Más y mejor educación también pueden contribuir a la reducción del crimen

América Latina y el Caribe es la región con niveles más altos de crimen y violencia del mundo. Dado que en la última década la delincuencia se ha transformado en una de las preocupaciones más importantes para la región y en una de las principales demandas sociales dirigidas al Estado, hemos lanzado una serie de entradas sobre este problema. En continuación con nuestra entrada previa sobre la teoría económica del crimen, en este post nos ocuparemos de la educación como estrategia de disuasión del crimen. ¿Es posible reducir los índices de criminalidad, mejorando la educación de los delincuentes potenciales? Si es así, ¿es una medida costo-efectiva con respecto a otras estrategias de prevención del crimen?

El principal vínculo teórico entre el aumento de la educación y el comportamiento criminal es bastante directo: la educación aumenta las oportunidades de trabajos legítimos y sus salarios, lo que reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas. Esto es así porque en el marco de la teoría económica del crimen, los criminales son racionales y buscan maximizar su bienestar, es decir miden en términos monetarios los incentivos de realizar actividades legales versus ilegales (ver nuestra entrada previa).

También existen otros vínculos entre la educación y la disminución de la criminalidad. El costo de oportunidad de ser encarcelado es también mayor para aquellas personas que tienen el potencial de ganar altos salarios en actividades legítimas, pues estar en prisión implica tiempo fuera del mercado laboral. Por otra parte, la condena en sí misma ejerce un estigma social que actúa como un disuasivo adicional, el cual es probablemente más fuerte cuanto mayor educación tenga el individuo.

Por otro lado, la escolarización puede aumentar la paciencia exhibida por los individuos (como muestran Becker y Mulligan, 1997) o su aversión al riesgo. Individuos más pacientes y con más aversión al riesgo pondrán un mayor peso a la posibilidad de castigos futuros. Además, la escolaridad puede afectar también los gustos individuales por la delincuencia al modificar directamente los costos psíquicos de violar la ley.

Si bien desde el punto de vista teórico podemos identificar varios canales a través de los cuales la educación afecta al crimen, abordar empíricamente esta relación resulta más difícil. La causalidad que usualmente se predice va desde la educación al comportamiento criminal, es decir, una persona con poca educación es más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con mayor educación. Sin embargo, también debemos considerar que una persona con una propensión mayor a cometer delitos es menos probable que permanezca en la escuela en comparación con una persona que no es propensa a cometerlos.

Un estudio exhaustivo (Lochner y Moretti, 2004) aborda este potencial problema de endogeneidad utilizando los cambios en las leyes de asistencia escolar obligatoria por estado en el tiempo en EEUU para introducir una fuente de variación exógena en la educación. El estudio encuentra que la mayor educación reduce la tasa de criminalidad: un año extra de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la probabilidad de arresto y encarcelamiento. Además, un aumento en la tasa de graduación de la escuela secundaria no sólo tiene beneficios privados para los egresados, sino también beneficios sociales en términos de la reducción de los costos sociales de la delincuencia. Cuantitativamente, el estudio encuentra que un incremento de 1 por ciento en la tasa de graduación de la escuela secundaria en los hombres conduce a un ahorro de 1,4 mil millones de dólares por año por gastos no incurridos relacionados a los costos sociales de la delincuencia.

En esta misma línea de investigación, cambios en las leyes de asistencia obligatoria a la escuela en el Reino Unido, también mostraron efectos causales en la reducción de  crímenes contra la propiedad (Machin, Marie y Vujic, 2012). Sin embargo, no solo parece relevante el mayor nivel de educación, sino también la calidad de educación que se recibe. Deming (2011) estima el impacto de ir a diferentes tipos de escuela en el crimen. Para identificar un efecto causal, utiliza la asignación aleatoria a las mejores escuelas mediante una lotería en el distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg (EEUU). Siete años después del sorteo, los beneficiados  con la posibilidad de asistir a las mejores escuelas fueron arrestados con menor frecuencia y por menos días. El efecto es mayor en los jóvenes de mayor riesgo, quienes cometieron un 50 por ciento menos de crímenes en comparación con aquellos no beneficiados por la lotería.

La escuela y el efecto de incapacitación

Existe otra vía por medio de la cual la educación puede desempeñar un papel en la reducción de la tasa de criminalidad. El comportamiento criminal es posible que se caracterice por una fuerte dependencia de la trayectoria delictiva previa, por lo que la probabilidad de cometer un crimen hoy puede depender de la cantidad de delitos cometidos en el pasado. Al mantener a la juventud fuera de la calle y ocupada durante el día, la asistencia escolar puede tener efectos de largo plazo sobre la participación criminal.

