Un Efecto Inesperado de las Transferencias Condicionadas: reducciones en la tasa de crimen

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Por Adriana Camacho*

El Programa de Transferencias Condicionadas (PTC) Colombiano, Familias en Acción, se considera hoy en día como una política de Estado. Esto implica que el programa debe dar una cobertura universal para los hogares económicamente vulnerables (definidos por los puntos de corte de elegibilidad establecidos por el Departamento de Prosperidad Social) y con niños menores de 18 años. Las madres con niños entre 0 y 7 años reciben un subsidio de nutrición, y las madres con niños entre 7 y 17 años y que asistan al menos al 80% de las clases reciben un subsidio de educación. Ante la magnitud y cobertura del programa resulta muy relevante el mejor entendimiento de los efectos directos e indirectos que ha tenido el programa durante la última década de funcionamiento.

Recientemente la Universidad de los Andes publicó la Nota de Política titulada “Familias en Acción: un programa con alcances adicionales a la formación de capital humano” [1] donde se recopilan trabajos académicos que evalúan cómo las transferencias condicionadas en Colombia han generado cambios de comportamiento de los beneficiarios del programa, instituciones oferentes y políticos, entre otros actores. La nota estudia efectos sobre participación electoral, oferta educativa, empoderamiento de la mujer, embarazo adolecente, bancarización, entre otros. Aun cuando se menciona el tema de posibles efectos sobre la tasa de crimen, esta nota no detalla los estudios al respecto. Para Latinoamérica se conocen dos trabajos sobre este tema, uno para el caso de Brasil por Chioda, De Mello y Soares (2011) y otro para el caso de Colombia de Camacho, Mejía y Ulloa (2012). Estos dos trabajos utilizan estrategias de identificación que logran resolver el problema de doble causalidad y endogeneidad que existe entre el crimen y la pobreza (la cual esta relacionada con ser beneficiario de un PTC).

Chioda et ál. (2011) estudia el impacto de la expansión del programa Bolsa Familia para adolecentes de 16 y 17 años sobre el crimen en São Paulo. El estudio encuentra un efecto negativo y significativo de esta intervención sobre los robos en la ciudad. La evidencia del documento sugiere que el canal que funciona en este caso es un efecto ingreso y no corresponde al efecto de incapacitación dado por la condicionalidad que impone el programa de asistencia al establecimiento educativo. Por otra parte Camacho et ál. (2012) estudia los efectos que tiene el programa Familias en Acción sobre los niveles de criminalidad en el área urbana de la ciudad de Bogotá. Se utiliza la ciudad de Bogotá dada la disponibilidad de información geo-referenciada a nivel de manzana para los crímenes reportados por la Policía Nacional.  A esta detallada fuente de información se une el sistema de Información de beneficiarios de Familias en Acción-SIFA, lo cual permite conocer la densidad de beneficiarios en las diferentes zonas de la ciudad.

El estudio de Camacho et ál. (2012) plantea dos posibles canales por los cuales el programa reduce el crimen. El primer canal corresponde al efecto ingreso, por medio del cual los PTC pueden afectar el crimen a través del aumento exógeno en el ingreso, el cual relaja la restricción presupuestal que enfrentan los hogares al recibir la transferencia del programa. Dado dicho choque positivo temporal de ingreso, es posible pensar que la necesidad de participar en actividades delictivas para financiar gastos del hogar disminuye. En este primer canal, se explota la variación en las fechas de pago de la transferencia dada la proporción de beneficiarios que reciben los pagos en una determinada UPZ[2]. Específicamente se encuentra que cuando se aumenta en una desviación estándar la proporción de beneficiarios que reciben pagos de FA, se reduce en 11,6% la tasa de homicidios y en 9,3% de la tasa de hurto de carros. La Figura 1A presenta evidencia gráfica de estos efectos. Por otra parte, el trabajo hace ejercicios de falsificación donde trata de medir el efecto ingreso sobre lesiones y homicidios culposos, los cuales no deben tener relación con el día de pago de la transferencia, la Figura 1B presenta evidencia gráfica de estos efectos.

