Ni grande ni pequeña

La investigación “Lava Jato”, la operación más grande contra la corrupción política en Brasil, destapó una red fraudulenta en torno a la petrolera semiestatal Petrobras en la que participaban decenas de políticos, funcionarios y empresarios. Una de las principales empresas implicadas en dicha investigación es la constructora Odebrecht, que se  declaró culpable ante la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, pues utilizó sus sistemas bancarios para transferir pagos ilegales.

Lo que este caso nos reveló, además de las grotescas cifras de dinero público desperdiciado, es la forma extendida de hacer negocios —a nivel internacional— pagando sobornos.

Esta gran corrupción suele ser visible para el ciudadano común, sea porque es testigo de cómo el dinero público no se emplea para el bienestar común o porque es denunciada por los medios de comunicación. Pero aquella microcorrupción del día a día, tan extendida en todos los estamentos de la sociedad y en la que intervienen ciudadanos de a pie y funcionarios de rangos bajos o intermedios, es igual de corrosiva. Puede no tener un gran impacto de manera aislada, pero sí de manera agregada.

Desde el Estado, la normalización de la microcorrupción se ve, por ejemplo, cuando un presupuesto designado para un objetivo se usa para otro. Lo triste es que esta práctica no solo es absolutamente común, sino es hasta necesaria para resolver problemas, pese a que constituye malversación de fondos.

Este tipo de acciones pasan desapercibidas porque falta aplicar acciones de monitoreo y seguimiento adecuadas que permitan detectarla. En el sector salud, el monitoreo de los resultados sanitarios, especialmente de los programas presupuestales como los relacionados a la nutrición, la salud materna, la diminución de la tuberculosis, entre otros, se hace principalmente mediante encuestas nacionales cuyos resultados se publican un año después. Eso no es hacer un seguimiento efectivo; eso en el fondo es realizar una autopsia.

El monitoreo de la ejecución financiera y la producción física es más increíble aún. Si bien este incluye al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), sus resultados no están vinculados a los procesos y resultados sanitarios, con lo que el sector salud carece de un sistema de información integral decente.

Implementar mecanismos más efectivos y ágiles es muy posible, sobre todo si aprovechamos avances recientes en informática y comunicaciones. Por ejemplo, una iniciativa interesante, aunque todavía aislada, que busca mejorar la  transparencia de las compras del Ministerio de Salud es el portal de “Gestión de Abastecimiento de los Recursos Estratégicos de Suministro Centralizado“. Busca ser una herramienta que, al monitorear la distribución de suministros del nivel nacional a los establecimientos de salud de todo el país, permita fortalecer la gestión del sector. Si bien está en agenda hacerla amigable e implementar el monitoreo diario de medicamentos en los hospitales públicos, es un buen primer paso.

Más allá de luchar contra la corrupción, el foco debe estar en encontrar mecanismos para evitarla. Cuando el funcionario público y el ciudadano apelan a ella porque es más fácil y rentable que seguir los trámites regulares, vamos perdidos. Es clave fortalecer la simplificación administrativa y la formalización, y acompañarlos de una gestión por procesos transparente y predecible. Estos puntos, aunque muy citados desde el Gobierno peruano en los últimos dos años, siguen sin ser prioridad en la agenda nacional.