¿Les conviene a  los gobiernos que la clase media elija educación privada?

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Después de 12 años de política educativa kirchnerista, dos de sus resultados evidentes  son el incremento de la proporción de estudiantes en escuelas privadas –un fenómeno que se advierte desde mediados de siglo XX pero que se profundizó desde 2003-  y la pérdida de alumnos en las escuelas públicas, este sí un fenómeno inédito en la tradición educacional argentina.

Pero esta privatización de la educación no es una anomalía o un desajuste transitorio. Tampoco es un fenómeno exclusivamente argentino: Brasil, Perú y Uruguay atravesaron en los años dos mil circunstancias muy parecidas. Chile también, pero su cuasi mercado educativo lo hace definitivamente incomparable al de sus vecinos dado que financia a la demanda y hay libre elección de escuela (aunque el declinante sistema de copago en escuelas privadas lo acerque un poco).

Independientemente de las intenciones de los funcionarios, el hecho de que sectores crecientes de las clases medias salgan (en el sentido clásico de Hirschman) de la educación pública y elijan escuela privada resulta muy conveniente para el gobierno del sistema educativo.

Aquí propongo tres motivos:

  • Aumentan los recursos para la educación pública

En la medida que las familias pagan por lo que les corresponde gratuitamente por derecho, el Estado concentra sus recursos en los cada vez menos alumnos de la escuela pública: la privatización de la educación es costo-eficiente respecto del gasto público en educación. La subvención estatal a las escuelas privadas vigente en la Argentina desde 1947 contribuye a mantener este esquema bajando (un poco) los precios de las escuelas privadas siempre que el dinero público por alumno en escuelas privadas sea varias veces inferior al que se invierte en escuelas públicas. Por lo tanto, cuantos más chicos en escuelas privadas, más recursos estatales para los que quedan en las escuelas públicas

Imaginemos qué ocurriría si todas la familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas (que hoy llegan casi al 30%:) decidieran en 2016 inscribirlos en una escuela pública. No caben dudas que el sistema educativo en su conjunto colapsaría de inmediato por falta de edificios, de vacantes, de dinero para pagar los salarios de los nuevos docentes, etc.

  • Disminuye la presión sobre los funcionarios

La clase media es el actor central en el reclamo por la mejor educación. Esto es así en todos los países dado que los sectores más pobres de la población tienen preocupaciones más urgentes respecto de sus hijos (alimentación, vivienda, salud). Por otro lado, los sectores medios tienen  mayor experiencia escolar en sus familias, lo que les genera más información sobre la educación y mejores condiciones para una construir opinión más fundamentada –una opinión experta- sobre la escuela de sus hijos.

Una ventaja que le proporciona a los gobiernos este modelo de privatización de la educación es que deja a la clases medias afuera del sistema educativo público, por lo que la presión por la calidad y la innovación se traslada a los responsables de cada escuela privada y no al gobierno, ni al sistema en su conjunto ni, mucho menos, a cada una de las escuelas públicas.

Las familias que eligen  escuelas privadas están fuera del debate público de la educación: protestan en su propia escuela y sólo allí participan y proponen. Tal es así que ni siquiera se le reclaman al gobierno por exenciones impositivas: está absolutamente naturalizado que un asalariado de ingresos medios, que paga impuesto a las ganancias, puede desgravar actividades suntuarias como el salario de su empleada doméstica o parte de las donaciones a obras de caridad o a campañas políticas pero no está eximido por los aranceles escolares.

Así, la privatización de la educación le impide a la educación pública contar con el sector social más dinámico, más severo, más exigente.

  • Aumenta la importancia de los sindicatos docentes

Como contrapartida de la salida de las clases medias, el único actor que queda –prácticamente- en el terreno educativo, es el sindicato docente. Aunque en principio no lo parezca, esto es muy conveniente para los funcionarios por cuatro motivos.

Primero, los sindicatos representan el interés general de los docentes que, aunque legítimo, puede canalizarse por medio de una negociación por dinero, donde la cuestión de la organización de las escuelas y la preocupación por la calidad educativa está ausente para alivio de los funcionarios. La única condición es que, como resultado de esa negociación, no se desordene el equilibrio alcanzado en términos de costo-eficiencia. Y si el equilibro tambalea, la tentación de los gobiernos en estos años ha sido aumentar la carga impositiva de la clase media o reducirles a las escuelas privadas el financiamiento estatal. La escuela pública, maradonianamente, no se mancha.

Segundo, los sindicalistas suelen tener intereses políticos e institucionales que pueden formar parte de la negociación  y contribuir a la existencia de acuerdos (espurios o no), sin necesidad de modificar aspectos centrales que podrían beneficiar a las familias y a los alumnos. Es notorio cómo los sindicalistas docentes (no los docentes, claro)  traducen su poder de negociación en el cogobierno de aspectos concretos del sistema educativo. Algunos son muy eficaces y saltan de sus importantes cargos gremiales a puestos como altos funcionarios en los ministerios de educación.

Tercero, los sindicatos docentes son por definición conservadores en todos los países, y suelen oponerse a cambios que, aunque remotamente, puedan afectar formas escolares tradicionales por lo que los funcionarios no necesitan preocuparse: si el conflicto docente en la escuela pública está contenido, la lectura es que “la educación está muy bien”.

Cuarto, culpar a los sindicalistas es un clásico de los funcionario para  sacarse la responsabilidad sobre lo que deciden (y sobre todo lo que no deciden): hemos asistido a la paradoja en la que altos funcionarios del gobierno que ha estatizado una compañía aérea, una petrolera y los fondos de jubilación explicaron que no pueden resolver el ausentismo docente “por culpa de los sindicatos”.

Por todo esto, sin actores de la sociedad civil involucrados en la calidad y la innovación educativa –sin las clases medias-  el debate  es prácticamente inexistente y la resultante de la década son medidas que cambian algo para que nada cambie: desde repartir libros en canchas de fútbol hasta sancionar leyes ampulosas  con nula efectividad en las escuelas, Leyes que ni siquiera sirvieron para lograr  la “inclusión educativa”, que beneficia a la población pobre que concurre a las escuelas públicas.

En resumen, la privatización de la educación no se trata, apenas, de una tendencia caprichosa producto de familias que buscan distinguirse entre las demás. Se trata de un esquema político y financiero que lleva ya más de cincuenta años y que en estos últimos doce se ha consolidado con una potencia inusual.

 

Una versión anterior de este post apareció en el Diario La Nación, 21/19/15 http://www.lanacion.com.ar/1838144-por-que-a-los-gobiernos-les-conviene-que-la-clase-media-vaya-a-la-escuela-privada

4 Comments

  1. Si bien comparto la mayor parte del analisis, creo que falto un punto FUNDAMENTAL, la educacion publica como herramienta de integracion social, es decir, que chicos de diferentes clases sociales convivan bajo un mismo techo, rompiendo con el aislamiento (circulos sociales) de cada clase. Saludos

  2. Me parece un verso lo de la integración social como resultado de la escuela primaria. En realidad, las tasas de desgranamiento escolar son tal altas, que dentro de la educación pública, ya al 5to o 6to grado, ya estan separadas las clases sociales. En la educación media, este proceso se agudiza. Y la universidad? es un colador social.

  3. Deberían moderar los comentarios. Algunos son innecesariamente agresivos. Solo pueden reflejar envidia y resentimiento.
    Saludos,
    Paula

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