Del MOP-Gate al Penta-Gate

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Según trascendió la semana pasada, el chofer del senador Iván Moreira habría extendido una boleta por varios millones de pesos al grupo Penta por trabajos eléctricos que aparentemente no realizó. Moreira no sería el único parlamentario UDI involucrado en fórmulas irregulares de financiamiento de la política. “Todas las campañas políticas se mueven así. Gran parte del financiamiento se hace por gastos reservados, pero en los montos más chicos, cuando falta dinero, se usan estas prestaciones por servicios falsos” indicó al Clinic un ex candidato gremialista.

“Tengo las cuentas claras”, respondió el senador Moreira ante las acusaciones anteriores. “Mi rendición electoral fue aprobada por el Servel y es pública”, argumentó el lunes de esta semana en La Segunda.

Del MOP-Gate

La legislación que regula la relación entre dinero y política data de 2003. La débil posición en que se encontraba el gobierno de la época probablemente explica por qué esta legislación favorece a sectores de derecha. Este proyecto, junto a la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, fueron parte central del acuerdo Insulza-Longueira que permitió al gobierno de Lagos sortear la difícil encrucijada planteada por el caso MOP-Gate.

Más que resumir su contenido, el título del proyecto de ley que regula la relación entre dinero y política en la actualidad, “Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, es un buen resumen de sus falencias.

Primero, los mecanismos de financiamiento contemplados en la ley son cualquier cosa, menos transparentes. Toda donación privada superior a 20 UF debe realizarse mediante el mecanismo de “donación reservada”, opción que supuestamente asegura que ni los candidatos ni la ciudadanía conocen la identidad de los donantes. De esta manera, se argumentó en su momento, se evita que los parlamentarios les deban favores a sus financistas.

El principal beneficiado de las donaciones reservadas ha sido la UDI, casi la mitad de los montos que ingresaron mediante este mecanismo en las elecciones parlamentarias del 2009 favorecieron a este partido.

La Ley 19.884 también incluyó beneficios tributarios para donaciones de empresas. Curiosamente, dichos beneficios no se contemplaron para donaciones de personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro.

La Ley 19.884 considera un financiamiento público de las campañas electorales que, siendo inferior al financiamiento privado, también es importante. Este financiamiento es proporcional al número de votos obtenido por cada candidato. En cambio, en la actualidad no existe financiamiento público de los partidos políticos, de modo que estos dependen en un 100 por ciento de donaciones privadas.

En la práctica, las donaciones reservadas no han funcionando como se prometió. Son muchas las elecciones, sobre todo de diputados y alcaldes, donde el número de donantes es muy reducido, de modo que es fácil para un candidato coordinarse con su benefactor y verificar si realizó la donación prometida.Es decir, los candidatos saben quiénes los financian y son sólo los ciudadanos quienes no saben. No exactamente el concepto de transparencia que uno quisiera.

El título de la ley también habla de límite y control de gasto. Hay acuerdo unánime entre analistas y políticos de que los límites al gasto electoral contemplados en la legislación actual no se cumplen. “No es posible que los candidatos gasten tanto, que empiecen la propaganda antes del período electoral, que gasten mucho más de lo que declaran”, afirmó el presidente del consejo del Servel esta semana en La Tercera. En una encuesta realizada por Chile Transparente a los candidatos a alcalde del 2008, más de la mitad afirmó que los límites de gasto no se habían respetado.

Débil por diseño

La Ley 19.884 entregó al Servel la misión, pero no las atribuciones ni los recursos, para ?scalizar el cumplimiento de la normativa sobre límites de gasto electoral. En la actualidad el Servel se limita a revisar que las boletas y facturas que rinde un candidato sumen los ingresos que obtuvo por vía legal. Si ingresaron 300 millones, el Servel chequea que las boletas y facturas que rinde el candidato sumen 300 millones. Esa es la rendición a que se refiere el senador Moreira.

Sin embargo, si además el candidato gastó 150 millones que obtuvo de manera ilegal, por ejemplo mediante boletas entregadas por su chofer por servicios no prestados, el Servel no podrá detectarlo, porque no cuenta con una estimación de cuánto gastó cada candidato.

Para que el Servel pueda detectar platas irregulares debe fiscalizar en terreno los gastos electorales. Así, si el Servel concluye que un candidato gastó 450 millones de pesos y el candidato sólo rinde cuenta por 300 millones, el ente fiscalizador podrá exigir al candidato que explique de dónde salió la diferencia. La fiscalización en terreno también servirá para asegurar que los candidatos no excedan los límites de gasto.

