Fin a las reformas

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La Presidenta Bachelet en su intervención de la semana pasada señaló que avanzará en las prioridades programáticas de acuerdo a las condiciones del país, lo que implicó dejar una gran duda sobre la profundidad de sus reformas.

Pero su intervención estuvo marcada por otra idea más compleja. Afirmó que la administración del Estado no estaba preparada para el conjunto de reformas estructurales que su Gobierno le había propuesto al país. Al indicar esto admitió que nuestro actual modelo institucional no está en condiciones de gestionar cambios significativos en corto tiempo, reconociendo una restricción que muchos no han querido ver.

De los problemas estructurales que tenemos, destaca la existencia de un sistema de organización estatal rígido y un modelo de empleo público básico. Como se sabe, en nuestro país más del 60% de los empleos en la administración nacional son precarios, es decir, la remoción puede quedar al libre arbitrio de quien tiene el poder de nombramiento. Como he dicho en otro momento, un modelo así genera lealtades transitorias con un gobierno, aunque habitualmente éstas serán con el caudillo que logró los nombramientos, lo que afecta seriamente la implementación de políticas públicas de largo plazo.

Pero además, en la mayoría de los casos una persona que carece de formación en gestión pública puede ser nombrada en cargos directivos de carácter nacional, regional o local. Muchos de ellos llegan a esos empleos sin más preparación que la obtenida en los pasillos del poder, cuando la tienen, y sin que en el desempeño de los mismos exista obligación alguna de perfeccionarse. En nuestro país es altamente probable, entonces, que pueda tomar decisiones de interés público quien nada sabe de administración financiera del Estado, de las responsabilidades legales que enfrenta su cargo y con mínimas o nulas nociones de gestión pública. Todo eso queda sometido a la evaluación de los partidos políticos que los promueven y a la prudencia de quien realiza el nombramiento. Los cambios de gobierno en la última década han demostrado abiertamente este problema, porque es común a ambas coaliciones.

Cuando la Presidenta afirma que la administración del Estado no está preparada para la envergadura de las reformas propuestas, de algún modo está reconociendo que nuestro Estado no es competitivo y que si quiere ser eficaz en el futuro debe reinventarse. Es un acto de honestidad brutal del cual debemos hacernos cargo más temprano que tarde, pero es, además, una interpelación especialmente para la centroizquierda, por la capacidad que ésta le asigna a la gestión pública en mejorar la vida de las personas.

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