Ley de transparencia: Un objetivo adicional

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Publicado por La Tercera, 25 de agosto de 2012

“Lo que estamos observando hasta ahora es, en el peor de los casos, una baja ordenada del mercado inmobiliario”, afirmó Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a fines del 2006, describiendo a continuación como un proceso “sano” lo que terminó siendo el detonante de la peor crisis económica que ha enfrentado Estados Unidos en casi un siglo. 

Saber que la autoridad económica más poderosa del mundo no previó el impacto que tendría el reventón de la burbuja inmobiliaria sobre los bancos cuya supervisión está a su cargo es importante para extraer las lecciones adecuadas de esta crisis que sigue afectando a los Estados Unidos y Europa. ¿A qué se habían dedicado los economistas durante las últimas décadas que ignoraron el impacto sistémico que podrían tener una serie de nuevos derivados y desregulaciones?

Las minutas de las reuniones del comité que toma las decisiones de la Reserva Federal (banco central de los Estados Unidos), conocido como FOMC por su sigla en inglés, se hacen públicas tres meses después de la reunión. La transcripción (prácticamente) de cada palabra que se dijo en la reunión, en cambio, se publica con un rezago de cinco años. Las minutas se editan cuidadosamente, las transcripciones no.

Los miembros del FOMC no intercambian opiniones antes de sus reuniones, con objeto de que toda la discusión se dé durante la reunión. Así sabremos cuándo la Reserva Federal comenzó a preocuparse del apalancamiento excesivo, con cuánta anticipación se dio cuenta de los riesgos sistémicos que incubaban algunos instrumentos financieros y mucho más.

La demora de cinco años es motivada por el deseo de que la información revelada no perjudique la efectividad de las políticas en curso.

Recientemente, el Consejo para la Transparencia dictaminó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe divulgar quiénes han asesorado al gobierno en el litigio con el Perú por límites marítimos, revelando también los honorarios con que han sido remunerados. El ministro Moreno argumentó que entregar dicha información afecta el interés nacional. Revelar los nombres de los juristas facilita al Perú preparar su estrategia ante la corte, se argumenta, agregando que publicar los honorarios dificultará contratar a los mejores juristas en el futuro.

No soy el indicado para pronunciarme sobre el mérito legal de estos argumentos. Lo que quiero hacer, en cambio, es analizar su impacto en la calidad de nuestra política internacional. Para las generaciones venideras es importante tener la información necesaria para evaluar cuán bien (o mal) lo hizo el gobierno ante la Corte Internacional de La Haya. Y para eso hay que conocer cómo se preparó la estrategia legal chilena, quiénes fueron los asesores y cuáles fueron sus posturas. Esto contribuirá a mejorar las estrategias chilenas en juicios internacionales futuros. También servirá como incentivo para una labor más prolija y cuidadosa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Llama la atención, también, que quienes están liderando iniciativas para debilitar al Consejo para la Transparencia frecuentemente utilizan una línea argumental donde cualquier impacto negativo de la entrega de información pública es suficiente para justificar la reserva. Lo correcto, a mi juicio, es sopesar las ventajas y desventajas de divulgarla. Si suficiente tiempo ha transcurrido desde los hechos, es altamente probable que un criterio de este tipo sugiera hacer pública la información.

Por ejemplo, volviendo al caso que está viendo la Corte Internacional de La Haya, aun si existen grandes juristas que no quieren que se hagan públicos sus honorarios, el costo de no poder contar con ellos debe compararse con el beneficio que tiene evitar eventuales malos usos de los fondos públicos.

El 4 de julio, el ministro Larroulet se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional (TC). Según informa El Dínamo, la reunión no quedó consignada en la agenda de actividades del ministro, haciéndose pública sólo después de que miembros del TC lo solicitaran a su presidente.

Según testigos, uno de los temas de la reunión fueron los emails de Larroulet solicitados, en virtud de la Ley de Transparencia, por Juan José Soto, gerente de Ciudadano Inteligente. Que el ministro se reúna con uno de los jueces que decidirá sobre si debe entregar los correos solicitados o no, no deja de ser llamativo, sobre todo cuando aun antes de esta reunión se esperaba un fallo favorable al gobierno.

El argumento del gobierno para no entregar los correos ha sido que se trata de comunicaciones de carácter privado. El problema de este argumento es que significa que las comunicaciones que realicen funcionarios públicos, en su desempeño como tales, a través del principal medio de comunicación escrito como hoy son los correos electrónicos, no serán conocidas jamás por los ciudadanos. Difícil aprender de errores de esa forma, difícil para la ciudadanía monitorear la labor de sus autoridades.

Podría discutirse después de cuánto tiempo, pero la oposición absoluta del gobierno a revelar correos electrónicos parece extrema.

El valor principal que está en juego con la Ley de Transparencia es el funcionamiento de nuestra democracia. Si los ciudadanos carecen de información para evaluar a sus autoridades y las autoridades saben que pueden hacer y deshacer sin rendir cuentas, los resultados serán malas políticas y una desafección creciente de la ciudadanía.

Un beneficio adicional de una ley que transparente la información pública es que facilita el aprendizaje, como nación, de las experiencias de sus gobiernos. Sin dicho aprendizaje, estaremos condenados a repetir los errores.

One Comment

  1. Fidel Pintos says:

    Usted no es el indicado para muchas cosas. Deje de exigir responsabilidades a personas que no comparten sus posiciones políticas y recuerde que usted no las exigió a sus camaradas de ruta durante 20 años. Usted se olvida que durante esos 20 años no hubo transparencia alguna. Y no diga que las cosas hoy son distintas –lo único distinto es que sus amigos no están en el poder. Hable de economía si es que tiene algo interesante que decir pero no de cosas donde no sólo no tiene competencia sino que además su juicio está marcado por sus preferencias.

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