El legislador egoísta y la ley de primarias

FacebookGoogle+TwitterPrintFriendlyEmailWhatsApp

La ley no es un ejercicio razonado en busca del bien común. Más bien, es el resultado de la negociación entre intereses contrapuestos que, en un sistema democrático, se acomodan a través del juego de mayorías. De ahí que nuestras reglas reflejen crudamente estos acomodos.

El caso más emblemático por estos días es la ley de primarias y su proceso de reforma a través de una ley ‘express’. Como el Tribunal Constitucional detectó problemas en la norma aprobada y como los actores políticos visualizaron una serie de inconvenientes prácticos, entonces decidieron reformar una ley que ni siquiera se ha implementado.

¿Cuál era el interés original del legislador? Los objetivos eran todos loables: avanzar en mecanismos que permitieran mayores grados de transparencia en los procesos de selección de candidatos(as); resolver la brecha de representación entre el sistema político y la ciudadanía; permitir que la ciudadanía forme parte de la decisión sobre las candidaturas.

Pero el resultado se aparta mucho de aquel digno propósito. El principal y más relevante efecto será que aumentará la desigualdad en la competencia política. ¿Por qué? Primero, se trata de una ley que no considera ninguna regulación sobre publicidad. Nos enfrentamos a una verdadera ley de la selva dado que las candidaturas pueden hacer lo que quieran en materia de avisaje en las primarias. Esto perjudica notoriamente a aquellas candidaturas con menores recursos económicos y favorece a quienes cuentan con apoyo financiero para contratar avisos de radio, afiches, publicidad en diarios, arriendo de pancartas, etc. La “ley express” en discusión en el Congreso no aborda el tema, como tampoco aborda el tema de las sanciones a eventuales faltas

Se profundiza la desigualdad de competencia entre congresistas que van a la reelección y desafiantes que deben realizar un doble esfuerzo para llegar al Congreso

Tampoco la ley de primarias consideró financiamiento público para las candidaturas, sea éste directo o indirecto (acceso gratuito a medios de comunicación, por ejemplo). Con un sistema de primarias que depende de los recursos privados de los partidos y candidaturas se profundiza, nuevamente, la desigualdad de competencia. Esta ley incrementará el costo de llegar al Congreso o a la Presidencia, favoreciendo a quienes tengan mayores recursos para sustentar una campaña. Por ejemplo, no debiese extrañarnos una baja en la presencia de mujeres en el próximo Congreso producto, precisamente, de las mayores dificultades que tienen ellas en financiar sus propias campañas.

La situación del gasto en las primarias es tan absurda que las candidaturas deberán someter una declaración de gastos ante notario. El gasto se convierte en un acto de fe que no considera ni fiscalización ni sanciones. Y sabemos que la fe por si sola no es el mejor escudo para enfrentar las debilidades humanas.

La “ley express” que el Ejecutivo en su rol de colegislador envió hace unos días al Congreso plantea otro inconveniente. El proyecto abre la posibilidad para que los partidos puedan convocar a primarias solo en una de las dos candidaturas que el pacto debe llevar en un distrito o circunscripción. Con esta fórmula se permitiría que Congresistas actualmente en ejercicio puedan competir sin someterse a primarias, mientras la definición del compañero (a) de lista sí pase por esta selección. El candidato protegido no tendría que invertir recursos en la primaria; y eventualmente podría utilizar sus redes y conocimiento del distrito para favorecer candidatos débiles como compañero (a) de lista. Se profundiza la desigualdad de competencia entre congresistas que van a la reelección y desafiantes que deben realizar un doble esfuerzo para llegar al Congreso.

En definitiva, lo que se hace a través de esta ley (y lo que se pretende con la “ley express”) es profundizar la desigualdad de competencia. Los partidos decidirán dónde y bajo qué condiciones se compite; la publicidad quedará en manos de quien tenga más recursos; la rendición de gastos se transformó en un acto de fe; no existirán sanciones; no se considerarán medidas de acción afirmativa para resolver las brechas de representación. Resulta crudo decirlo pero la definición de esta norma ha estado más dominada por el egoísmo que por la justicia

 

 

Tags:

Deja un comentario