La Agenda de la Competitividad  

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A poco menos de un mes de acudir nuevamente a las urnas para escoger al próximo presidente que conducirá al país durante los próximos cinco años, no son pocas las nubes que se ciernen sobre el panorama económico peruano.  Aunque los precios de nuestras principales exportaciones mineras registran algunas mejoras, es evidente que el próximo Gobierno no recibirá el beneficio de los vientos de cola que resultaron tan instrumentales para gatillar el acelerado crecimiento de la última década.   De lo que la nueva administración haga para impulsar la agenda de la competitividad dependerá que nos mantengamos en la senda del crecimiento acelerado o que sucumbamos al nuevo ritmo de la ralentización en curso.

Como ha sido ampliamente documentado, la experiencia económica peruana de los últimos años ha sido estelar.  No solamente hemos logrado registrar altas tasas de crecimiento, sino que hemos alcanzado una importante reducción en la pobreza (casi 40%) y mejoras en la distribución del ingreso.  Que más del 70% de los votantes se hayan adherido a las dos candidaturas que planteaban mantener los principales lineamientos económicos vigentes no sorprende.

A pesar de ese clarísimo respaldo, no es menos cierto que existe una fuerte demanda ciudadana por el cambio.  Según Ipsos, casi el 90% de los ciudadanos creen que el próximo Gobierno debería efectuar cambios moderados o radicales al “modelo económico”.  Las modificaciones que la ciudadanía pide con más fuerza tienen que ver con la mejora en los servicios de educación (59%), combate eficaz de la delincuencia (55%) y lucha contra la corrupción (48%).   Es decir, la gente exige mejoras en la actuación del Estado para que éste cumpla con la provisión de bienes públicos básicos fundamentales.   Estos cambios, conjuntamente con la poda y simplificación administrativa, el cierre de brechas de infraestructura, y la racionalización del régimen laboral debieran articular la agenda pro-competitividad del próximo Gobierno.

Antes de la década del 90, el crecimiento en nuestro país estuvo principalmente impulsado por la acumulación de los factores, con una contribución negativa de la Productividad Total de Factores (PTF).  Esta situación se revirtió en los últimos tres lustros, periodo durante el cual la PTF explica casi un tercio del crecimiento económico registrado.   A pesar de los importantes avances, la productividad de nuestros trabajadores sigue siendo baja y representa apenas cuarta parte que sus pares norteamericanos.  Mejorar la productividad resulta mucho más importante para el Perú que para el resto de países de la región.  En efecto, si fuéramos a alcanzar niveles de productividad equivalentes a los de EEUU, nuestro PBI per cápita prácticamente se triplicaría (en el resto de la región se duplicaría).   De allí la enorme urgencia de que el próximo Gobierno aborde con prontitud y ambición el fortalecimiento de la productividad, para paliar lo que a todas luces ya es un entorno externo menos favorable.

Esa agenda multidimensional tiene dos componentes cuyo abordaje resulta especialmente crítico.  Me estoy refiriendo a la simplificación normativa y al cierre de brechas de infraestructura.  Iniciativas correctamente impulsadas y secuenciadas en el primero de los frentes pueden contribuir de manera significativa fortalecer la competitividad y mejorar calidad de vida de los peruanos.   La construcción de un estado más sensible a las demandas públicas y la expansión en la cobertura y calidad de la infraestructura básica puede a su vez generar la legitimidad y el apoyo que los formuladores de políticas necesitan para emprender las reformas más complejas y resistidas.

Poda y simplificación normativa

Nuestro país ha visto en los últimos años un gran deterioro de su entorno regulatorio con la expansión creciente de trámites asfixiantes y requisitos absurdos que traban la inversión.   Como muestra un botón: la obtención de permisos de construcción involucra 14 procedimientos e insume 174 días.  Según la Contraloría de la República actualmente tenemos más de 600,000 normas vigentes.  Ocupamos el puesto 97 entre 189 países en lo correspondiente a la facilidad para abrir negocios del Doing Business del Banco Mundial, y el puesto 133 entre 140 países en lo que respecta al peso de la carga regulatoria  compilado por el World Economic Forum.

Lejos de generar valor, la maraña burocrática que se ha consolidado en nuestro país destruye bienestar y se ha convertido en el caldo de cultivo en el que se engendra y reproduce la corrupción.  La actuación ilegal e implementación irrazonable de la normatividad por parte de las autoridades no solo obstruye la inversión, sino que genera sobrecostos y limita la competencia.  Buena parte de esas barreras se generan por actuación de las autoridades sub-nacionales, sobre todo a nivel municipal. Más del 20% de las empresas señalan los permisos y autorizaciones como un obstáculo significativo para sus actividades (cuatro veces más que el promedio de la OECD ).

