Humo y secreto

Los paraísos fiscales son conocidos por sus bajas tasas impositivas. Empresas como Apple, General Electric y Google han movido sus utilidades -no sus operaciones- a lugares como Bermudas y Luxemburgo. Estos movimientos suelen cumplir con la letra de la ley; no se trata así de evasión tributaria, sino más bien de elusión.

El atractivo de estos paraísos no está solo en lo tributario; también en que ofrecen un manto de opacidad que permite proteger las inversiones personales de la mirada de terceros. En pocas palabras, ofrecen humo y secreto.

En estos territorios, firmas de abogados y administradoras de fondos facilitan la creación de “sociedades cascarón” ( shellcompanies , en inglés) que se usan como vehículos de inversión, pero que no poseen activos físicos ni emplean trabajadores, y que tampoco generan producción.

Quienes entregan el servicio de creación de estas compañías en paraísos fiscales también ofrecen humo: un velo protector que hace difícil determinar quién es el verdadero dueño.

Para ello, nombran a directores fantasmas (“directores nominados”), quienes aparecen como representantes oficiales, y a “accionistas nominados” que son dueños virtuales -no reales- de la sociedad a través de fideicomisos. Y crean firmas detrás de firmas para hacer más difícil despejar el humo protector.

Al mismo tiempo, quienes proveen estos servicios garantizan el secreto de los bienes, las transferencias de dinero y, por cierto, la identidad de los dueños. Muchas veces ni siquiera indagan sobre el origen de los capitales o realizan auditorías.

El problema de estas estructuras es que suelen estar en un área gris: pueden ser perfectamente legales, pero no necesariamente legítimas, pues resultan particularmente útiles para quien quisiera permanecer escondido de sus obligaciones en los estados donde debiesen quedar cubiertos por la ley.

Por cierto son útiles para quienes trafican armas, drogas o personas, y para quienes reciben pagos ilegales. Pero también para quienes buscan esconder su riqueza de una ex pareja, hijos y, por supuesto, de la administración tributaria de su país de origen. En general, sirven a quien quiera encubrir su identidad e intenciones.

Los paraísos fiscales, con sus impuestos bajos y oferta de humo y secreto, han dado pie a un problema global de elusión tributaria. Erosionan las arcas fiscales y la progresividad de los impuestos al permitir que los súper ricos paguen proporcionalmente menos que quienes no tienen la posibilidad de crear estructuras complejas que evitan el escrutinio público.

También erosionan la confianza ciudadana cuando son las propias autoridades quienes utilizan estos mecanismos. Por ejemplo, David Cameron, entonces Primer Ministro británico, tuvo que publicar su declaración de impuestos una vez que se conoció, en el marco del escándalo de los Panama Papers, que se había beneficiado de las inversiones de su padre en paraísos fiscales.

En el mismo contexto, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, dimitió luego de que se supiera que había sido dueño de una compañía cascarón en las Islas Vírgenes Británicas.

En ninguno de estos dos casos se ha probado que hubo ganancias ilegales. Pero la ciudadanía crecientemente ha dejado de aceptar que sus líderes se muevan por áreas grises y menos aún que generen perjuicios fiscales a sus propios países al evitar cumplir sus obligaciones tributarias con sus conciudadanos.

El Presidente Obama lo explicó claramente hace poco: “Cuando vemos personas, las élites globales, corporaciones de gran riqueza, aparentemente viviendo bajo un conjunto distinto de reglas, eludiendo impuestos, manipulando vacíos legales… se alimenta una profunda sensación de injusticia”.

El G20 y la OCDE han empujado a los paraísos a volverse más transparentes. Los avances son aún insuficientes. Sin registros de quiénes son los verdaderos dueños de estas sociedades y sin un intercambio real de información, seguirá siendo fácil mover riqueza hacia los territorios de trato más favorable.

Por ejemplo, la OCDE ha elevado el estatus de transparencia de lugares como las Islas Vírgenes Británicas porque han aceptado entregar información a petición de los reguladores de otros países. Pero solo se puede pedir datos sobre individuos específicos si además la información es “previsiblemente relevante”. Es decir, la autoridad debe ya conocer de irregularidades cometidas por ellos. No es de extrañar que prácticamente no haya habido pedidos de información bajo estas cláusulas.

Pero las cosas pueden cambiar: una larga lista de países se ha comprometido a realizar intercambios automáticos de información a partir de los años 2017 y 2018, incluyendo a Chile. Será entonces interesante observar cómo reaccionan quienes usan estos paraísos para obtener ventajas y también cuánta riqueza escondida aparece a la luz pública.

