Dádivas en vez de reformas

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Pronto se sabrá si la Misión Cafetera era una cortina de humo

El pasado mes de marzo el gobierno anunció con mucho orgullo que habrá distribución gratuita de fertilizantes para los  caficultores en los municipios afectados por el fenómeno de El Niño y que se subsidiarán más los créditos para renovar y mantener cafetales.  Es decir, más de lo mismo: pequeñas dádivas financiadas con los enormes impuestos que se cobran al caficultor, y que alimentan al Fondo Nacional del Café.

En cambio, el gobierno ha mantenido absoluto silencio sobre el contrato billonario que debe suscribir antes del 12 de julio de 2016 con la Federación Nacional de Cafeteros para la administración del Fondo durante los próximos 10 años.

Cabe preguntarse qué pasó con las recomendaciones que hicimos Marcela Meléndez, Mariano Tomassi y yo por pedido del mismo gobierno como parte de la Misión Cafetera, para superar los problemas de competitividad del café colombiano y la crítica situación económica y social de los caficultores.

Los estudios de la Misión llevaron a la conclusión de que los caficultores pagan un impuesto del orden del 15% de sus ingresos, que van a financiar una pesada burocracia y una diversidad de programas de dudosa eficacia. Ese impuesto resulta en parte de la contribución cafetera y en parte de las jugosas ganancias de la actividad comercial que la Federación Nacional de Cafeteros lleva a cabo con recursos del Fondo Nacional de Café (véase mi columna de la revista Dinero de marzo de 2015, reproducida en Foco Económico).

Los estudios de la Misión demostraron en forma contundente que la “institucionalidad cafetera” tiende a agravar la falta de competitividad y los problemas de productividad del café colombiano: la evidencia internacional muestra que la intervención oficial en el negocio cafetero, en forma directa o a través de artificios como el Fondo Nacional del Café, es perjudicial para la productividad, la calidad del café y el ingreso de los caficultores en cualquier país del mundo.

El gobierno y la Federación aceptaron nuestras recomendaciones de eliminar el monopolio que tenía la Federación para definir las características del café exportable y autorizar las operaciones de los exportadores privados. Obviamente, esto les ayuda a los exportadores privados. Pero, ¿no se va a hacer nada en favor de los caficultores, para liberarlos de la sanguijuela de la “institucionalidad cafetera” y de la nociva relación paternalista con el Estado?

El contrato de administración del Fondo Nacional del Café suscrito entre el gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros es el instrumento legal para introducir las demás reformas que recomendamos. El contrato vigente se firmó el 12 julio de 2006 para un período de 10 años. En esa oportunidad el gobierno y la Federación negociaron los términos del contrato en forma soterrada, adelantándose cerca de un año y medio al vencimiento del contrato anterior. No hubo ninguna discusión pública y fueron ignoradas prácticamente en su totalidad las recomendaciones de la Misión de Ajuste Institucional de la Caficultura de 2002.

La oportunidad de la reforma podría perderse nuevamente en esta ocasión, a menos que el gobierno tome acción inmediata. Lo más importante es separar los roles comerciales y no comerciales de la Federación Nacional de Cafeteros y aclarar el manejo de los recursos públicos, como la contribución cafetera. Las actividades con propósito comercial no pueden seguir mezclándose con aquellas de prestación de servicios con recursos públicos: este es el pecado original de la “institucionalidad”.

Para poner esto en la práctica hay que  liberar al Fondo de contingencias fiscales que debe asumir el gobierno y  liquidar los activos que no se requieran para prestar los servicios indispensables para la caficultura, como son los servicios de investigación y extensión, a los que actualmente se dedica muy poco dinero.

La Misión Cafetera fue convocada en un momento muy crítico para los caficultores: está a punto de comprobarse si era simplemente una cortina de humo. Es posible que el gobierno y la Federación consideren nuevamente que es mejor esperar otros 10 años y una nueva Misión Cafetera. Mientras tanto los caficultores seguirán siendo explotados por la pomposa “institucionalidad”.

 

Nota: este artículo fue publicado originalmente en la revista Dinero.

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