Financiamiento electoral: la hora de transparentar

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El año 2012, el Congreso tuvo una oportunidad única para mejorar la distribución del ingreso en Chile. Vencían las cuotas de pesca asignadas a un pequeño número de empresas una década antes y varios expertos propusieron licitar las nuevas cuotas de modo que cientos de millones de dólares en rentas favorecieran a toda la ciudadanía. Los legisladores dejaron pasar esta oportunidad y optaron por reasignar las rentas a los mismos propietarios que se habían beneficiado de ellas históricamente, ya no por una década, sino que, para todos los efectos prácticos, indefinidamente.
Hace unos días, el Consejo de Defensa del Estado sindicó a quien fuera gerente general de Corpesca como autor del delito de soborno por $25 millones a favor de la ex parlamantaria Marta Isasi para que votara a favor de los intereses de la empresa en la tramitación de la Ley de Pesca. El ejecutivo reconoció también que en 2009 entregó fondos para las campañas electorales de esta diputada y otros parlamentarios, por la vía de donaciones que se conocen como “reservadas”. Los mismos candidatos se le acercaban a pedírselos, manifestó el gerente.

Con la legislación vigente para financiamiento de las campañas electorales (Ley 19.884 del año 2003), cerca de la mitad del financiamiento proviene de donaciones privadas. De este, el 74% corresponde a estas mal llamadas donaciones reservadas. En la práctica, este mecanismo hace que solo la ciudadanía desconozca al donante, mientras que este dispone de múltiples vías para informar de su donación a los candidatos.

Cuando en tres meses más entre en vigencia la ley del lobby , cuyo propósito principal es transparentar la agenda de las autoridades públicas, ¿será suficiente saber que un ministro o congresista se reunió con representantes de una compañía, si los ciudadanos desconocen los aportes a la campaña que esa empresa realizó al parlamentario o al partido del ministro?

Hoy, el debate sobre el financiamiento de las campañas vuelve a cobrar vigencia, a partir de la indicación que los diputados Jackson y Mirosevic introdujeron en el proyecto de reforma al sistema binominal, que será votado próximamente en el Senado luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Con esta indicación se eliminan los aportes de personas jurídicas y la figura de donaciones reservadas. La propuesta es adecuada y necesaria.

Las personas jurídicas, en cuanto no votan ni ejercen ciudadanía, no debiesen justificar el financiamiento de la política como manifestación de una libertad de expresión que es propia y exclusiva de personas naturales. Por eso resulta inexplicable la norma actual que, contrariando lo anterior, concede beneficios tributarios a las donaciones de empresas, pero niega tal beneficio a los ciudadanos. Menos razonable aún es que se beneficien tributariamente las donaciones reservadas que, como ya vimos, suelen ser opacas para el público, pero peligrosamente transparentes y significativas para quien las recibe, al punto que para algunos parlamentarios estos aportes representan más del 99% del gasto en campaña.

Con el proyecto de reforma electoral en el Senado se han suscitado debates en torno a esta indicación y llama la atención que uno de los argumentos en contra sea que, en ausencia de donaciones reservadas, se promoverían los aportes por debajo de la mesa. Es cierto que en la actualidad el Servel no fiscaliza en terreno que el gasto en campaña corresponda al monto declarado en la rendición de los candidatos, lo cual abre la puerta para el ingreso de platas negras. Sin embargo, la solución pasa por dotar al Servel de recursos e independencia para fiscalizar e incrementar la severidad y capacidad disuasiva de las sanciones en caso de infracción.

Para que nuestra democracia respete el principio de igualdad de todos los ciudadanos es necesario eliminar las donaciones reservadas y los aportes de personas jurídicas. Es imprescindible que sea la transparencia la que prime cuando se trate de donaciones que por su magnitud pueden desequilibrar la representación democrática. Solo así los ciudadanos podrán juzgar con todos los antecedentes sobre la mesa la idoneidad de sus posibles representantes. El peso del dinero y las empresas en el mercado no debiera traspasarse a la competencia política. Solo así se evitará que los grupos de interés se escondan en la opacidad para influir sobre las leyes que aprueba el Congreso.

Es el momento de asegurar que casos como los de la ex diputada Isasi no vuelvan a suceder.