Bonito, democrático, y sabio

 

Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)

El 26 de marzo los habitantes de Cajamarca, una población colombiana de unos 20.000 habitantes, acudieron a las urnas para decidir si permitían las actividades mineras en su territorio. Su decisión fue un rotundo No que venció al Sí con más del 98% de los votos, y superó el umbral de participación a pesar de la lluvia.  Las reacciones no tardaron. De todo se ha dicho: esto debilita las instituciones, espanta la inversión extranjera, sustituye la minería legal y responsable por la ilegal y destructiva, impone un costo para el país en su conjunto por beneficiar a una población particular, al hacerlo pone en entredicho la república unitaria, conduce a falsos dilemas, pone en riesgo la financiación del post conflicto…

En fin, ¡error garrafal! Un panelista adscrito a la visión apocalíptica afirmaba en el programa radial Hora 20 que todo esto es “muy bonito y muy democrático” pero con efectos devastadores sobre la economía. El tono no podría ser más representativo de la condescendencia intelectual con que miramos desde el centro de Colombia la realidad de las regiones. Pero estos temores son, en el mejor de los casos, exagerados. Más aún, si se aprovecha la oportunidad, el efecto para el país puede ser exactamente el contrario del que se aduce.

Eso de que los cajamarcunos evitaron, o nos quitaron a los demás colombianos, el enorme beneficio de la explotación de oro en su territorio debe verse con considerable escepticismo. La literatura sobre el impacto en el desarrollo económico, político y social de la explotación de los recursos naturales aporta evidencia abundante sobre efectos agregados negativos en países con instituciones débiles. Los efectos locales tampoco son alentadores, con resultados ambiguos para las comunidades en estándares de vida, y efectos nocivos sobre la gobernanza y la corrupción. Para dar solo dos ejemplos en Colombia, el famoso trabajo de Dube y Vargas muestra que los choques de ingresos por recursos naturales exacerban la violencia, y el de Luis R. Martínez muestra que los efectos sobre provisión de bienes públicos e indicadores sociales son modestos o nulos, menores que los impactos de la generación de ingresos tributarios propios, y nocivos para la gobernanza y rendición de cuentas. Así que no es claro que los cajamarcunos ganen apostándole a la minería, y ni siquiera es claro que si ellos la toleran en su territorio pagando un costo local los demás colombianos nos beneficiemos para una ganancia neta.

Se dice también que esto establece un pésimo precedente que debilita nuestras instituciones, y espanta la inversión extranjera que ya no puede confiar en la seriedad de nuestros compromisos. Esta crítica vale la pena desmenuzarla. Para ello empecemos por entender qué significa tener buenas instituciones, lo que a su vez servirá para identificar la verdadera raíz del problema. Por supuesto que buenas instituciones es contar con un marco regulatorio serio, con reglas de juego estables, que cambian solo con procedimientos establecidos y no arbitrarios, y que dan seguridad y estabilidad a los agentes económicos así como confianza para tomar decisiones y celebrar contratos. Pero buenas instituciones no es garantizarle esto a unas cuantas élites económicas y políticas poderosas, sino hacerlo para un corte transversal amplio de la sociedad, con garantías y pesos y contrapesos que facilitan una distribución razonable del poder. Es la diferencia entre una sociedad democrática y una oligárquica.

En materia de minería, Colombia parece haber tratado a unos cuantos poderosos con inmensos favores. La feria de títulos mineros disponibles con poco más que la cédula de ciudadanía es tal, que se compran no sólo para explotar sino para especular, vendiéndolos más tarde en el mercado secundario con enormes ganancias. Y para el que explota, las gabelas tributarias son tantas que según algunos cálculos superan lo que estas empresas pagan por impuesto de renta.  No solo esto, sino que cuando se trata de conceder licencias ambientales, la seriedad del asunto está en entredicho. Nada menos que el primer permiso para el controvertido fracking (cuyos efectos ambientales tan negativos y aún no del todo comprendidos han llevado a algunos países ha prohibirlo de tajo) lo otorgó Colombia por debajo de la mesa en un verdadero truco de magia.

De acá se desprenden varias lecciones.

Primero, las instituciones colombianas en materia de explotación de recursos naturales no son fuertes. Por lo tanto, consistente con la evidencia antes citada, no sorprende que en nuestro país la minería no sea una bendición sino una maldición para la sociedad. Bendición, eso sí, para las empresas mineras que ahora reclaman por la decisión en Cajamarca. Porque no pequemos de ingenuos, a las empresas también les puede convenir trabajar en un entorno institucional débil para sacar provecho: que se respeten los derechos, pero los de ellos. Más aún, no hay beneficios solo a partir de la explotación, sino que ahora hay un rentable negocio de demandas contra gobiernos que tomen medidas que afecten a las compañías, y hasta de apuestas sobre los resultados de estos litigios, como ya ha sucedido en Colombia.