Mientras se procede con la revisión y simplificación exhaustiva de procedimientos administrativos y autorizaciones, las próximas autoridades debieran instaurar una veda normativa temporal.  Otro ámbito de intervención en el que se debiera actuar de forma  inmediata es en la elaboración y aprobación de un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que asegure la uniformidad en el trato a los ciudadanos y empresarios que buscan la obtención de permisos y sigan distintos trámites ante municipios. Igualmente, se necesita afianzar los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para evitar superposiciones regulatorias, instalar ventanillas únicas y sistemas de información y participación ciudadana en materia normativa.  En esa misma línea sería fundamental fortalecer las facultades y capacidades de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi.

 Cierre de brechas en infraestructura

Arrastramos un importante déficit de infraestructura que, según cálculos de AFIN, llegaría a casi $90,000 millones.  De hecho, nos mantenemos de coleros en el componente de infraestructura del  Ranking Global de la Competitividad,  habiendo caído del puesto 93/125 al 105/144  en el periodo 2006-2014.  En ese sentido, mejorar la baja calidad de la infraestructura de transporte constituye un factor clave para fortalecer la competitividad del país.   Menos del 15% de los caminos se encuentran pavimentados y nuestra red ferroviaria se encuentra estancada.  De igual modo, la inversión y avances en el desarrollo portuario se han mantenido concentrados en pocas locaciones.

La persistencia de altos costos logísticos y de transporte constituyen una traba para el aprovechamiento integral de los beneficios asociados a los múltiples acuerdos comerciales negociados por el país.  El ratio de los costos de transporte sobre aranceles es 25 veces mayor para el Perú que para los países de la OECD.  Lo mismo es cierto de los costos de exportación de un contenedor estándar: mucho mayores desde el Callao ($890) que desde Singapur ($460) o China ($620).  Según AFIN, los costos logísticos representan el 30% del PBI o casi el triple del promedio para la OECD.

Buena parte de las trabas que actualmente vienen frenando la inversión en infraestructura son las mismas en términos generales limitan la iniciativa privada en general, y guardan relación directa con el burocratismo, la regulación excesiva y la dilación para el otorgamiento de permisos y autorizaciones.  Se estima que hay más de $17,000 millones en grandes proyectos de infraestructura parados, principalmente por problemas con el otorgamiento de terrenos y servidumbres saneados por parte del Estado. Esta problemática cobra aún más vigencia a la luz de la contracción por segundo año consecutivo de los flujos de inversión privada.

Más allá de las iniciativas de simplificación administrativa y racionalización regulatoria que se pudieran tomar (ver acápite anterior), urge implementar medidas específicas que contribuyan a expeditar la expropiación de predios—uno de los cuellos de botella más restrictivos actualmente.  De otra parte, considerando que se cuenta con más de $35,000 millones en proyectos de inversión comprometidos o por adjudicarse (ver cuadro adjunto), muchos de los cuales enfrentan las mismas trabas y restricciones para su puesta en marcha, se debería desarrollar un esfuerzo deliberado para destrabar de manera puntual ese portafolio de iniciativas.

Para ello se podría nombrar un grupo de “destrabadores” que reporten a un Zar de la Inversión, con rango de ministro, que rinda cuentas directamente al presidente y sea responsable de coordinar con los distintos ministerios involucrados.   Otro ámbito en el que hay posibilidades de mejoras normativas importantes es el vinculado al mecanismo de Obras por Impuestos, el mismo que le permite a las empresas invertir en iniciativas de infraestructura pública descontando dichos flujos de sus impuestos.

Proyectos y montos de inversión

Conclusiones

En un entorno internacional adverso como el que enfrentamos y frente a los crecientes riesgos que la ralentización global plantea, el crecimiento del Perú en los próximos años dependerá en mayor medida de las ganancias de productividad que alcancemos.   De allí la especial urgencia que para el próximo Gobierno tendrá impulsar la ambiciosa agenda de reformas pendientes.  En la lista corta de iniciativas que debieran ser priorizadas de forma inmediata por la administración entrante están la poda y simplificación administrativa, y el cierre de las brechas de infraestructura.  Los avances que se alcance en el primero de estos ámbitos ayudarán de manera significativa a destrabar buena parte de los grandes proyectos de inversión actualmente entrampados.   La desburocratización y mejoras que se alcancen en materia de infraestructura básica contribuirán a su vez a legitimar y fortalecer el capital político que los formuladores de políticas necesitan para abordar los componentes más complejos y resistidos de la agenda de reformas pendiente.

 

Bibliografía

Cespedes, Nikita and Nelson Ramirez Roldan.  “Total Factor Productivity Estimantion in Perú:  Primal and Dual Approaches”.  Peruvian Economic Association.  Working Paper 11, March 2014.

Contraloría General de la República: 2016.  “Mejora Regulatoria y Simplificación de Procedimientos Administrativos”.  http://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/estudio/2016/Estudio_Mejora_regulatoria_web.pdf

OECD, 2015:  “Multidimensional Review of Perú”.  http://www.oecd.org/countries/peru/multi-dimensional-review-of-peru-9789264243279-en.htm

World Bank, 2015:  “Peru: building on success”.  http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2015/10/25128228/peru-building-success-boosting-productivity-faster-growth-vol-2 /

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