Lucro en Educación Superior

Los estudiantes sacaron la educación superior al pizarrón y en muchos aspectos sus críticas son muy acertadas: abandono de las universidades estatales, demasiada carga familia en el financiamiento de la educación, serios problemas de calidad y un sistema de acreditación sobrepasado, entre otras cosas.

El Presidente finalmente anuncio un paquete de medidas para llegar a un gran acuerdo nacional de educación (GANE). Este sería el segundo de su gobierno. Las medidas anunciadas tienen los siguiente objetivos: (1) mejor el acceso a la educación superior, (2) mejorar la calidad, (3) mejorar el financiamiento. Es muy difícil no estar de acuerdo con estos objetivos. Las diferencias se producen en cómo alcanzarlos.

Para mejorar el acceso y financiamiento, el gobierno anunció un aumento importante de becas y créditos. Sin embargo, estas medidas no atacan el problema de fondo. Hoy el estado financia vía becas y créditos para el pago del arancel de la educación superior hasta un monto de referencia. Las universidades, institutos profesionales y centro de formación técnica pueden fijar el arancel que cobran libremente. Esto significa que, en muchas situaciones, los recursos que entrega el estado no son suficientes para financiar la carrera. Es decir, el arancel de la institución es superior al de referencia. Si el estado anuncia aumentos del valor de la beca, y mejores créditos, las instituciones de educación superior tienen incentivos para aumentar aún más los aranceles. Es ahí donde el lucro juega un rol. Es cosa de mirar la diferencia entre el arancel de referencia y el de las instituciones para  darse cuenta donde está el lucro. Por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo, específicamente en la carrera de medicina, esa diferencia es de casi 3 millones de pesos (5,7 millones versus 2,9 millones).

Por otra parte, hoy existen dos sistemas de crédito. Para los estudiantes de las universidades estatales el Fondo Solidario (FS), y el Crédito con Aval del Estado (CAE) para todo el resto que estudie en una institución acreditada. Estos sistemas tienen dos grandes diferencias: la tasa de interés (2% para FS versus 6% para CAE) y monto a pagar después de estudiar. En el CAE es una cuota fija, independiente del ingreso, mientras que en el Fondo Solidario depende del sueldo.

Para no aumentar las desigualdades, todos los estudiantes deberían tener acceso al mismo sistema de crédito. Sin embargo, este no se propuso. Una alternativa es la siguiente: para todos los estudiantes del 60-80% más vulnerable, un crédito con aval del estado contingente al ingreso, como existe en Inglaterra y Australia. El estado financia el 100% del arancel y después le cobra a la persona cuando trabaje un monto que depende de su ingreso. En este escenario la demanda por educación superior se hace insensible al precio que cobran las instituciones, lo que hace necesario regularlo, de lo contrario éstas va a subir aún más sus precios.

Para mejorar la calidad, las medidas anunciadas fueron muy poco concretas, por lo que habrá que esperar para conocer los proyectos de ley y las medidas administrativas para dar una opinión más precisa. Sin embargo, se puede decir que el sistema de acreditación, que tiene apenas cinco años de vida, necesita un perfeccionamiento urgente. La acreditación es importante para las instituciones, porque le permite a los alumnos que estudian en ella acceder al CAE. La debilidad del sistema radica en que la acreditación está basada en función de variables que caracterizan los insumos para educar. Pero no considera criterios basados en los resultados de su educación, como la deserción o la inserción laboral. Es razonable que el Estado exija resultados si una buena parte de los recursos son públicos.

Esto nos lleva a otro de los anuncios presidenciales. Un nuevo sistema de información, donde el alumno pueda encontrar datos académicos y financieros de la institución, además de información laboral de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones. Esta modificación es urgente, porque el actual sistema está generando demasiadas expectativas. El sitio www.futurolaboral.cl publica información de sueldos promedios y empleabilidad de los titulados de una gran cantidad de carreras de toda la industria, pero no lo hace por institución. Aunque no conocemos las diferencias según ese criterio, me imagino que no son menores. No es lo mismo estudiar en la Universidad de Chile que en la Universidad de las Américas, Santo Tomas u otra institución.

Por otra parte, el ministerio no publica con el mismo detalle la deserción de los alumnos de las carreras por instituciones para cada generación. No es lo mismo para una persona ganar un sueldo de 600 mil pesos al egresar, si éste demora 10 o 5 años. De acuerdo a datos del Mineduc, la tasa de retención de las carreras universitarias al cabo de seis años es 51%, en carreras IP de cuatro años es de 36 por ciento y en carreras técnicas de tres años es de 48%. ¿Cuál es el sueldo de todos ellos? No lo sabemos, y es necesario para que, cuando las personas decidan qué y donde estudiar, tenga esta información presente.

El presidente anunció que estas y otras medidas serían financiadas por un Fondo de Educación (FE) de US$4.000 millones. ¿Son recursos anuales o de aquí hasta el 2018? Cuando se anuncia una suma de esta envergadura, lo mínimo que se puede exigir es un detalle respecto al horizonte en el cual se piensa gastar la plata, de lo contrario se generan demasiadas expectativas.

El mercado de la Educación Superior chilena tiene dos características:  hay importantes asimetrías de información, es decir, el dueño de la institución sabe más de la calidad de la educación que el joven que va estudiar en ella y, dado que es un mercado que tiene varias instituciones relativamente nuevas, la calidad para muchas está aún por definirse.  Bajo estas condiciones, y dado que hay una demanda gigantesca a estudiar en la educación superior, el dueño de la institución puede fijar un precio alto, más alto porque hay menos competencia. Como el precio es mayor, mayores son las utilidades. Por otra parte, uno de los problemas de que las instituciones no transparenten sus utilidades es que no da claras señales al mercado para que entren nuevos actores. Es muy difícil que en estas circunstancias el “modelo” funcione. Por otra parte, es distinto fijar el arancel de referencia y el valor de las becas si se saben las utilidades de las instituciones. Imagínense fijar el precio de las empresas reguladas sin conocer sus utilidades.

Los alumnos pusieron el tema del lucro como “la” bandera de lucha. Esta estrategia no sorprende, si tomamos los elementos mencionados y si, además, consideramos que el Ministro Lavín fue dueño de una universidad privada, donde los demás socios no son precisamente filántropos. Los estudiantes tienen razón, hay que abordar el tema del lucro en este mercado, sobre todo por los incentivos que genera la regulación del Estado.