 

 Figura 1A. Efecto Ingreso sobre Homicidios y Hurto de Carro

El segundo canal corresponde al efecto incapacitación que se presenta cuando los niños y adolescentes se encuentran en los establecimientos educativos, “incapacitándolos” de involucrarse en actividades ilegales. En este trabajo, se mide el efecto de no incapacitación,

Figura 1B. Efecto Ingreso sobre Lesiones personales y Homicidios culposos 

Fuente: Gráficas realizadas por los autores con datos de la Policía Nacional.

Nota: El eje x mide la distancia en días a la fecha de pago del subsidio.

 

El segundo canal corresponde al efecto incapacitación que se presenta cuando los niños y adolescentes se encuentran en los establecimientos educativos, incapacitándolos de involucrarse en actividades ilegales. En este trabajo, se mide el efecto de no incapacitación que se presenta en los periodos de vacaciones en donde los beneficiarios se encuentran por fuera de clase y pueden verse involucrados en actividades delictivas. Este canal utiliza la variación entre periodos de vacaciones con y sin pagos dada  la proporción de beneficiarios en cada UPZ para identificar el efecto.

En el periodo de vacaciones donde se continúa recibiendo transferencias del programa, se encuentra un aumento de una desviación estándar de la proporción de  beneficiarios de Familias en Acción incrementa en 7,5% la tasa de homicidios en la UPZ de residencia. Adicionalmente se encuentran incrementos en hurto de motos y personas en las UPZ ricas[3]. En periodos de vacaciones en los cuales no se reciben transferencias,  un incremento en una desviación estándar de la proporción de  beneficiarios de Familias en Acción incrementa la tasa de hurto a residencias en 4,13% y la tasa de hurto de carros en 7,75%. Este último resultado se debe leer con precaución, pues puede estar capturando que el periodo de vacaciones coincide con momentos en que las personas dejan sus viviendas solas.

Dada la evidencia presentada en los dos trabajos mencionados, resulta muy relevante para plantear estrategias encaminadas no sólo a reducir la pobreza y la marginalidad sino también los posibles incentivos que tienen los hogares a participar en actividades delictivas. Este tema cobra aún mas relevancia dado el hecho de que la delincuencia juvenil en Colombia es un tema muy serio pues los adolescentes menores a los 18 años no pueden ir a la cárcel (Corte Constitucional, 2009). El hecho de que el programa imponga un mínimo de asistencia escolar puede generar no solo que los adolescentes estén fuera de las calles sino que el costo de oportunidad  de delinquir  sea un poco más alto con cada año extra de estudio.

Referencias

Chioda, Laura; de Mello, João M. P. y Soares, Rodrigo R., (2012). “Spillovers from Conditional Cash Transfer Programs: Bolsa Família and Crime in Urban Brazil,” IZA Discussion Papers 6371, Institute for the Study of Labor (IZA).

Camacho, Adriana; Mejía, Daniel y Ulloa Catalina. (2012) “Unintended effect of Conditional Cash Transfer Programs: Reductions in the Crime rate.” Documento de trabajo.

Camacho, Adriana. (2012) “Familias en Acción: un programa con alcances adicionales a la formación de capital humano”  Nota de Política No.12 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y CEDE-Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.


* Profesora asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Información de contacto: adcamach@uniandes.edu.co.

Esta investigación ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

[1] Nota de Politica No.12 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y CEDE-Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

[2] Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son zonas urbanas más pequeñas que una localidad pero de mayor tamaño que un barrio. Bogotá cuenta con 117 UPZ incluido Sumapaz.

[3] De las 110 UPZ urbanas,  4 UPZ resultaron ser ricas en donde la proporción de la población de estratos altos (5 y 6) es mayor al 50% y la proporción de estratos bajos (0 y 1) es menor al 10%.  Las 106 restantes serán denominadas UPZ no ricas.

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