Justicia Legítima

Imagínense un mundo sin un poder judicial independiente que tutele los actos del gobierno. Tal como escribiera Montesquieu en el año 1748  “… la libertad no puede estar segura donde no hay separación de poderes, aun en una república”.

El paquete de seis leyes de “democratización de la justicia” impulsado por nuestro gobierno limita significativamente la independencia del poder judicial. La nueva ley prácticamente le da a la primera minoría electoral (el partido que saca más votos en la elección del Consejo de la Magistratura) la mayoría de los votos  necesarios para nombrar o remover a un juez (ver la aritmética aquí).  Es decir, a partir de la sanción de la ley, si esta no es bloqueada por las cortes, los jueces, serán empleados del partido mayoritario, es decir, del poder ejecutivo. Es más, es improbable que futuros gobiernos elegidos por mayorías tengan la voluntad política de “des-democratizar” la justicia y renunciar a este poder. Esta reforma está para quedarse. 

¿Cómo podría ser este mundo?  Veamos unos ejemplos.  Un periodista o una bloguera escribe una nota contraria al gobierno electo. El mismo puede decir que esta persona evade impuestos y confiscarle su casa. La persona recurre a la justicia y demuestra que eso no es cierto, pero eso no importa porque el juez de turno convalida la opinión del gobierno para conservar su empleo. Si este no lo hace, el gobierno lo echa y busca una nueva persona para ocupar el juzgado en cuestión que entienda “cómo funcionan las cosas”.  El gobierno también podría haber acusado a esta persona de cualquier crimen y privarla de su libertad.  Es claro que sin independencia de poderes, especialmente del poder judicial, no hay libertad.

Sin independencia de poderes tampoco hay desarrollo económico. Imagínense ahora que una persona ligada al liderazgo de la mayoría electoral desea tomar el control de una empresa. Se aproxima a los controlantes de la empresa y les sugiere vender el paquete accionario a un precio arbitrariamente bajo. En la conversación queda entendido que si no lo hacen pueden ser acusados de un crimen o que su familia va a sufrir un daño físico. Al no haber un poder judicial independiente que vele por el derecho de propiedad de las controlantes de la empresa, los mismos están indefensos ante el abuso de poder de la mayoría. En este contexto, es muy difícil pensar en la acumulación de capital para el desarrollo económico.

Esta reforma de la justicia es tan contraria a la letra y el espíritu de la constitución nacional que uno naturalmente se pregunta por qué el gobierno se molestó en enviarla al congreso y promulgarla. En un país en el que prevalece el estado de derecho no debería haber ningún tipo de incertidumbre acerca del hecho que la corte suprema de justicia declararía que los artículos de estas leyes que eliminan la independencia del poder judicial son inconstitucionales. Esta certidumbre jurídica haría que el gobierno no se moleste en promulgar leyes que sabe que van a ser declaradas inconstitucionales. Desafortunadamente una gran parte de la comunidad jurídica y el mismo gobierno piensan que esta certeza jurídica acerca del proceder de la corte suprema no existe.

Como economista uno no puede resistir la tentación de mirar los incentivos de los jueces. La gran mayoría de los jueces son personas que han dedicado su vida a la justicia. Los menos, utilizan la independencia del poder judicial para fines ilícitos como cambiar sentencias por dinero. En ambos casos es de esperar que defiendan con fuerza su independencia. Esperemos que así sea.