Financiamiento electoral: prioridad equivocada

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El financiamiento de la política siguió en la agenda esta semana. Se hizo pública, vía este diario, una grabación de una conversación entre el ex gerente del grupo Penta y uno de los controladores del conglomerado, involucrando a varios parlamentarios de la UDI en la recepción de financiamiento ilegal para sus campañas, vía boletas y transferencias a sociedades fuera de Chile. Cabe notar que este escándalo se destapó gracias a las investigaciones derivadas de un fraude tributario, no de la labor del ente que debiera fiscalizar el cumplimiento de la legislación que regula el gasto electoral (el Servel).

Esta semana también conocimos, mediante una presentación en power point de la ministra Rincón los principales lineamientos del proyecto de ley sobre financiamiento de la política que el gobierno ingresará al Congreso la próxima semana.

Existía mucha expectación respecto de los temas que abordaría el Ejecutivo en su proyecto. ¿Mantendría la figura del financiamiento reservado? ¿Eliminaría la opción de financiamiento anónimo? ¿Se prohibiría que las empresas financien la política? ¿Se reducirían los límites al gasto electoral? ¿Se incorporaría el financiamiento público de los partidos políticos (opción inexistente bajo la legislación actual, donde todo el financiamiento de los partidos es privado)? ¿Se mantendrían las bajas sanciones a quienes obtienen financiamiento ilegal o se incluirían sanciones con poder disuasivo real?

La presentación de la ministra responde a varias de las interrogantes anteriores. Se prohíben los aportes de las personas jurídicas y se instituye el financiamiento público de los partidos. Se mantiene la opción de financiamiento reservado para donaciones por debajo de un cierto umbral. También se incluyen ideas curiosas, como permitir que los candidatos no estén obligados a documentar gastos menores que no excedan un 20% de su gasto total.

Existe un tema central de cualquier reforma al financiamiento de la política, que es mucho más importante que todos los anteriores, este es una reforma mayor del Servel. Sin una reforma del Servel, los cambios restantes serán, para todos los efectos prácticos, irrelevantes. Porque en la actualidad el Servel no tiene las atribuciones ni los recursos (financieros o humanos) para fiscalizar el cumplimiento de la ley, por lo cual si no cambia esta situación, cualquier reforma es letra muerta. De hecho, algunas de las reformas planteadas podrían empeorar la situación actual si no van acompañadas de una reestructuración total del Servel.

Por ejemplo, hoy día el Servel no fiscaliza el gasto de campañas en terreno, de modo que no tiene una estimación de cuánto fue el gasto efectivo de cada candidato. De esta manera, los límites al gasto electoral que establece la ley no aplican en la práctica, pues son imposibles de fiscalizar y poco o nada sirve que el proyecto del gobierno reduzca los límites a la mitad”.

Las posibilidades de que el Servel detecte platas ilegales en la actualidad son escasas, tal como lo ilustra la arista política del caso Penta. La única manera de detectar platas negras de manera sistemática es comparando los montos que los candidatos recaudaron legalmente, y que el Servel debiera conocer, con los montos estimados por el Servel durante la campaña de lo que gastó cada candidato. Como en la actualidad el Servel no realiza estimaciones de gasto en terreno, le es imposible hacer esta comparación. De hecho, si se termina con el financiamiento de la política por parte de las empresas y sigue un Servel parecido al actual, es probable que las platas negras crezcan de manera importante, justo lo opuesto al objetivo del legislador.

La presentación que hizo la ministra indica que el proyecto de ley que enviará el gobierno al Congreso la semana que viene incluirá un artículo transitorio que promete el ingreso antes del 15 de abril de 2015 de un nuevo proyecto para modificar la institucionalidad del Servel. Es decir, el proyecto que el Ejecutivo ingresará en los próximos días no considera una nueva institucionalidad para el Servel.

Cuesta entender las prioridades del Ejecutivo en esta materia. Si había que partir por un tema al reformar el financiamiento de la política era la reforma del Servel. Mucho más recursos, más independencia, mejor gestión y mayores atribuciones. En el pasado ya ocurrió que proyectos de ley que prometieron leyes adicionales para hacerse cargo de temas relacionados fueron aprobados sin que se enviara el proyecto complementario.

La debilidad actual del Servel no es casual. La experiencia internacional sugiere que las agencias fiscalizadoras de la actividad política suelen ser débiles por diseño, porque quienes aprueban su institucionalidad son quienes son fiscalizados por ellas. El conflicto de interés es evidente, los incentivos para crear instituciones fuertes, escasos. Es por eso que las legislaciones que transparentan la política avanzan en base a escándalos y la presión ciudadana que estos originan. Es por eso que el caso Penta ofrece una oportunidad importante para mejorar la calidad de la política en Chile que se estaría desaprovechando si el proyecto que envía el Ejecutivo al Congreso la semana que viene no incluye la reforma que el Servel requiere con urgencia.

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