Argentina, de nuevo. De nuevo

Nuevamente, rabia y tristeza. Otra vez esperanzas fallidas y una crisis que, en muchos aspectos, es peor que las muchas y muy graves que hemos sufrido.

Guillermo O´Donnell, 1991

 En medio del desastre de la hiperinflación,  el gran Guillermo O´Donnell escribió “Argentina, de nuevo”.  Su argumento era el siguiente: a pesar de la pesada herencia que había dejado el régimen militar, que limitó en múltiples aspectos al gobierno de Alfonsín, la terrible crisis era el resultado del populismo, el estatismo extremo y la política económica implementada por la administración radical. Curiosamente (o no tanto), estos mismos factores permiten entender la crisis que vive otra vez la Argentina y que con peculiar contundencia se puso de manifiesto en los últimos días con una ola de saqueos, violencia y descontrol en el contexto de un extendido conflicto salarial que involucra a casi todas las policías provinciales. Hasta ahora hay doce víctimas fatales, unos 500 detenidos en todo el país y pérdidas patrimoniales incalculables, más una situación de fractura dentro de las policías y en relación con la sociedad y la política.

Es indudable que la derrota electoral de octubre pasado y la enfermedad de CFK precipitaron una puja por la sucesión presidencial dentro y fuera del peronismo, mientras que una sensación de vacío de poder no logró ser disimulada ni mucho menos revertida con la designación de Jorge Capitanich, hasta entonces gobernador de Chaco, como Jefe del Gabinete de Ministros. Parecía sin embargo que estaba garantizada la estabilidad política: el FPV seguía controlando el Congreso; la Presidenta, aunque debilitada, había recuperado algo de imagen y capitalizaba la fragmentación de las distintas fuerzas de la oposición, sólo preocupadas en transitar el camino hacia el 2015 conservando o aumentando sus chances de lograr el poder; el gobierno había logrado aprobar el presupuesto para el 2014, incluyendo la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que permite una vez más el uso discrecional de los recursos públicos.

En pocos días, y fruto de una innumerable y generalizada serie de errores y torpezas irresponsables, Argentina inició una secuencia de episodios gravísimos que pueden lamentablemente repetirse e incluso agravarse en los próximos días –el 19 y el 20 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y hay fuertes rumores de que podrían repetirse los saqueos, sobre todo (pero no solamente) en los grandes centros urbanos. El gobierno nacional está coordinando con las provincias más pobladas (Buenos Aires en particular) brigadas anti saqueos. Y la recomendación oficial a los supermercados ha sido que preparen “bolsas de comida” en caso de que reciban amenazas de grupos de potenciales saqueadores en un gesto de “responsabilidad social empresaria” (sic).

¿Cómo es posible que justamente cuando se cumplen 30 años de transición a la democracia, Argentina vuelva a vivir circunstancias tan extremas? ¿Es la Argentina un “estado fracasado”, es decir, tiene condiciones estructurales que impiden la gobernabilidad? En relación a la presente crisis, ¿se trata, como argumenta el gobierno, de una conspiración de grupos autoritarios que no se adaptan a vivir en democracia? ¿Están las policías provinciales cooptadas por el narcotráfico y utilizan el reclamo salarial simplemente como excusa para generar caos y demostrar la inhabilidad de los respectivos gobiernos? Intentaré reflexionar brevemente sobre estos interrogantes.

