Alta dirección pública: Pronóstico reservado

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Publicado por La Tercera, 24 de septiembre de 2012

Alarmantes Datos. Recientemente el Servicio Civil publicó preocupantes cifras: menos del 20% de los elegidos por la Alta Dirección Pública terminan su período. La duración promedio en el cargo es de tan sólo 2,2 años, y la razón principal no es la renuncia voluntaria sino peticiones de renuncia, principalmente por razones de cambio de gobierno. Este fenómeno tuvo mediana envergadura en el cambio de Lagos a Bachelet (era la misma coalición), y fue una verdadera razzia en el cambio de coalición, de Bachelet a Piñera, lo cual originó una crisis política y un serio desprestigio del Sistema, que ha costado ir recuperando.

Por otro lado, ha existido un abuso sistemático de la figura del Directivo “transitorio”, lamentablemente permitida por la Ley, que consiste en designar primero a alguien de confianza política del gobierno de turno, y después arrastrar los pies para realizar el concurso, al cual obviamente se presentan muy pocos postulantes, que dan por hecho que el cargo ya está “pre-asignado” a quien está ocupando el cargo “transitoriamente”. El abuso de esta figura ha tenido carácter epidémico, tanto por los gobiernos de la Concertación como de la Alianza. En ambos períodos la proporción ha sido idéntica: 53% de los cargos designados por esta ruta.

Tres crisis del Sistema. Cabe destacar que este Sistema no ha sufrido una, sino que tres crisis, siendo las dos primeras más silenciosas. La primera ocurrió a fines del gobierno de Frei. Pocos lo recuerdan, pero en la Secretaría General de la Presidencia se diseñó un primer proyecto de Ley, que ni siquiera alcanzó a llegar al Congreso. La propia Concertación lo abortó, pues no le tenía la menor simpatía al concepto de aplicar la meritocracia a la selección de Directivos de servicios públicos, cuestión que es de rutina en los países de nuestra admirada OECD. Aclaremos que en ningún país los Ministros o cargos directamente políticos se seleccionan así, sino los de aquellos entes de gobierno encargados de implementar las políticas públicas y prestar servicios masivos a la ciudadanía.

Durante los primeros tres años del gobierno de Lagos, no hubo ningún interés por avanzar en esta materia, hasta que la crisis MOP-Gate obligó a la Concertación, a regañadientes, a enviar el proyecto de Alta Dirección Pública actualmente vigente. El nacimiento también fue borrascoso. Me correspondió ser Consejero por los primeros seis años, e inicialmente las presiones políticas de parlamentarios y ministros para “torcerle la nariz” al sistema fueron fuertes. Felizmente todos los Consejeros estuvimos unidos en la defensa del Sistema (como hoy también lo están) y tuvimos que pedirle auxilio al Presidente Lagos, el cual reaccionó positivamente y emitió un instructivo presidencial para forzar a sus Ministros a acatar las normas del sistema.

Travestismo político. La guinda de la torta la han puesto diversos personeros de la actual Alianza, que en un acto de travestismo político insólito, han “reformulado la teoría” para justificar sus desmanes. “Lo mínimo que se puede exigir a quienes postulan es que adhieran al proyecto político del Gobierno”. Si esta frase hubiera sido pronunciada públicamente en la época de la Concertación, los aullidos de la Alianza y las acusaciones de clientelismo político se hubieran escuchado hasta el Polo Norte. Ahora, esta teoría es esgrimida sin empacho por funcionarios, académicos y parlamentarios de la coalición de gobierno.

Es obvio que los Ministros de Salud, Economía, Agricultura, o Hacienda, por nombrar algunos ejemplos al azar, tienen que adherir al proyecto político del gobierno. Para eso se inventaron las democracias. Pero cuesta entender las razones por las cuales el Director de un Hospital tenga que adherir (salvo para cuoteos clientelares de médicos), o el del Instituto Nacional de Estadísticas (salvo para manipular cifras), o el del Servicio Agrícola y Ganadero (tal vez para lograr que las vacas voten) o el de Tesorería (tal vez para otorgar perdonazos con algún sesgo político).

Lo que sí es obvio es que estos directivos tienen la obligación de adherir a las políticas públicas del gobierno de turno. Su misión es, precisamente, implementar esas políticas con eficiencia y rigurosidad. Si no las comparten, deben ser despedidos o renunciar. Pero de allí a exigir adhesión partidaria hay una distancia sideral. Ese principio fundamental ha sido la base de la construcción de los sistemas de Alta Dirección en todos los países avanzados, y es el que aquí se ha estado violando sistemáticamente, tanto por la Concertación como por la Alianza.

Urge blindar el Sistema. A raíz de la crisis de inicios del 2010, el gobierno se comprometió a mandar un proyecto de Ley para “blindar” al sistema, esto es, introducir reformas que restrinjan estas prácticas inadecuadas y que hagan más difícil la remoción de los directivos. El proyecto de Ley durmió en La Moneda por casi un año, y cuando fue enviado al Congreso la Concertación hizo lo suyo para detenerlo. Hoy, se ha prometido un reenvío en Noviembre, a ver si ahora logran ponerse de acuerdo.

Las reformas fundamentales que se requieren, en mi personal opinión, son tres:
a) Eliminar de plano la figura de las designaciones transitorias, o si son transitorios por alguna inusitada urgencia, que esta transitoriedad tenga una duración máxima de 4 meses (suficientes para realizar un concurso), impidiendo además que esas personas puedan concursar posteriormente.
b) Poner mayores barreras al despido, con importantes indemnizaciones a todo evento. En caso contrario ningún ejecutivo que se precie de tal estará dispuesto a arriesgar su carrera ante estas deprimentes estadísticas de duración promedio en el cargo. Asimismo, si se le pide la renuncia a un Directivo, el gobierno de turno debe tener la obligación de dar una explicación al Consejo, aunque sea de caracter reservada. Hoy, la impunidad para despedir es total.
c) La más profunda: darle autonomía total al Consejo de Alta Dirección Pública, con una figura equivalente a la del Consejo de Transparencia. Mientras este ente sea un híbrido entre Consejo y Servicio Público, su margen de maniobra y de defensa política del sistema va a estar permanentemente restringido.

Si la clase política no toma una decisión de Estado, cual es blindar este sistema antes del próximo cambio de gobierno, tendremos casi con certeza una cuarta crisis. Quién sabe si la va a resistir, pues el enfermo ya tiene pronóstico reservado. Si no la resiste, no sólo tendremos un grave retroceso en el proceso de reforma del Estado, sino que nos convertiremos en el hazmerreir del club de los países avanzados al cual tanto aspiramos a pertenecer.

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