Por qué Familias en Acción es una buena idea pero Jóvenes en Acción no tanto

El modelo es bien conocido. Para incentivar a que las madres manden a sus hijos al colegio el Estado entrega un monto en efectivo a cambio de que los niños asistan a clases un mínimo de días, aparte de otras condiciones. La lógica detrás es bastante clara también. Aunque las madres quieren lo mejor para cada uno de sus hijos, intentando hacer lo mejor por el hogar (incluidas ellas) es probable que decidan invertir menos en educación que el nivel al que se llegaría si se maximizara la utilidad de cada uno de sus hijos por separado.

En este sentido, las transferencias condicionadas atacan un problema de restricción de liquidez muy particular. Por un lado madres de bajos recursos probablemente no tienen los medios suficientes para enviar a sus hijos al colegio, por lo que es deseable eliminar esa restricción entregándole recursos, aunque en principio un crédito podría cumplir este objetivo, la peculiar naturaleza de la restricción de liquidez en este contexto hacen que el crédito no solucione el problema adecuadamente.

En efecto, incluso si las madres tuvieran acceso al mercado financiero, no es claro que invertirían en cada uno de sus hijos la cantidad óptima, dado que los retornos de la inversión, y por ende los recursos que se deberían destinar a pagar el crédito, no van a ser recibidos por la madre, sino, eventualmente, por el niño. Lo que hace muy particular el problema de inversión cuando la decisión es de los padres es que los que toman la decisión no son los mismos que perciben los beneficios de ésta.

Este problema de liquidez ni siquiera la existencia de un sector financiero normal lo solucionaría, simplemente porque no es posible para un niño endeudarse, ni tampoco es posible para una madre endeudar a su hijo. Aunque el problema es fundamentalmente uno de liquidez, la existencia de un mercado financiero no lo solucionaría porque la persona que toma la decisión de inversión no es la misma sobre la cual  van a caer los rendimientos de esa inversión. Por esta razón tiene sentido que el Estado entre a dar una motivación extra a la madre para que envíe al niño al colegio. Parafraseando a Gary Becker, quien escribió sobre el tema hace unos 15 años, en estas circunstancias es deseable “sobornar” a las madres para que envíen a sus hijos al colegio. La transferencia alinea los incentivos de las madres con el bienestar de los hijos, de una forma en la que el simple acceso al mercado financiero no podría hacerlo.

La situación con los jóvenes es muy distinta. En este contexto el problema también es de liquidez, pero con la diferencia que la persona que toma la decisión de inversión es la misma persona que percibe el grueso de los retornos de esa inversión, que es el joven. En el caso de los jóvenes no hay inventivos que alinear precisamente porque la persona que decide es la misma que recibe los retornos, en estos casos se vuelve a estar en un escenario donde simplemente eliminar las restricciones de liquidez con créditos solucionaría el problema.

Teniendo en cuenta el precario desarrollo de la banca colombiana y, más importante aún, dado lo mal colateral que es el capital humano (no se puede embargar), es claro que las restricciones de liquidez juegan un papel fundamental en la decisión de inversión en educación de los jóvenes. Para solucionar este cuello de botella el Estado podría ofrecer créditos no sólo para la matrícula sino también para la manutención, tal y como sucede en Estados Unidos.

Si lo que brindara el Estado para facilitar la manutención de los estudiantes fuera crédito y no subsidio, claramente los mismos recursos alcanzarían para financiar a un porcentaje más alto de jóvenes, o para mejorar la calidad de la educación básica de modo que los futuros graduados del colegio puedan decidir libremente si acceden a educación superior técnica o profesional, o si deciden entrar al mercado laboral, según sus preferencias y habilidades.

Sin embargo, el gobierno ha optado por entregar mesadas a jóvenes de bajos recursos condicionándolas a que asistan a programas de educación técnica. En lugar de solucionar el problema de liquidez a través de créditos (no solamente para matrícula sino también para manutención), se creó una distorsión mediante la cual se incentiva a jóvenes a participar en educación técnica cuando para algunos lo más productivo sería acceder a educación profesional y para otros entrar al mercado laboral.

Lo que viene

Al parecer el próximo año el programa de Jóvenes en Acción se va a extender a las universidades. Aunque esto suena a un avance en realidad está profundizando el problema. En Colombia la universidad pública tiene un nivel de subsidio relativamente alto por lo que abrir este programa a las universidades va a distorsionar un proceso de decisión ya bien distorsionado.

Nadie mejor que los jóvenes sabe si dedicar tiempo y recursos en educación superior es una opción atractiva para ellos, introducir el incentivo distorsiona esta decisión pues se empiezan a considerar factores como el acceso a una mesada del gobierno.

Es un error pensar que sólo porque Familias en Acción ha arrojado los resultados esperados el siguiente paso es extender el modelo a los jóvenes, como si el problema fuera el mismo en los dos contextos. De nuevo, mientras que el acceso al mercado financiero no soluciona el problema del no alineamiento de incentivos entre padres e hijos, sí lo soluciona en los jóvenes porque el que decide invertir es la misma persona que disfrutará los retornos de la inversión.

Claro, otra cosa es que el gobierno asuma que sabe que es mejor para la gente que la gente. En ese caso un programa que modifica el esquema de inventivos como Jóvenes en Acción sí sería el instrumento adecuado, ¿esa es la lógica detrás de esta política?