Violencia contra la mujer: El caso peruano

 

La violencia contra la mujer es una de los mayores problemas que el Estado Peruano debe enfrentar. Para ello es necesario diseñar e implementar políticas públicas que busquen reducir la incidencia de violencia de género, sancionando efectiva y ejemplarmente a los perpetradores. Es necesario también trabajar directamente con los niños y jóvenes, desde temprana edad y buscar analizar y entender las razones por las cuales, en el caso peruano, la incidencia de violencia es tan alta y la sociedad tan permisiva. La evidencia reciente demuestra, que el enfoque de equidad de género implementado de manera transversal en los servicios de educación, salud, seguridad transporte y acceso a la justicia tiene un impacto positivo.

De acuerdo con la OMS una de cada tres mujeres en el mundo (30%) ha sufrido violencia física y/o sexual de parte de su pareja en algún momento de su vida. En el caso peruano, la incidencia es mayor: de acuerdo con la OMS, 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Más aun, la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales en el Peru ha sido forzada (OMS Estudio Multipaís 2005).

Solo en el 2016, el 68,2% de las mujeres en el Peru sufrieron violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas. El estudio encontró que a nivel nacional el 64.2% de las mujeres declaro haber sufrido violencia psicológica, el 31.7% violencia física y el 6.6% violencia sexual (INEI 2017).

La violencia contra la mujer es transversal, ocurre en todos los estratos sociales, en todas las ciudades del país y en todos los países del mundo. Ello sin importar el nivel de educación de la mujer, su acceso al mercado laboral ni a recursos económicos. La violencia contra la mujer, en todas sus formas, psicológica, física, sexual, financiera y económica es causada por el control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad.

Entre los factores de riesgo de violencia contra la mujer identificados por la OMS se encuentran (i) tener un bajo nivel de instrucción (tanto para los perpetradores como en el caso de las víctimas de violencia); (ii) la exposición al maltrato infantil; (iii) el trastorno de personalidad antisocial (autores); (iv) el uso excesivo del alcohol; (v) el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja; (vi) las actitudes de aceptación de la violencia; (vii) las costumbres que consagran los privilegios sexuales del hombre; (viii) la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual.

En el Peru, el 55% de las mujeres peruanas considera que la violencia física es el principal problema que deben enfrentar, seguido por la violencia psicológica 32%; el embarazo no deseado 31%; el acoso sexual 28% y la violencia sexual 23%. Una de cada dos mujeres siente que las peruanas no están seguras dentro de su propia casa (ENDES 2010).

La violencia contra la mujer tiene un impacto negativo en la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y puede aumentar la vulnerabilidad al VIH. El 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja a nivel global sufrieron alguna lesión como consecuencia de ello (OMS). De acuerdo con el Banco Mundial “Se calcula que en Estados Unidos el costo de salud de las mujeres que sufren abuso físico es un 42 % más alto que el de las mujeres no maltratadas. Un estudio reciente calcula que el costo económico total alcanza al menos (i) al 5 % del producto interno bruto (PIB), más del doble de lo que la mayoría de los Gobiernos gastan en educación primaria.” (Guía VAWG Banco Mundial, 2014). El costo anual de la violencia doméstica en Australia está estimado en US$8.400 millones, mientras que en el Reino Unido se estima en US$42.000 millones. Estas cifras incluyen el impacto que la violencia tiene en los niños. En un estudio en Chile, se encontró que la pérdida de capacidad productiva de las mujeres víctimas de violencia domestica ascendía a US$1.700 millones y en Nicaragua alrededor de US$34 millones. Medir el costo de la violencia contra la mujer no es sencillo, y por ello la diferencia de los resultados. De acuerdo con el Banco Mundial, se calcula que “los costos médicos directos sumados a los perjuicios en materia de productividad oscilan anualmente entre el 1,6% y el 2% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale aproximadamente al promedio del gasto público anual en educación primaria en una serie de países en desarrollo.”

Un ejercicio similar se realizó en Vietnam, donde ONU Mujeres encontró que la pérdida de ingresos y los gastos extras de una mujer víctima de violencia domestica (Tratamiento médico, policial, asesoría jurídica y trámites judiciales), y la cuantificación de la escolaridad perdida, sufrida por lo niños cuyas madres sufren la violencia es aproximadamente el 1,4% del PIB de este país. (Banco Mundial 2013 http://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2013/03/07/putting-a-price-on-violence-against-women-and-girls)

El Informe del Banco Mundial 2012 sobre Género y Desarrollo reconoce que si bien ha habido progreso en el acceso de las mujeres a la educación, salud y al mercado laboral, la equidad de género aún está lejos de ser una realidad. En muchas partes del mundo, como en el Perú, las mujeres no tienen las mismas posibilidades de lograr acceder a la justicia que sus pares masculinos. La lenidad con la que la justicia trata la violencia contra la mujer lleva a que cada año ocurran 17,000 casos de violencia sexual, en el 90% de los casos las víctimas son mujeres y en el 70% de los casos se trata adolescentes entre 13 y 17 años. El 42% fue violada en su propia casa. Sin embargo menos del 48% de las sobrevivientes, presenta una denuncia formal. Sea por miedo a represalias, o por vergüenza. El día del censo nacional 2017, una voluntaria de 37 años fue violada sexualmente, por un hombre al que llego a empadronar.

