La Prioridad es Asegurar la forma de Gobierno Republicana

“No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo,
no tendrás poder
ni abogados, ni testigos.
Enciende los candiles que los brujos
piensan en volver
a nublarnos el camino.”

Instituciones y Organizaciones  

Las instituciones son un conjunto de reglas cuyo objetivo es proveer estructura y previsibilidad a las interacciones entre los individuos en la sociedad. Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las restricciones creadas por los seres humanos para moldear las relaciones humanas. En el lenguaje de los economistas, las instituciones definen y limitan el conjunto de elección de los individuos. Las instituciones tienen dos roles muy importantes en la sociedad: 1) Limitar el poder del estado; y 2) proveer incentivos a la generación de riqueza. Sin embargo, es muy importante resaltar la necesidad de hacer observar (enforce) estas restricciones. Un buen sistema institucional, sin observancia del mismo, será inútil.

La estructura institucional de una sociedad está fuertemente influenciada por el sistema de creencias que comparte. Las creencias sociales se acumulan a través de un proceso gradual e incremental. Debido a ello, cómo los seres humanos perciben el mundo que los rodea, cómo aprenden, y qué aprenden, son cuestiones fundamentales para entender la organización y evolución de una sociedad.

Las instituciones deseables son las instituciones republicanas y capitalistas. Nuestra arquitectura político-institucional sigue la idea de división de poderes basada en la trinidad Ejecutivo-Legislativo-Judicial de Montesquieu. Pero agregó, como los Estados Unidos, otra división del poder, ya no horizontal sino vertical: el Federalismo. La clave está en la división del poder: “Que el poder frene al poder“, como magistralmente escribió Montesquieu.

Las instituciones no son organizaciones. Las organizaciones, no son sino jugadores, cuyo conjunto de acciones posibles se encuentra limitado por las instituciones. Las organizaciones políticas (partidos políticos) y de la sociedad civil juegan un rol fundamental en hacer observar los arreglos institucionales. En Argentina,  la última década fue testigo del avance del Estado en la sociedad lo que ocasionó un fuerte debilitamiento de la sociedad civil en un contexto de práctica inexistencia de los partidos políticos. Tenemos que reconstruir estas organizaciones si aspiramos a limitar al gobierno de turno. Si bien tenemos problemas institucionales, nuestro mayor problema es organizacional.

Las instituciones capitalistas necesitan de creencias que aún no se han arraigado completamente en un amplio segmento de la sociedad argentina, pero también de equilibrios sociales que permitan la observancia de la división de poderes republicana y las normas constitucionales.

Volviendo a las instituciones políticas, puede mostrarse, utilizando evidencia comparada, que nuestro régimen federal es uno de los menos “federales” del mundo y que sus distorsiones se han acentuado notoriamente en la última década. Sobre esta base se ha desarrollado una fuerte propensión a construir un régimen hegemónico, con vocación de limitar fuertemente a los otros poderes del Estado, desvirtuando el armado institucional del país. Es necesario reconstruir el federalismo en Argentina. Es además aconsejable encarar una reforma que busque aumentar gradualmente la correspondencia fiscal sin abandonar ciertos objetivos básicos de equidad distributiva.

Para mejorar nuestra capacidad de hacer observar la división de poderes y las normas constitucionales, adicionalmente, necesitamos terminar con la práctica jurídica de dictar un derecho de excepción en Argentina. Vivimos en una inestabilidad jurídica por la continua modificación de normas y la práctica de innovar hechos excepcionales para justificar un derecho de emergencia. Asimismo, debemos limitar el uso de la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, así como la transferencia de poderes del Congreso al Poder Ejecutivo. Finalmente, necesitamos despolitizar el proceso de nombramiento y remoción de jueces.

Los países democráticos que tienen la capacidad de desarrollar políticas públicas que tienen el largo plazo en consideración y que tienden a generar beneficios para la sociedad sostenibles en el tiempo son aquellos con sistemas de partidos políticos institucionalizados y programáticos, con legislaturas con capacidad de participar activa y eficazmente en la discusión y elaboración de políticas públicas, con poderes judiciales independientes, con administraciones públicas capacitadas,  basadas en el mérito y la profesionalidad. Debido a ello, entonces, también debe ser prioritario modernizar y profesionalizar al Estado mismo. Se requiere formar una burocracia calificada compuesta de funcionarios profesionales y de carrera que lleve adelante las tareas técnicas. Es necesario introducir meritocracia en la función pública y remunerar a los funcionarios públicos acorde a su costo de oportunidad. Sin una burocracia profesional e incentivada no es posible enfrentar los desafíos del desarrollo económico.

Entonces, creo que es fundamental avanzar en consensos de mediano plazo que sean razonablemente robustos a los cambios de gobiernos. No vamos a desarrollarnos si seguimos pasando de la privatización a la nacionalización, de la apertura a la economía de guerra… Esos consensos deben ser alcanzados políticamente, y para ello necesitamos partidos políticos estables y programáticos, así como también, organizaciones representativas de la sociedad civil. El sistema político debe escuchar a los distintos grupos sociales con el fin de conciliarlos en la medida de lo posible.

Consenso Republicano

Pero por sobre todo, hoy resulta imperioso que las organizaciones republicanas de nuestra nación se unan bajo un consenso fundamental, el de asegurar la forma de gobierno republicana en Argentina, basada filosóficamente en la doctrina de los derechos del hombre según la cual, por naturaleza, todos los hombres tienen algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la felicidad, que aquellos que detentan el poder de ejercer la fuerza en nombre del Estado deben no sólo respetar sino también garantizar. Esta doctrina es la base de las Declaraciones de derechos de los Estados Unidos de América (1776) y de la Francia revolucionaria (1789).