  1. Argentina carece de la infraestructura institucional básica para garantizar estabilidad política, gobernabilidad democrática, reglas claras para promover un desarrollo con equidad, protección de los derechos de propiedad y mecanismos efectivos y sustentables de movilidad social ascendente. Lejos de ser un fenómeno reciente, se trata de un proceso de larga duración que ya lleva más de ocho décadas y que fuimos incapaces de detener, mucho menos revertir. Esto explica que el país sufra crisis recurrentes, y que cada tanto sea posible titular una columna de este tenor “Argentina, de nuevo”.
  2. Argentina no puede definirse como un “Estado fracasado” (failed state, para una crítica de este índice, ver aquí) , sino que es un Estado que fracasa sistemáticamente en proveer los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, cuidado del medio ambiente), tanto a nivel federal, provincial y municipal. La diferencia no es menor: si bien no existen profundos conflictos entre grupos, regiones y/o elites que ponen en juego la paz interior y la integridad territorial, tampoco el país alcanza consensos duraderos sobre cómo superar problemas bastante básicos que han sido generalmente resueltos en países similares. El ejemplo más notable, pero de ningún modo el único, es la inflación. Asimismo, esos fracasos no están distribuidos de manera homogénea en términos sociales o geográficos. Por el contrario, la calidad de los bienes públicos que provee el Estado se correlaciona positivamente con el nivel de ingreso de sus habitantes: las zonas más afluentes y con poblaciones mejor educadas gozan de mejores servicios públicos que las más pobres y marginales. El Estado es una aparato pro cíclico, que acentúa (lejos de mitigar) las diferencias de ingreso y riqueza.
  3. La versión oficial respecto de estos episodios es que existen grupos enquistados en las policías provinciales que se resisten a aceptar el avance de la democracia, lo que explica el timing de la crisis (justamente el 30º aniversario del retorno al orden constitucional). Siguiendo el concepto de bolsones o enclaves autoritarios elaborado por el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, el supuesto es que existen grupos o instituciones dentro del aparato del Estado y/o del sistema político que mantienen valores y actitudes del “antiguo régimen” y que logran encapsularse y resistir al imperio de la ley y los procesos de control previsto en el orden democrático. Es difícil desestimar in toto esta visión del problema – hay múltiple evidencia de los abusos por parte de las fuerzas policiales a jóvenes, mujeres, minorías étnicas, inmigrantes y otros grupos vulnerables, incluyendo el uso de torturas y apremios ilegales. Sin embargo, también es cierto que el poder político ha tolerado e incluso alimentado semejantes comportamientos. Asimismo, hay y hubo complicidad por parte de todas las autoridades políticas con este grado relativamente alto de aislamiento de las fuerzas policiales, así como de su falta de preparación, tecnología, recursos, etc., para poder desarrollar lo que en teoría es su misión. Además, ese diagnóstico del gobierno desconoce que hace más de una década que el kirchnerismo gobierna en la Argentina, incluyendo la mayoría de las provincias, y que nunca hasta ahora hubo una política pública o al menos un diagnóstico comunicado sobre ese estado de cosas. Finalmente, ¿cómo es posible que el aparato de inteligencia del Estado, o más precisamente las distintas agencias destinadas a esa función, hayan ignorado que se estaba gestando semejante grado de conflictividad dentro de las fuerzas policiales provinciales? ¿Sabían y no hicieron nada, o ni siquiera estaban enterados? En cualquiera de ambos casos, las conclusiones son extremadamente graves. Si en efecto existen enclaves autoritarios en las fuerzas policiales e incluso en los servicios penitenciarios, esto fue posible por la complicidad del poder político. Cualquier propuesta de reforma creíble y consistente debe reconocer este fenómeno y establecer mecanismos efectivos para evitar que se perpetúen estos círculos viciosos.
  4. Las crisis policiales recientes tanto en Santa Fé como en Córdoba sugieren que ya hay un grado muy preocupante de penetración del fenómeno narco en las fuerzas policiales provinciales. Queda pendiente, entonces, una investigación seria y objetiva sobre este fenómeno, incluyendo ciertamente a las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura). Hasta ahora, y esto no es casual, el foco del gobierno a través de la investigación de la Procuradora Gils Carbó fue en provincias gobernadas por líderes enfrentados con CFK. ¿Acaso son las otras policías provinciales ajenas al fenómeno narco, incluyendo aquellas de provincias limítrofes con Bolivia y Paraguay (gobernadas por líderes afines al kirchnerismo)? Pero al margen de este fenómeno, que es mucho más que una amenaza, el conflicto con las policías podría explicarse perfectamente mirando los niveles salariales actuales en un contexto de alta inflación: los policías ganaban muy mal, recibían sumas no remunerativas que no se tienen en cuenta en el cálculo de las jubilaciones, viven además en áreas marginales y carecen de legitimidad y prestigio social. ¿Cuánto cuesta mantener un policía honesto? ¿Qué nivel de corrupción ha venido tolerando el poder político dentro de las fuerzas policiales? ¿Ha sido ese nivel una constante a lo largo de los años, o se ha incrementado la tolerancia con la ilegalidad y los vínculos con el mundo del crimen?

Un comentario final: la política argentina suele tentarse con los ideales de la igualdad y con el avance de los derechos de última generación, sin considerar que carece aún de los fundamentos institucionales para garantizar la estabilidad y la paz social. Como advirtió Waldo Ansaldi también hace más de dos décadas, soñamos con Rousseau para despertar con Hobbes. Como decían nuestras abuelas, primero lo primero.