El 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina (OMS). Entre enero de 2009 y julio de 2017 se produjeron en el Peru 1001 casos de feminicidio. El 79.6% de estos casos, el perpetrador del crimen fue la pareja o la ex pareja de la víctima (Informe Fiscalía de la Nación). Solo entre enero y junio del 2017 han ocurrido 59 feminicidios (Ministerio de la Mujer)

Pese a toda la evidencia que muestra la situación de riesgo y violencia que viven las mujeres en el Perú, existe una marcada oposición al enfoque de equidad de género, promovido y satanizado exitosamente desde el sector conservador de la sociedad peruana, aliado estratégicamente con las Iglesias evangélicas y la Iglesia Católica, que temen que el enfoque de equidad de género lleve a un mayor empoderamiento de la mujer, que identifican como una de las razones de la división de la familia. Una mujer empoderada, tiende a ser meno tolerante a la violencia intrafamiliar. Más aun, se teme que el enfoque de equidad de género logre a una mayor tolerancia de las poblaciones LGTBI.

Es así como la Iglesia Católica a través de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, sostiene que la ideología de género, “presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia, además procura una identidad humana que puede determinarse de forma individual y ser cambiada en el tiempo. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer.”

En ese mismo contexto, el colectivo Padres en Acción interpuso una demanda judicial contra la Resolución Ministerial Nº 281-2016 del Ministerio de Educación que aprobó el Currículo Nacional de Educación Básica Regular para el 2017, el mismo que utiliza un enfoque de equidad de género. De acuerdo con la demanda el uso de la palabra género en el currículo nacional promueve una supuesta ideología de género, “lo que realmente implica el contexto que utiliza la palabra “género”, es hacia lo determinado una nueva visión de la sexualidad, en donde además del género masculino y femenino, se quiere enseñar que hay otros géneros más.”. El Poder Judicial peruano les dio la razón y declaro nula la Resolución Ministerial que aprueba el Currículo Nacional “respecto al Enfoque de Igualdad de Género”.

La violencia contra la mujer es invisibilizada en el Perú, porque la sociedad cree equivocadamente que la violencia de género pertenece al ámbito privado de la familia. Las víctimas de la violencia contra la mujer en el Peru, son responsabilizadas al considerarse que ellas se lo buscaron o porque ellas lo permiten al no dejar al perpetrador, cuando se trata de su pareja. En el 56% de los casos las mujeres toleran la situación de violencia por los hijos, en el 48% por motivos económicos (ENDES 2010).

Solo durante el 2016, se reportaron 3,194 denuncias por violación sexual a niñas y adolescentes. En el Peru, nueve niñas son violadas cada día. El embarazo adolescente es un serio problema de salud pública, donde 14.5% de las niñas y adolescentes (15-19) ya son madres o están embarazadas.  A nivel mundial cada año 2 millones de niñas entre 10 y 14 años dan a luz. En el caso peruano cada día, 4 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Solo en el 2015, 1,538 niñas de entre 11 y 14 años tuvieron un hijo y 3,950 de 15 años. En el 71% de los casos, las parejas de las niñas madres son hombres mayores de 18 años.

6 de cada 10 niñas peruanas no terminan el colegio. En la mayoría de los casos como resultado de un embarazo temprano. Ello limita su acceso a la educación, a un trabajo formal y sus posibilidades de escapar de la pobreza. Es además un problema de salud pública ya que una adolescente no está físicamente preparada para enfrentar el embarazo y parto, por ello la mortalidad materna en adolescentes es mucho más alta que en cualquier otro grupo etario. Solo en el 2015, 29,000 niñas hicieron abandono escolar (ENDES).

La evidencia demuestra que el retraso del primer embarazo está asociado con una mejora en la salud de las mujeres, disminución de la mortalidad materna e infantil, más años de escolaridad y educación de las mujeres así como de oportunidades laborales y mejoras en la educación, nutrición y salud de sus hijos. Además, existe correlación entre la reducción de la fertilidad y la mejora de las condiciones socioeconómicas de la familia. Para reducir la pobreza, se necesita que las mujeres y sobre todo las adolescentes tengan la posibilidad de controlar su fertilidad.

La sociedad peruana es marcadamente machista y responsabiliza a la mujer por lo que le sucede. Así, el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre.

En el Peru, la participación política de la mujer es aun limitada. Así, de 24 gobernadores regionales solo 1 es mujer, de 194 municipalidades provinciales, solo 6 son lideradas por mujeres. Solo 1 de cada 4 congresistas es mujer, y difícilmente están capacitadas en temas de género. Las mujeres en el Peru son 1 de cada 2 estudiantes universitarios, 1 de cada 3 empleados en el sector privado, 1 de cada 4 gerentes en el sector privado, 1 de cada 5 expertos en medios de comunicación y 1 de cada 10 miembros de directorios. Más aun, a pesar del crecimiento de la economía y los salarios, por cada hora trabajada una mujer recibe en promedio 40% menos que un hombre con las mismas características (Ñopo, 2016).

Para lograr reducir la incidencia de violencia contra la mujer, necesitamos lograr empoderarlas, implementar programas de educación, una campaña de cambio de comportamiento con tolerancia cero a los casos de violencia y lograr que los niños, adolescentes y hombres peruanos sean aliados en la lucha contra la violencia de género.  El Ministerio de la Mujer tiene un rol importantísimo, pero sería más importante aún si lográramos que en todos los ministerios y entidades públicas se utilizara un enfoque de género transversal.