Jacob y Lefgren (2003) examinan la tasa de delincuencia juvenil en días de asistencia escolar comparada con la tasa de criminalidad cuando la escuela no abre sus puertas, por ejemplo cuando los maestros se encuentran en sus días de capacitación ‒días en los que los estudiantes están excusados de asistir a la escuela ‒, o cuando hay vacaciones, feriados, etc. El hallazgo principal de este estudio es que el aumento de la asistencia escolar disminuye la tasa total de delitos contra la propiedad en un 14 por ciento. Sin embargo, también se encuentra que los crímenes violentos entre los jóvenes aumentan con la asistencia a la escuela en un 28 por ciento. Esto parece indicar que a medida que los jóvenes pasan más tiempo entre ellos, la probabilidad de ocurrencia de delitos violentos aumenta.

Educación y Crimen en América Latina y el Caribe

El Estado debe decidir cuántos recursos destinar a combatir el crimen y cómo distribuir esos recursos entre las distintas estrategias de disuasión del crimen. En esta entrada nos hemos focalizado en la educación como política de prevención del crimen. ¿Es una estrategia efectiva? Cualquiera sea el mecanismo subyacente, disponemos de buena evidencia empírica para apoyar la idea de que una mayor escolaridad reduce significativamente la participación delictiva.

La evidencia disponible del vínculo causal entre educación y crimen provienen del mundo desarrollado. No tenemos conocimiento de estudios de este tipo en la región, aunque las recomendaciones de política parecen propicias para nuestro caso también. En la región, una forma de reforzar esta conclusión es documentando la fuerte correlación existente entre el bajo nivel educativo y el delito mediante la caracterización de los victimarios en las prisiones o los centros socioeducativos (en el caso de menores de edad). Por ejemplo, del total de jóvenes infractores en centros socioeducativos de Espíritu Santo (Brasil) en 2013, el 82% no había terminado el ciclo básico (IASES 2013). En Jamaica, una encuesta penitenciara de 2012 (Jamaica Constabulary Force, 2012) reveló que el 62% indicaba educación secundaria incompleta como su nivel educativo, sin embargo, 75% provenía de escuelas no-tradicionales (de baja calidad educativa), y 38% fue arrestado por primera vez antes de los 19 años. En Uruguay, el 60% de los privados de libertad según el Censo Penitenciario de 2010 no había llegado a completar el primer ciclo de la escuela secundaria.

En cuanto al nivel educativo de los niños y jóvenes de la región en comparación con el resto del mundo, según datos de la UNESCO para 2012, se observa que ALC tiene una tasa relativamente alta de inscripción a la escuela primaria (93% en 2012, superior al 90% para los países de ingresos medios y bajos y cerca del 96% de los países de ingresos altos), y en menor medida en la escuela secundaria (73% en comparación con 60% para países de ingresos medios y bajos y 90% para países de ingresos altos). Sin embargo indicadores de la calidad de la educación muestran grandes deficiencias en la región. El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, más conocido como PISA (por sus siglas en inglés), compara el nivel educativo en matemática, lectura y ciencia de cerca de medio millón de adolescentes de 15 años en 65 países (que representan en conjunto cerca del 80% de la población mundial). En el 2012, ocho países de América Latina participaron del mismo (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay). En las tres materias, los países latinoamericanos se desempeñaron entre los 20 con peores resultados. Por ejemplo en matemáticas, todos los países de ALC menos Chile obtuvieron un puntaje promedio menor a 2 (de 6 niveles, 2 representa el umbral mínimo para contar con competencias básicas). Esto implica que los alumnos de la región en promedio no pueden interpretar ni reconocer preguntas que requieren más que una inferencia directa, ni usar algoritmos básicos, formulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros ni interpretar resultados literalmente.

Varios países de la región, bajo la premisa de que mejorar la educación o el tiempo de permanencia en la escuela reduciría el crimen, están tomando medidas dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar. Por ejemplo, en Jamaica se reforzarán 56 escuelas y, como parte de su programa de Seguridad Ciudadana, también se realizaran actividades para mejorar el comportamiento de los niños y su retención en el sistema escolar. En Brasil, el gobierno de Espíritu Santo lanzó en 2011 el Plan “Estado Presente” que constituye un esfuerzo de inversión pública en la construcción de nuevas escuelas, la modernización de la currícula para retener a los jóvenes en la escuela y la provisión de actividades extracurriculares. El caso de El Salvador es muy interesante ya que es uno de los países con mayores tasas de homicidios (43 homicidios por 100,000 habitantes – una tasa mayor a 10 se considera una epidemia por la Organización Mundial de la Salud), a la vez que se observa una alta participación de jóvenes en maras o pandillas. Como la participación en estos grupos y en actividades delictivas comienza a una edad temprana, el rol de la escuela es fundamental. El gobierno está implementando el Proyecto “Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica”, con un modelo de atención a niños y jóvenes en situación de riesgo. En Ciudad Delgado, una de las comunas más violentas,  se acaba de completar una prueba piloto de uno de estos Parques, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la que se promueven actividades para el uso positivo del tiempo libre y talleres de prevención de la violencia. Si bien estas actividades son para la comunidad, se desarrollan en la escuela que es el único anclaje institucional con espacio propicio para este proyecto. Esta es la primera experiencia de este tipo en una zona tan conflictiva.