Volviendo a lo básico en la Argentina (y los vicios que se deben eliminar)

FacebookGoogle+TwitterPrintFriendlyEmailWhatsApp

Por Daniel Artana. Publicado el 18/10 en Ámbito Financiero.

Back to the basics” es una frase en inglés que tiene diferentes traducciones posibles, entre otras, recuperar los principios básicos o centrarse en lo esencial. Creo que debemos tenerla presente cuando debatimos sobre los problemas fiscales de la Argentina o sobre las reformas necesarias para mejorar la productividad, mejorar la equidad o hacer frente a los desafíos que plantea una economía con elevada informalidad laboral, pero muy rica en recursos naturales.

En el tema fiscal los funcionarios del Gobierno nacional han señalado que los libros recomiendan no reducir el déficit fiscal cuando la economía está en recesión, en la medida en que el Gobierno disponga, como ocurre hoy, de la posibilidad de endeudarse a tasas de interés “razonables”. Sin embargo, esta es una lectura incompleta de los principios básicos y algunas decisiones recientes del Gobierno van en contra de ellos. El manual dice que la política fiscal anticíclica debe instrumentarse mediante la suba de gastos o reducciones de impuestos que pueden revertirse cuando el ciclo económico se normaliza. El Gobierno nacional no ha respetado estos principios al disponer una rebaja “permanente” en los impuestos a las exportaciones o aumentar las jubilaciones a 2,4 millones de personas o devolver a las 24 provincias el 15% de la masa coparticipable que se destinaba al sistema jubilatorio cuando el fallo de la Corte Suprema lo obligaba a hacerlo para sólo 3; en cambio la inversión en infraestructura o los pagos de sentencias a jubilados si respetarían esos principios básicos. Nótese que las medidas de aumento de gasto o reducciones de impuestos permanentes son importantes: en el mediano plazo, cuando operen al 100%: tienen un impacto negativo sobre el déficit fiscal nacional de 2,5 a 3% del PIB.

Un programa fiscal gradual requiere alguna precisión no sólo de cuándo se espera balancear las cuentas (al menos la primaria) sino de cómo se logrará. Apostar sólo al crecimiento económico no permite lograr el objetivo en cuatro años y además requiere una disciplina de crecimiento nulo en el gasto medido en precios constantes que ha sido difícil de lograr en la Argentina. En este sentido, una duda central surge por la decisión del Gobierno nacional de ceder fondos primero y luego esperar que los receptores de esos fondos respondan respetando el interés de la sociedad. La historia argentina no permite ser optimista respecto de la generosidad de los diferentes grupos de presión/actores políticos. Por ejemplo, luego de recibir la devolución en cuotas del 15% de la masa coparticipable y ante el pedido de la Nación de que se comprometan a balancear las cuentas provinciales, los gobernadores reaccionaron “pidiendo un poco más”: coparticipación normal del impuesto al cheque, endeudamiento sin restricciones, distribución automática de los ATN, etc. Parecida fue la reacción de los dirigentes sindicales: luego de la devolución de los fondos de las obras sociales retenidos por el Gobierno anterior, la respuesta “agradecida” fue convocar a un paro nacional a menos que se ceda a nuevos reclamos. Y en el campo previsional se dispuso un aumento importante de gastos pero no se lo ató a una reforma que restablezca la solvencia del sistema de reparto; una mínima insinuación en tal sentido fue rápidamente archivada ante el costo político que acarrearía una discusión sobre este tema.

Los malos indicadores sociales de la Argentina abren el espacio para nuevas sugerencias de apoyo estatal. Independiente de las buenas intenciones que tengan estas propuestas los principios básicos sugieren que deben ir acompañadas de una propuesta adecuada para financiarlas. Dado el aumento exponencial del gasto en la era K, la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el alto déficit fiscal primario, cualquier sugerencia de mayor apoyo del Estado nacional debería incluir una propuesta de reducción de algún otro gasto que permita hacer frente a su impacto presupuestario. En este ejercicio debemos recordar que así como las rebajas de impuestos no se autofinancian (no hay evidencia empírica a favor de la curva de Laffer), tampoco los gastos se financian por sí solos por supuestos multiplicadores de gasto elevados que permiten encontrar la cuadratura del círculo.

En materia de reformas estructurales ocurre algo parecido. Es importante que se tengan en cuenta los desafíos de largo plazo que plantea la robotización, o el desafío de ser un país rico en recursos naturales cuya producción es capital intensiva. Pero en el corto plazo, hay mucho por hacer si el Gobierno se enfoca en los principios básicos. Luego de más de una década de populismo la Argentina tiene deficiencias serias que atentan contra la productividad en casi todas las áreas de políticas públicas, desde la infraestructura hasta la rigidez laboral o la calidad de la educación. Además, durante el Gobierno anterior se instalaron “kioscos o peajes” para favorecer a determinados grupos de interés. El Gobierno nacional ha avanzado en desmantelar algunos como el relacionado con el sindicato de trabajadores portuarios, pero hay otros similares. Un ejemplo es el costo de la logística. Es más barato para un productor paraguayo transportar soja en barcazas que navegan los ríos argentinos que lo que debe gastar un productor argentino del NOA o NEA que tiene una menor distancia para llegar a puerto. Los problemas no se arreglarán sólo con el Plan Belgrano. También hay que actuar sobre los costos del combustible (el famoso barril criollo) y los costos salariales. Mientras que en Paraguay el costo laboral es 30% mayor a lo que se lleva el trabajador, en la Argentina esa diferencia se acerca al 100% por las elevadas contribuciones a la seguridad social y los costos de la litigiosidad laboral (accidentes de trabajo, generosa indemnización por despido, etc.).

La desregulación en el mercado de bienes es otro ejemplo. El Gobierno parece abrazarse a una reforma a la ley de defensa de la competencia que va a generar más problemas que soluciones y parece dejar de lado algunos privilegios que encarecen innecesariamente los precios que pagan los consumidores. Más allá del tema de la protección a las importaciones, hay otros ejemplos “clásicos” de negocios políticos. Simplemente el lector haga la cuenta de lo que cuesta patentar un auto 0 km. Alrededor de 6% del precio del auto, costo que está influido por impuestos provinciales (aún cuando ya cobraron Ingresos Brutos, insisten y cobran sellos, gravamen que la PBA prevé aumentar a 3% para 2017) y por los aranceles de los registros que cobran entre 1 y 1,5% del valor del auto cuando el costo es un monto fijo que debería ser muy bajo. Se entiende rápidamente este sobrecosto cuando se repara en que los titulares de los registros son muchas veces dirigentes políticos.

Los ejemplos de desregulación potencial abundan, desde la política de cielos abiertos hasta la energía. Los principios básicos apuntarían a resolverlos rápido porque ganan las familias como usuarios y se bajan los costos de las empresas que los utilizan como insumo. Pero ello requiere una gran decisión política porque detrás de cada regulación hay un privado que se beneficia (empresario, dirigente sindical o político) y que se resistirá a perder sus privilegios.

Tags:

One Comment

  1. lo de aumentar los subsidios fue una locura , es triste que tengan terror de hacer un ajuste y se dejen correr por izquierda ,lo peor es que ahora uno lee a gente que pensaba que era respetable como levy yetati proponer aumentar la tasa de ganancias a 45 % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , eso solo lo puede proponer alguien que no tiene ni idea del sector privado , la voracidad fiscal es terrible y todo por mantener a millones de empleados publicos totalmente innecesarios , el 55% de un auto hecho en el mercosur son impuestos por ej.

Deja un comentario