto de ley es un duro golpe a la competencia. Pero, sobre todo, un duro golpe a la gente. Los consumidores deberán seguir adquiriendo medicamentos caros, siempre y cuando puedan hacerlo y, siempre y cuando, haya una farmacia o consultorio cerca.

Una de las cosas que más sorprende es que, el mismo día de la votación, haya habido asociaciones de consumidores manifestándose contra la moción legal. Vaya coincidencia: la coartada perfecta para que los parlamentarios pudieran votarla en contra. Lo anterior da para cuestionarse sobre la representatividad de dichas asociaciones y, en la caso extremo, para alarmarse por el omnipresente nivel de redes que puede llegar a tener el lobby.