La discusión sobre pensiones toca fibras muy sensibles. Y con razón, si para la gran mayoría de las personas estas representan la única fuente de ingreso en sus últimos años de vida. Y como va la cosa, esos últimos años serán largos.
Esta sensibilidad hace que la creatividad brote a raudales, muchas veces con malas soluciones para buenas intenciones. Por ello, es sumamente necesario separar la paja del trigo. Si lo que se quiere es aumentar las pensiones, se necesita más ahorro y más solidaridad. Al final del día, este no es un debate de capitalización individual versus solidaridad; es un debate entre pensiones, educación y salud. Veamos por qué.
El esquema actual se basa en el ahorro de los trabajadores en cuentas personales, y en subsidios a aquellos cuyo esfuerzo de ahorro resulta insuficiente. Ambos componentes son positivos y fundamentales, y ambos necesitan mejoras. Se requiere más ahorro individual, más intenso y de más personas, porque vivimos más y las rentabilidades han caído. Es indispensable hacer que la gente cotice. Y también se necesita más solidaridad, ya que muchas personas tienen pensiones demasiado bajas. ¿Pueden mejorar ambos conjuntamente? Sí; la solidaridad y la capitalización individual no son excluyentes.
La pregunta relevante es cómo se financia la solidaridad. Financiarla con impuestos generales tiene muchas ventajas sobre el reparto. Por de pronto, el alza de impuestos detrás del reparto impone todo el costo en los trabajadores formales, afectando más el mercado laboral. Además, el reparto siempre nace financiado y termina desfinanciado. Aunque el Excel diga lo contrario, el envejecimiento de la población hace insostenible el sistema, lo que finalmente presiona la deuda fiscal.
Pero hay un tercer argumento para no abrir la puerta al reparto. Financiar la solidaridad con impuestos generales es mucho más transparente, ya que separa las fuentes de ingreso de sus usos, obligando a priorizar los gastos de cara a la ciudadanía. Los recursos fiscales son escasos, y siempre lo serán. Por ello, el proyecto del Gobierno exige preguntarse cuánta plata hay y en qué la gastamos. La piedra en el zapato en esta discusión no es tanto si existe o no espacio para gastar 3.500 millones de dólares adicionales en 2030. Cálculos razonables sugieren que eso existe. La verdadera dificultad está en decidir en qué gastamos: pensiones solidarias, educación, niñez, salud, carreteras o sueldos del sector público.
El camino fácil es pretender que se puede eludir la elección. Ello se logra declarándose contrario al reparto, pero sugiriendo financiar el Pilar Solidario con las cotizaciones. ¡Eso es el reparto! Esta posición es engañosa, ya que aparenta responsabilidad fiscal, pero simplemente posterga -y agranda- el problema.