Segundo, a quienes les preocupa la reacción de la inversión extranjera pletórica de títulos mineros, espantada por este revés en sus intenciones, habría que decirles varias cosas. En Cajamarca la empresa AngloGold Ashanti no tiene otra cosa que un título para exploración, que da una mera expectativa sobre explotación, pendiente aún de asuntos como el visto bueno ambiental. No se pone entonces en juego la seguridad jurídica. El panelista ya citado a quien la consulta le pareció “bonita” afirmó lo contrario, pero nunca lo sustentó por tratarse de un asunto “técnico jurídico que si quiere me meto, pero aburro a la audiencia”  (oír debate en minuto 11). De nuevo, un argumento de autoridad mezclado con condescendencia. Pero, aún si en gracia de discusión Colombia termina perdiendo un pleito e indemnizando a la empresa por las inversiones incurridas, ¿a quién debemos culpar?  Este recuento sugiere que la pepa del problema no está en la decisión de Cajamarca. La raíz está en la feria en la entrega de títulos y la debilidad institucional frente al poder de las empresas mineras.

Tercero, y quizás lo más importante, el resultado en Cajamarca no debilita nuestras instituciones. Todo lo contrario: ¡las fortalece! Dice con claridad que para explotar los recursos naturales más vale que sean bien palpables los beneficios para el país y las comunidades afectadas. Rescata las voces de los colombianos. Se abre entonces la oportunidad de tener una minería que sea una bendición. Se ha dicho que esta consulta puede tener un efecto de bola de nieve. Bienvenida, pues puede conducir a esta transformación. No se trata de ir al extremo de prohibir toda forma de minería (aunque bien podríamos renunciar a las más nocivas, como el fracking o la minería a cielo abierto tal como se pretendía en Cajamarca). Se trata, más bien, de asegurar que si vamos a usar estos recursos no renovables los sembremos en desarrollo, en lugar de regalarlos en gabelas excesivas. Sobre todo en Colombia, un país que en el mejor de los casos es clase media en minería, pero es súper potencia en biodiversidad. Si vamos a tocar con minería nuestro medio ambiente que no tiene comparación en el mundo, más vale que el efecto neto sea sin ambigüedad positivo. El resultado en Cajamarca abre una oportunidad.

Cuarto, quienes están preocupados porque se derrumbarán los ingresos por extracción minera en Colombia y no podremos financiar el posconflicto exageran y olvidan. Exageran la estampida de inversión minera como resultado de esta decisión, así como los ingresos efectivos que nos deja la minería. Y olvidan que en Colombia la minería puede ser más bien fuente de tensión y conflicto si no se hace bien (recuerden a Dube y Vargas), y que la paz en los territorios solo se hace con las comunidades.

Mi colega Marc Hofstetter agregó algunos elementos al debate. Para él, la pregunta de la consulta estuvo mal hecha porque ofreció en Cajamarca una fórmula que es imposible para el país como un todo (renunciar a toda forma minería), y lo hizo sin obligar a Cajamarca a internalizar el costo de la decisión (renunciar a toda transferencia por concepto de minería). Puede ser que la pregunta deba afinarse en estos dos sentidos. Pero en Cajamarca se sabía qué proyecto concretamente estaban frenando (la minería a cielo abierto de una empresa con un dudoso, por decir lo menos, record ambiental y social). Y aunque nunca lo podremos saber, apuesto que el resultado habría sido similar aún eliminando cualquier transferencia por regalías.

Más interesante, dice Marc que si esto debilita la minería legal estaremos condenados a la minería ilegal: “la competencia de la minería ilegal es la legal”. En Cajamarca, esto no es cierto. Una operación a cielo abierto del calibre requerido no la podría hacer un ilegal sin ser detectado. Se debe admitir, sin embargo, que el punto puede ser válido en otros contextos. Pero también es preciso reconocer que la relación entre minería ilegal y legal no es únicamente de sustitución. También pueden ser complementarias, con la minería ilegal nutriéndose de la legal para operaciones de blanqueo de los ingresos generados. Entre otras cosas, que incluyen denuncias de arreglos ilegales con paramilitares y despojadores de tierras de estas empresas “legales” (la AngloGold incluida). Admitiendo entonces el riesgo, dejemos la ingenuidad sobre la pulcritud absoluta de la minería legal y su capacidad de desplazar a la ilegal.

Existen, por supuesto, otros riesgos. Por ejemplo, que a las consultas populares en el ámbito local las permee la lógica clientelista de la política en Colombia, y a cambio de unos regalos, los ciudadanos entreguen su apoyo a las actividades de las mineras (o a sus detractores). Entonces, más que establecer una institucionalidad robusta que conduzca a un desarrollo efectivo con las inversiones mineras, asistiríamos a otro espectáculo más de búsqueda de rentas.

Pero, por lo pronto, este resultado abre muchas más esperanzas que preocupaciones. Como en otras ocasiones, deja además al descubierto las serias limitaciones del análisis condescendiente que se hace desde el centro sobre lo que sucede en el territorio. Lo que hizo Cajamarca no es solo bonito y democrático. También es sabio. Ahora el reto es que el país sepa encausarlo para bien.

 

 

 

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