Las consecuencias inesperadas de la paz: el caso del asesinato de líderes sociales en Colombia

Por Juan F. Vargas (@juanf_vargas)

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC a finales de 2016 es, posiblemente, el hecho político más importante en la historia reciente de un país que sufrió más de cinco décadas de conflicto armado interno.

Sin embargo, en los últimos años el país también ha sido testigo de un incremento sin precedentes en el asesinato de líderes sociales, opacando así la euforia generada por el final del conflicto armado con las FARC, y la transición de esta organización al debate político.

Entre enero de 2009 y junio de 2017 más de 500 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, y está práctica macabra parece haber experimentado una aceleración desde principios de 2015, justo después de que, en el marco de las negociaciones de paz, las FARC anunció un cese al fuego permanente el 20 de diciembre de 2014 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución del asesinato de líderes sociales y de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC

Fuente: ONG Somos Defensores

Las causas del asesinato de líderes sociales han sido ampliamente debatidas por analistas y periodistas locales, así como por numerosas ONGs de Derechos Humanos. Hasta hace poco, la posición oficial del gobierno fue la de refutar que hubiese algún tipo de sistematicidad en los asesinatos de líderes al punto que, en diciembre de 2017 el ministro de defensa declaró que las bajas se trataban de conflictos por linderos y “líos de faldas”.[1]

Las hipótesis más frecuentes en los medios colombianos sugieren que el asesinato de líderes tiene que ver, entre otras causas, con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con la presencia de extracción minera (sobretodo ilegal), con las solicitudes de restitución de tierras por parte de hogares que fueron despojados de forma ilegal durante el conflicto, y con la expectativa generada por la Circunscripción Especial para la Paz (CEP).[2]

En un trabajo de investigación reciente, desarrollado en conjunto con Mounu Prem, y Andrés Rivera de la Universidad del Rosario, y con Darío Romero de la Universidad de Columbia, estudiamos este tema, fundamental para la consolidación de la paz en Colombia. Para ello utilizamos la base de datos sobre asesinatos de líderes sociales que consolida, con base en distintas fuentes, la ONG de Derechos Humanos Somos Defensores.

Las hipótesis planteadas arriba tienen poco respaldo empírico. Aunque esto no descarta que la ocurrencia de algunos asesinatos, en zonas específicas y durante periodos de tiempo determinados, no responda a esos incentivos, no parece haber evidencia empírica sistemática en favor de esas teorías.

En cambio, nuestro trabajo muestra que existe una relación fuerte y muy robusta entre el vacío del poder que en ciertos territorios implicó el cese al fuego permanente de las FARC, el interés de otros grupos armados ilegales (como el ELN y bandas criminales) en el control de estos territorios estratégicos, y el asesinato de líderes sociales. En particular, con base en un modelo de triples diferencias, nuestro trabajo muestra que el asesinato de líderes es diferencialmente mayor a partir del cese al fuego, en zonas tradicionalmente controladas por las FARC, y donde otros grupos manifiestan interés mediante actividad violenta.

El gráfico 2 resume de forma elocuente tanto la metodología como los resultados principales del trabajo mencionado. A partir del cese al fuego permanente (línea vertical) el número de líderes asesinados permanece constante en municipios tradicionalmente controlados por las FARC y donde no hay ninguna iniciativa violenta de otros grupos armados en los años anteriores (desde el comienzo de las negociaciones de paz a finales de 2012), pero aumenta de forma acelerada en los municipios tradicionalmente controlados por las FARC y donde al menos otro grupo armado incursionó de forma violenta en años recientes.

Gráfico 2. Asesinato de líderes sociales de acuerdo con el balance de poderes

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de Somos Defensores y la base de datos de conflicto armado de la Universidad del Rosario.

Estos resultados son consistentes con la idea de que el control territorial se ve facilitado por la dificultad de la población civil de movilizarse de forma colectiva. Por la incapacidad de las FARC de oponerse de forma violenta, el cese al fuego permanente facilitó la llegada de otros actores armados ilegales a territorios tradicionalmente dominados por este grupo. Al asesinar líderes sociales locales, los grupos armados reducen la capacidad de acción colectiva de las comunidades, y aumentan su capacidad de ejercer control localmente.

Consistente con esta interpretación, el trabajo muestra que los patrones observados sobre el asesinato de líderes sociales no responden a la evolución de la tasa de homicidios general y se exacerba en lugares en los que los retornos al control territorial son más altos (por ejemplo, donde hay más reclamos de restitución de tierras y menor capacidad estatal). Aunque el trabajo no pretende explicar la totalidad del asesinato de líderes sociales, los resultados llaman la atención sobre la incapacidad del gobierno de ejercer el monopolio de la fuerza y la presencia institucional en lugares tradicionalmente dominados por grupos armados (un problema grueso, que mencioné anteriormente en este mismo blog).

 

 

[1] Ver: https://www.elespectador.com/noticias/politica/asesinatos-de-lideres-son-por-lios-de-faldas-ministro-de-defensa-articulo-728893.

[2] La CEP fue establecida en el acuerdo de paz para fortalecer la representación en el Congreso de comunidades afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Congreso colombiano hace pocos meses.