Las prioridades de política pública para el próximo gobierno: mis deseos por una opción de izquierda capaz de pensar en lo sustantivo

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@MelendezMarcela

Colombia ha sido tradicionalmente un país de centro-derecha, donde la izquierda al menos en el imaginario mental de la mayoría de los Colombianos se asocia primero con la guerrilla que con una alternativa política progresista, con propuestas concretas. Esto es así, porque en Colombia una de las cosas más tristes que ocurren es que no existe realmente un partido cohesionado de izquierda o centro-izquierda capaz de impulsar las reformas que tendrían una probabilidad alta de conseguir el tránsito hacia una sociedad más igualitaria. La izquierda colombiana congrega alguna gente excepcionalmente valiosa que no tiene realmente una visión compartida de política pública y que se desgasta con frecuencia en las peleas equivocadas. Por ejemplo, una de las banderas del Polo Democrático para impulsar su candidata a la Presidencia de la República es la renegociación de los tratados de libre comercio para lograr “condiciones más justas” y no la discusión más profunda acerca del origen de nuestra limitada capacidad de competir en los mercados internacionales y de enfrentar la competencia de las importaciones. Y mientras tanto no se oye ni al Polo Democrático ni a la Alianza Verde plantear una propuesta concreta sobre reformas a la política para la atención a la primera infancia o sobre reformas a la educación básica y media, que son claves tanto para lograr una sociedad con mayor movilidad social y más equitativa, como para poner al país en una mejor senda de productividad y crecimiento, que le permita enfrentar orgullosamente la competencia de otros países. Tampoco se oye a la izquierda fragmentada plantear una propuesta de política tributaria, que permita fondear un gasto social bien pensado, cobrándole realmente impuestos a los más ricos de Colombia.

El debate de política pública en esta etapa preelectoral tiene lugar en la “patria boba”, en los extremos donde nos obcecamos, nos insultamos y se habla muy poco de lo sustantivo.

Con esta preocupación en mente quiero llamar nuevamente la atención sobre los documentos de política producidos en el marco de la “Misión de Equidad y Movilidad Social” por un grupo de académicos que dedican buena parte de su vida profesional a pensar en las rutas de reforma necesarias para convertir a Colombia en un país más desarrollado y más igualitario. [1]

Raquel Bernal y Adriana Camacho en su discusión acerca de las políticas necesarias para atender adecuadamente a los niños en la primera infancia proponen, por ejemplo, una transformación completa de los hogares comunitarios del ICBF: recomiendan que en zonas urbanas estos hogares sean reemplazados completamente por Centros de Atención Infantil Integral (CAII), dotados de infraestructura adecuada, currículos y objetivos de enseñanza bien establecidos y estándares de calidad apropiados en materia de nutrición, salud, cuidado y educación inicial – en línea con la propuesta de la estrategia “De Cero a Siempre”. Como la transformación de casi 80 mil hogares comunitarios es costosa y complicada,  su trabajo propone  un período de transición de 5 años y cuantifica la inversión necesaria de esta transición. Para los niños más pobres de 3 y 4 años, identifican, además, la necesidad de un enorme esfuerzo en aumento de cobertura, que debe pasar de las mediocres cifras de hoy –de 32% para los niños de 3 años y 43% para los de 4 años- al 100%. Su propuesta prevé una transición que tiene en cuenta la restricción de recursos, entre ellos, la falta de infraestructura, de personal calificado y la  fragilidad institucional. También en este caso hay una propuesta concreta cuantificada.  Insisten también en que la política de la primera infancia en Colombia debe ser liderada por una entidad de nivel ministerial independiente, capaz de articular las distintas orientaciones y realizar su defensa y promoción frente a la sociedad y las demás instancias del Estado, centralizando en este nivel ministerial la financiación y el establecimiento de metas para todo el país. En el nuevo contexto institucional que proponen, el ICBF se concentraría exclusivamente en la atención a los menores, junto con otras entidades ejecutoras del orden municipal y distrital y del sector privado y numerosas funciones de las que hoy realiza (como distribuir almuerzos escolares, hacer de agencia de adopción y cumplir funciones judiciales y semi-judiciales) se encomendarían a otras entidades del Estado. Si se adoptan la políticas propuestas, el gasto anual en atención a la primera infancia debería pasar de cerca de 0.3% del PIB en la actualidad a 0.6%, con cargo  al presupuesto general de la Nación. El costo adicional de las inversiones necesarias en infraestructura y dotación de centros para lograr la cobertura completa se estima en aproximadamente US$5.000 millones.

Felipe Barrera, Catherine Rodríguez y Darío Maldonado discuten en su documento propuestas para mejorar la calidad de la educación básica y media. Proponen, por ejemplo, otorgar mayor autonomía a los colegios públicos y, en particular, a sus directivas, para hacerlos menos dependientes de las secretarías de educación y, en general, del proceso político y sindical. Sugieren que los recursos presupuestales lleguen directamente a los colegios más avanzados y que exista autonomía para que estos puedan asignarlos a las prioridades de su propio proyecto escolar. Y proponen que a los rectores se les de la capacidad de tomar  decisiones en asuntos administrativos y académicos, con controles externos adecuados, mientras se desarrollan programas para capacitarlos de modo que puedan desempeñar adecuadamente labores directivas.  Ante el hecho de que sólo 10% de los colegios públicos tienen jornada completa –una de las mayores desventajas frente a los colegios privados–, los autores proponen un plan para elevar la jornada escolar de los colegios públicos de 6 a 8 horas diarias. Este plan tendría un costo de inversión en infraestructura de 1.2% del PIB y un costo anual adicional de 0.6% del PIB en funcionamiento. Por el tamaño del esfuerzo presupuestal y la complejidad de los ajustes requeridos, recomiendan que este plan se lleve a cabo, como en Chile, en un período de diez años. Proponen también cuatro programas concretos dirigidos a mejorar la formación de los docentes, que deberían implementarse en forma simultánea.

No me alcanza el espacio de esta entrada para presentar en detalle el contenido de estos documentos, ni de los otros nueve documentos de política preparados pensando en lo necesario para lograr un país más equitativo y más justo[2]. Como anuncié al principio, mi intención es volver a llamar la atención sobre un esfuerzo que no tiene colores políticos y que se ocupa más de lo sustantivo que el debate público de nuestros candidatos, a ver si nos despabilamos un poco.

Ojalá que pudiéramos construir en Colombia una verdadera alternativa de centro-izquierda que tenga una visión clara de largo plazo sobre la sociedad deseada y deseable y una propuesta estudiada concreta sobre los pasos que deben darse para andar en esa dirección.



[1] La Misión de Equidad y Movilidad Social fue un ejercicio impulsado por Hernando José Gómez durante su paso por la dirección de Departamento Nacional de Planeación, que bajo la dirección de Tatyana Orozco ha vuelto a estar en el foco de atención de la entidad  – el interés más concreto en discutir reformas para subsanar la desigualdad y mejorar la movilidad social es hasta ahora del gobierno de Juan Manuel Santos.

[2] Los documentos completos están disponibles aquí. Los resultados de algunos de los documentos se han discutido en Foco Económico: aquíaquíaquí y aquí.

2 Comments

  1. Carlos Guzmán says:

    Marcela, sus deseos de una opción de izquierda capaz de pensar en lo sustantivo,pueden hacerse realidad si muchos investigadores formulantes de política(como los que usd menciona en esta entrada), se convierten en hacedores de las mismas. Es conveniente que muchos investigadores se atrevan a entrar en la política.

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