A comienzos de septiembre, el Consejo Directivo del Servel le planteó a la Presidenta Bachelet la necesidad de contar con las atribuciones necesarias para poder fiscalizar la relación entre política y dinero. Las atribuciones que tiene el Servicio Electoral (Servel) en la actualidad no sirven para abordar casos como el Penta-Gate afirmó Patricio Santa María, presidente del consejo del Servel, en La Tercera esta semana.

La nueva savia

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó indicaciones presentadas por los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Jackson (Revolución Democrática) para poner fin a las donaciones reservadas y las donaciones de empresas. Estas indicaciones serán votadas próximamente en el Senado.

Si los dueños de empresas desean financiar la política, lo más razonable es que lo hagan en calidad de individuos, no a través de sus empresas. Quienes votan son los ciudadanos, quienes financian la política también debieran ser los ciudadanos. Yendo en contra de la opinión mayoritaria de su sector, el presidente de la CPC declaró el domingo en el programa Estado Nacional que era contrario al financiamiento de la política por parte de las empresas.

Las donaciones reservadas son un invento criollo un tanto voluntarista que no ha evitado que los parlamentarios deban favores a sus financistas, tal como lo ilustra lo sucedido con la Ley de Pesca y la diputada Isasi. Todas las donaciones significativas debieran ser públicas.

Una reforma del Servel, con nuevas atribuciones y más recursos es clave si se desea detectar platas negras en la política. La aprobación de las indicaciones de los diputados Jackson y Mirovesic requiere fortalecer el Servel si se desea evitar un incremento de las platas negras en política.

Desde hace años que se viene planteando la necesidad de contar con financiamiento estatal estable para los partidos, condicionado al cumplimiento de una serie de virtudes cívicas. Una reforma de los partidos políticos es un tema que sigue pendiente.

Una cancha más pareja

Para asegurar la igualdad de oportunidades en la cancha donde compiten las propuestas políticas se debe limitar la influencia del dinero. Una cancha pareja, donde las distintas visiones de sociedad se confrontan en base a sus méritos y su capacidad de persuasión y no en base a diferencias en los ingresos de quienes las sustentan debiera ser el ideal al que apunta una legislación de financiamiento electoral. Con parlamentarios que no deben favores a sus financistas, con ciudadanos que conocen quienes financian a sus representantes.

La legislación actual dista mucho de este ideal, las indicaciones aprobadas por la Cámara de Diputados constituyen avances importantes. El gobierno debe complementar estas indicaciones enviando un proyecto que fortalezca al Servel y provea financiamiento estable a los partidos.

One Comment

  1. Daniel Birrell R. says:

    Estimado Sr. Engel,

    La otra cara de la moneda es el uso del aparato estatal con fines electorales y el financiamiento de campañas por medio de malversación de fondos públicos. Prácticas que también han sido usuales en nuestra política (y que no han sido particularmente condenadas, tal vez porque por largo tiempo se jugó al “empate”).

    Otra forma de “financiamiento postergado” es el clientelismo político: Vota por mi y te entrego “algo” después (por ejemplo, educación superior gratuita, pero mañana puede ser una fiesta de subsidios “a la argentina”). El “ofertón” fue muy tentador en un país con buen rating de crédito y con fuerzas políticas (hasta hace poco) equiparadas.

    ¿Cual es el valor económico de un cargo de senador? El valor presente del diferencial de sueldo entre el cargo y su mejor alternativa. Es decir, el “imán económico” del cargo es más alto para personas con menor capital humano. En ese estricto sentido la política resulta más “rentable” para quien tiene menor capacidad de generación económica.

    ¿Cuanto cuesta la campaña? Si denominamos “exceso de gasto” a la fracción no reembolsable de los gastos, y si además ese exceso no guarda proporción con el imán económico antes citado, entonces el ejercicio de la política (hoy) genera una pérdida. Por tanto goza de una rentabilidad “oculta” que valdría la pena indagar.

    Para “nivelar la cancha” sería conveniente (pero políticamente incorrecto) poner requisitos mínimos a los postulantes a los cargos, además de limitar el gasto de campaña (ojalá 100% potencialmente reembolsable) y de financiar a los partidos. Todo con objeto de desincentivar la mala política.

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