4 Comments

  1. El problema de los sistemas impositivos de todos los países no son los paraísos fiscales. El problema es que esos sistemas son “construidos” por políticos nacionales y locales para su propio provecho. Por supuesto, en esa “construcción” ayudan mucho todos aquellos que pasan por “expertos” que a lo largo de los años han ido ayudando a los políticos para su beneficio partidista y personal. El caso de la reforma tributaria de Chile es un monumento a esa colusión entre “expertos” y políticos para esos propósitos y lo más ridículo es que empezó con mucho humo y secreto pero pronto el humo se disipó y dejó en evidencia su intención perversa. Ya dejé comentario al post sobre la reforma tributaria colombiana que se estaría aprobando estos días y en ese comentario hago referencia al papel especial de los economistas.

    Los paraísos fiscales son consecuencia de la persecución por políticos y sus cómplices por “aumentar la recaudación” con las excusas más burdas y que siempre terminan en un despilfarrado grotesco de la recaudación. Sí, contrariamente a lo que los textos de finanzas públicas, todo nuevo impuesto (sea aumentos de tasas, o cambios en las bases) es resultado de una negociación entre políticos con la mira puesta en qué se gastará “oficialmente” porque esa es la excusa para recaudar más, aunque luego una tajada significativa se desvía a otros propósitos. No debe sorprender que haya tan pocas evaluaciones serias de las finanzas públicas lo que requeriría información relevante y fiable que no está disponible.

  2. Recién leo estas líneas

    “One of the basic elements of good politics is some give and take,” Traugott said. “Under some circumstances, she is willing to wait and evaluate different dimensions.”

    en este artículo http://www.foxnews.com/politics/2016/12/14/where-does-warren-stand-liberal-icon-tangling-with-dems-base.html

    Efectivamente, muchos creemos que la esencia de la política —en todos los sistemas de gobierno, no sólo en las democracias constitucionales— es dar y recibir como si los políticos fueran intermediarios entre grupos de personas. Ese “dar y recibir” de los políticos, sin embargo, no es algo que pueda representarse por la Caja de Edgeworth, que supone que las partes llegan a un acuerdo si y solo si actúan voluntariamente. Si hubiera un tercero que intermedia entre las partes, debería ser un gestor voluntariamente designado por las partes y que no puede imponer su solución por la fuerza. Cualquier tercero que pretendiera intermediar para imponer sus condiciones tampoco tiene cabida en nuestra querida Caja, gran herramienta educativa en Econ 101. En las democracias constitucionales suponemos —es decir, queremos pensar— que los políticos actúan como representantes elegidos voluntariamente por los electores, pero los intercambios en que participan una vez en funciones requiere recurrir a la amenaza de la coerción —o sea a la extorsión— con mucha frecuencia para asegurar que una de las partes “da” o “recibe” lo que los políticos decidieron. En otros sistemas políticos la situación es clara porque unos pocos auto-elegidos deciden lo que una parte “da”, lo que otra parte “recibe”, y más importante cuánto es la comisión del intermediario (el caso de Fidel y sus negocios con varios gobiernos africanos es ilustrativo por su claridad: los soldados de Fidel “daban” servicios profesionales a los gobernantes débiles y amenazados por otros matones como ellos y Fidel determinaba cuánto debían pagar y cuánto de ese pago era comisión para él y su círculo íntimo).

    No debe extrañar que si uno acepta esa idea de la política, las políticas públicas de las democracias constitucionales no respondan a ningún criterio racional sino a un conjunto de intercambios cuyo número y naturaleza sólo se puede precisar mucho después de ejecutadas. Eso en el mejor de los casos, porque en realidad nunca se llega a determinar cómo fue que se “cocinó” una determinada política y en qué medida contribuyó a beneficiar a algunos y a perjudicar a muchos. Con mucha investigación criminal sí se podría determinar la comisión que los políticos-intermediarios recibieron, pero esto tampoco ocurre porque los políticos no son tontos y tratan de influir o directamente controlar la investigación criminal. Por todo lo anterior cada vez que un colega economista defiende propuestas específicas de reforma parcial o radical del sistema impositivo o de políticas públicas, me río de su inocencia (en el artículo antes referido se puede leer que la ley que se aprobó tiene casi 900 páginas lo que refleja la gran cantidad de intereses que se han debido tener en cuenta para “cocinar” una ley que sólo gasta unos míseros 6,3 mil millones de dólares).

  3. “G20 y la OCDE han empujado a los paraísos a volverse más transparentes.”

    El G20 son por definición las economías más grandes del mundo. Es decir que los grandes buscan imponer sus normas a los chicos.

    La OCDE eran originalmente países desarrollados con democracias solidas, pero ahora la integran Turquía y México, mientras que China está asociada.

    Más que transparencia, veo juegos de poder.

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