El Perú y su informalidad

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Dado que es mi primer post en la sección Perú de Foco Económico me pareció que era imposible escoger otro tema diferente al de informalidad. Si uno toma un poco de distancia temporal y compara el Perú de 1990 versus el de hoy no hay elemento que sorprenda más que la persistencia de la alta informalidad de nuestra economía. El país en estos últimos 25 años fue capaz de alcanzar logros macroeconómicos inobjetables: derrotar la hiperinflación y consolidar las cuentas fiscales. Hoy, la inflación no supera el 2-3% y la deuda neta es cercana a cero. También fuimos capaces de retomar el crecimiento después de dos décadas perdidas (setentas y ochentas) y crecimos más que la región. Si todo eso parece poco, logramos reducir la pobreza de más de 60% a un poco más de 20% creándose una cada vez más frondosa clase media.  Todos estos éxitos convivieron con un gran fracaso: la persistencia de la tasa de informalidad laboral. Ochenta de cada cien trabajadores en el Perú son informales mientras que el promedio regional está cerca de 55 de cada 100 de acuerdo al reciente estudio del BID (2015) Empleos para crecer.

Frente a este contraste uno puede cuestionar varios aspectos, entre los cuales destacaría dos: (1) ¿cuáles fueron las políticas que se adoptaron buscando corregir esta situación a lo largo de estos años que marcaron este fracaso?; (2) ¿debemos considerar este equilibrio como deseable o indeseable?

Déjenme empezar por el segundo porque para algunos la alta informalidad es una señal positiva en tanto muestra la fortaleza del músculo de emprendedurismo presente en los peruanos, para quienes están del otro lado de la orilla señalan que esto es uno de los factores críticos que marca nuestro límite para que la economía peruana alcance el desarrollo. Este amplio sector informal está caracterizado por su baja productividad respecto al sector formal. Como lo señala un muy interesante reporte reciente de la OECD (2015) Multidimensional Review of Peru, la remuneración promedio obtenida en el mercado formal es cerca al doble de lo que un trabajador informal recibe. Además, el estudio revela que el mercado laboral peruano es fuertemente segmentado. Uno de cada diez trabajadores informales migra a un empleo formal. Esa probabilidad es menor si el trabajador tiene poca educación, es joven o mujer y si vive en el mundo rural.

Regresando al tema de los intentos de solución del tema lo cierto es que ha habido pocos intentos. Los más importantes han estado dirigidos a crear un régimen especial, una suerte de versión light de los derechos laborales para ciertos sectores (PYMES, Agroexportadores, jóvenes, etc) con poca idea de cómo transitar al régimen general.  Sorprende, por ejemplo, la ausencia de políticas orientadas a políticas impositivas que favorezcan el crecimiento de las empresas formales.

En estos últimos años ha ido calando con cada vez mayor fuerza la idea planteada originalmente por Levy de replantear por completo la manera como financian los gobiernos sus políticas de seguridad social.[i] La idea básica es que, en lugar de gravarse el trabajo formal para otorgar beneficios universales de salud, educación, y pensiones, se grave universalmente el consumo. De esta manera se reduce el sesgo anti-empleo formal. En realidad, los costos de la formalidad son altos pero una parte tan importante como los costos no salariales son los relacionados a la posibilidad práctica de despedir a trabajadores.

Las campañas presidenciales de la región en la última década estuvieron saturadas de temas de pensiones no contributivas. Los temas de informalidad no han recibido la misma atención inclusive en países con altísima informalidad como Bolivia, Colombia, y Perú. Sería bueno que los académicos de estos países apuren en poner en blanco y negro una buena evaluación de esta sugerencia que empieza a ganar adeptos sin mucho análisis específico al país, especialmente poniendo en contexto el peso que tiene otros elementos de la ecuación como los costos de despido en el sector formal. Lo único que es peor a candidatos no dispuestos a ver los elefantes en la cristalería de los temas urgentes de nuestros países, es candidatos proponiendo ideas que aún no han sido debidamente analizadas.

[i] Una evaluación en detalle de esta propuesta para México la encuentran en Antón, Hernandez y Levy (2012), The End of Informality, InterAmerican Development Bank.

2 Comments

  1. Hola Lalo. Super interesante tu post. Levy es un tipo muy hábil también. Para meter ají en la discusión tengo dos preguntas. (i) la idea de gravar el consumo para financiar la seguridad social seria un impuesto muy regresivo, no crees? Las familias de menores ingresos gastan mas de sus ingresos en consumo que los adinerados. Los pobladores de Cerro San Cosme estarían financiando las pensiones de aquellos viviendo en San Isidro. (ii) el aumento que tendríamos que hacer en la tasa del IVA para financiar las pensiones usando la modalidad Levy seria inmenso. Actualmente, con una tasa de 18% del IVA, el gobierno recoge 8.6% del PBI en ingreso sobre las ventas. Si suponemos que 20% de la población del Peru (unos 6 millones de personas) son pensionistas, de los cuales solo un 10% se financiarían con la modalidad Levy, necesitarías aumentar la tasa del IVA a casi 25% para recoger/colectar los fondos para financiar pensiones de 12,000 soles al anho para ese sub-set de pensionistas (600,000 personas), suponiendo que la tasa efectiva de tributación de 12.5% (comparada con una tasa oficial de 18%) se mantiene. Que opinas? Abrazo. Gonzalo

  2. Ups, revisando mis cálculos encontre que el aumento del la tasa de IVA seria de 18% a 21% para financiar los 600,000 pensionistas en la modalidad Levy; no 25% como había indicado antes. Un aumento significativo en la tasa, sin embargo. Y eso suponiendo que no habría mayor evasion (i.e., una tasa efectiva de recaudación menor) que a una tasa nominal de 18%, que es la actual. Mis disculpas por el error de calculo.

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