Reforma Constitucional: Otra Ilusión

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Es muy posible que Chile adopte una nueva constitución. La actual es percibida como ilegítima y “tramposa”, lo que genera apatía política y dificulta la gobernabilidad. Pero, para que este proceso de renovación constitucional sea exitoso, es necesario tener una discusión amplia, democrática, e informada. Entre otras cosas, es necesario analizar las experiencias de otros países.

Debemos investigar qué tipo de constituciones funcionan y cuáles no andan. Entender cuáles logran sus objetivos y cuáles los frustran. Tener una idea de cómo son las cartas de los países con mayor protección de las libertades individuales. Estudiar qué países aseguran los derechos sociales a nivel constitucional, y cuáles no lo hacen. Comprender cómo son las constituciones en los países que fracasan, y qué tipo de carta tienen aquellos cuyos gobiernos violan los derechos ciudadanos en forma sistemática.

En breve, tenemos que aprender de “los otros”. Sólo así escaparemos de las dos trampas constitucionales más habituales: adoptar una carta fundamental excesivamente larga, recargada de detalles; y caer en el espejismo que una nueva constitución será el trampolín que ayudará a solucionar todos los problemas nacionales, incluyendo la segregación, la mala educación, y la desigualdad”.
Hasta ahora la discusión ha sido extremadamente localista y provinciana; una discusión repleta de clichés, errores, y de verdades a medias. Por aquí y por allá algunos comentarios -casi siempre equivocados- sobre la experiencia colombiana en 1991 y, prácticamente, nada más. Esto debe subsanarse.
La vida de “los otros”
Hasta hace unos años era difícil hacer estudios comparados que cubrieran a decenas de países. Había que saber varios idiomas, contar con una biblioteca completísima, y conseguir las últimas versiones de una infinidad de cartas fundamentales, incluso las de naciones poco conocidas y lejanas. Pero hoy en día este no es el caso. Resulta que las constituciones de 192 países se encuentran actualizadas y con todos sus detalles en la página web de Project Constitute.

Por ejemplo, cualquier persona puede consultar los detalles más exquisitos y alambicados de las constituciones de países como Burundi, Holanda, o Ecuador -una rápida visita a la página indica que la de Burundi es del 2005, la holandesa de 1815 y fue reformada en el 2008, y la de Ecuador es de 2008.

Más aún, esta visita nos informa que en Burundi la educación no es un derecho constitucional. En Ecuador, en contraste, la carta del 2008 define a la educación como un derecho social; es obligatoria y gratuita, y todos los ciudadanos tienen el mismo acceso a la educación superior. La página web de Project Constitute también nos informa que en esta materia Holanda es como Burundi: no hay provisiones constitucionales que salvaguarden a la educación -esto último sorprenderá a muchos, pero es así.

Esto, desde luego, no significa que en Holanda no haya educación gratuita u obligatoria, ni que ésta sea de mala calidad. Al contrario, la educación es excelente. Tanto es así, que en la prueba PISA de la Ocde de 2012, Holanda estuvo en los primeros lugares; entre los países Europeos sólo fue superada por Suiza. En contraste, Colombia y Perú, dos países que sí establecen que la educación es un derecho constitucional, están entre los cinco con peores resultados. Lo que pasa es simple: aún sin un mandato constitucional, en Holanda se han seguido políticas educacionales exitosas. En Colombia y Perú, a pesar de las provisiones constitucionales, las políticas educativas son un desastre.

Derechos constitucionales sociales
El ejercicio anterior se puede hacer en forma sistemática y bastante generalizada. Por ejemplo, la información constitucional de Project Constitute se puede combinar con la de Human Rights Watch sobre derechos humanos, con la de Transparencia Internacional sobre corrupción, con la de los informes de Freedom House sobre libertad de prensa, con los de la misma Freedom House sobre independencia del sistema judicial, con la del Fraser Institute sobre protección de los derechos de propiedad, y con los datos del Human Development Index sobre condiciones sociales.

Todos estos ejercicios son valiosísimos, y nos ayudarían a aprender las valiosas lecciones de otros países; nos permitiría adoptar las mejores prácticas y evitar los errores y trampas en las que han caído otras naciones.

En un estudio reciente, el economista Alvaro García Marín y yo usamos los datos de la prueba PISA, rendida por 65 países en el año 2012, para analizar la relación entre derechos constitucionales que protegen a la educación, y la calidad de la misma.

Nuestro análisis indica que no hay ninguna relación estadística entre el grado de protección constitucional de la educación y la calidad del sistema educativo.

Estos resultados muestran que la realidad de estos 65 países cubre todas las combinaciones posibles: países sin provisiones sobre educación con buenos resultados en la PISA (Noruega, Australia), países con alguna protección constitucional y altos puntajes (Japón, China), y países con protección máxima y pésimos resultados (el caso paradigmático es Perú, ubicado en el último lugar entre los 65 países que participaron en la PISA).

Los resultados de este estudio indican, con claridad, que otorgarle a la educación el rango de derecho constitucional no es una condición ni suficiente ni necesaria para tener una educación de calidad.
La calidad de la educación -medida por los puntajes de la PISA-, no tiene que ver con lo que se escriba en la Carta Fundamental.

La calidad educativa tiene que ver con la infraestructura escolar -por ejemplo, tener una biblioteca bien surtida en el colegio es muy positivo-, con el presupuesto por estudiante, con las condiciones socio-culturales de las familias, y con la calidad de los profesores (nivel de entrenamiento, certificación y otros).

Algunas de estas variables se pueden cambiar por leyes y reglamentos; otras (como el entorno familiar) son difíciles de alterar en el corto y mediano plazo.

Y como el entorno familiar es tan importante y tan difícil de cambiar en el corto plazo, prácticamente todos los expertos coinciden en que una educación preescolar universal y de calidad es necesaria para tener un sistema educativo exitoso que responda a las exigencias del siglo XXI.

Sí, lo más probable es que Chile adopte una nueva Constitución. Pero pensar que en este acto -por muy legítimo y simbólico que sea- va a generar políticas sensatas y resultados positivos, es una ilusión.

Cambiar la Carta Fundamental no es un sustituto de las buenas políticas. Con o sin nueva Constitución, lo importante es mejorar los currículos, exigirle al colegio de profesores que se alinee con los objetivos de calidad -cosa que parece cada vez más difícil e improbable-, darles poder de decisión a los padres, mejorar la infraestructura, crear bibliotecas, INVERTIR fuertemente en la educación pre-escolar y en los primeros años de la enseñanza básica.

Tristemente, no nos estamos moviendo en esa dirección. El proyecto aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados no tendrá ningún efecto sobre la calidad, no mejorará el rendimiento de los niños de escasos recursos, ni los prepara para tener mejores TRABAJOS O ser mejores ciudadanos. Es una reforma trunca, que al ignorar todo lo relacionado con la calidad, pone a nuestra juventud en peligro. Es probable, incluso, que la calidad de la educación baje, y que el rendimiento de nuestros niños deje de ser el más alto de la región. Se corren riesgos con nuestra juventud, y eso es irresponsable.

One Comment

  1. Que la constitución afirme derechos sirve para que el gobierno tenga prohibido violarlos. Pero como dice este artículo, eso no garantiza que sí se cumplan los derechos.

    La constitución también establece reglas, por ejemplo el sistema electoral. Eso afecta directamente el funcionamiento del país, por ejemplo si facilita las mayorías absolutas y la exclusión de los partidos chicos en el parlamento.

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