Cuando un impuesto no es un impuesto: Obamacare, el control de cambios y la resoluciA?n 125

Hace un mes la Corte Suprema de EEUU declarA? que la reforma del sistema de salud aprobada en 2010 es constitucional, dando vA�a libre a su implementaciA?n. Un aspecto central de la nueva ley es que todo individuo estA? obligado a contratar un seguro de salud. Esta obligaciA?n era la principal objeciA?n de quienes cuestionaban la constitucionalidad de la reforma.

Los defensores de la ley argumentaban que era constitucional en virtud de la Commerce Clause de la constituciA?n americana, que faculta al Congreso a regular el comercio interestatal. La pregunta legal era entonces si obligar a los individuos a contratar un seguro de salud puede considerarse una aceptable regulaciA?n del comercio interestatal o si es en vez una violaciA?n del derecho de cada uno a no asegurarse si no quiere. Si el Congreso decide que hace bien comer brA?coli, A?puede obligar a los individuos a comprar brA?coli so pretexto de regular el comercio interestatal? se escandalizaban los opositores. (El brA?coli se mencionA? ante la Corte mA?s veces de lo que uno imaginarA�a)

Para sorpresa de muchos, el razonamiento de la mayorA�a de la Corte fue distinto. La ley prevA� multas para quienes no contraten un seguro de salud. Una interpretaciA?n posible de esas multas es que representan un impuesto sobre quienes no estA�n asegurados. La constituciA?n americana faculta al Congreso a fijar impuestos. Por lo tanto la obligatoriedad es constitucionalmente permisible, no como una regulaciA?n bajo la Commerce Clause, sino como un impuesto.

Curiosamente, Greg Mankiw, que mantiene un blog de economA�a muy leA�do, habA�a seA�alado hace un tiempo que las siguientes polA�ticas son equivalentes: (1) la obligaciA?n de tener seguro de salud, en la medida que la A?nica pena por incumplimiento sea una multa; (2) un impuesto a quienes no tengan seguro y (3) una suba de impuestos generalizada junto con un subsidio a quienes contraten un seguro. En cierto sentido, la Corte hizo suyo el argumento de Mankiw.

La cotizaciA?n oficial del peso argentino es de 22 centavos de dA?lar. En el mercado paralelo, el peso vale 15 centavos de dA?lar.[1] Dada la diferencia de cotizaciA?n, nadie que pueda evitarlo compra pesos en el mercado oficial pudiendo comprarlos mA?s baratos en el mercado paralelo.[2] En contrapartida, todos los que pueden venden pesos en el mercado oficial. A?CA?mo es que el mercado oficial siquiera existe, si todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar? Porque no todo el que quiere estA? autorizado a vender y hay algunos que son obligados a comprar.

La principal fuente de esta obligaciA?n son una serie de decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones del Banco Central que obligan a los exportadores a a�?liquidar divisasa�? en el mercado oficial de cambios, es decir a comprar pesos en el mercado oficial. Ostensiblemente, esto es una regulaciA?n del mercado cambiario. La consecuencia prA?ctica es que por cada 22 centavos de dA?lar, el exportador recibe una cantidad de pesos por la que nadie paga voluntariamente mA?s de 15 centavos, lo cual equivale a un impuesto del 31%.

Al igual que con la reforma del sistema de salud americano, una medida que fue presentada como una regulaciA?n tiene efectos idA�nticos a los de un impuesto. En el primer caso fue esta equivalencia lo que salvA? la constitucionalidad de la ley. En nuestro caso posiblemente sea al contrario: para que las medidas sean legales hace falta no trazar esta equivalencia, ya que ni el Banco Central ni el Poder Ejecutivo estA?n facultados para fijar impuestos pero sA�, al parecer, pueden establecer regulaciones cuyos efectos equivalen a un impuesto.

La discusiA?n sobre regulaciones que parecen impuestos a la exportaciA?n la hemos tenido recientemente. En 2008, el gobierno dictA? la luego famosa ResoluciA?n 125/08, que establecA�a una nueva escala de derechos de exportaciA?n. Al principio, el gobierno argumentA? que los derechos de exportaciA?n no son un impuesto sino una licencia, cuya alA�cuota el Poder Ejecutivo puede fijar sin aprobaciA?n del Congreso. Luego, motivado supongo por una combinaciA?n de argumentos legales y polA�ticos, cambiA? de estrategia y decidiA? presentar los nuevos derechos de exportaciA?n como un proyecto de ley, que fue finalmente derrotado con el decisivo voto del Vicepresidente. Indirectamente, el actual sistema de control de cambios es una manera de recrear los efectos de la resoluciA?n 125 (impuestos a la exportaciA?n fijados por el Poder Ejecutivo llamA?ndolos una regulaciA?n) por otros medios.[3]

AsA� como la obligaciA?n de comprar pesos a 22 centavos es un impuesto, la autorizaciA?n para vender pesos a 22 centavos es un subsidio. QuiA�nes logran recibir estos permisos no estA? claro; algunos son importadores que logran obtener permisos de importaciA?n; aparentemente depende de la discrecionalidad de algunos funcionarios. Lo que es indudable es que otorgar un permiso de vender por 22 centavos algo que vale 15 es transferir recursos hacia quien recibe este permiso.

Establecer una distinciA?n entre quA� es una regulaciA?n y quA� es un impuesto no es fA?cil. Muchas veces tienen efectos equivalentes, o al menos muy parecidos. No es de sorprender que surjan regulaciones disfrazadas de impuestos, y viceversa.

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[1] Los nA?meros son aproximados. Es mA?s comA?n decir que el dA?lar oficial cotiza a 4.50 y el paralelo a 6.50, lo cual es correcto pero puede llevar al error de creer que el centro de la cuestiA?n es el valor del dA?lar y no el valor del peso.

[2] Hay distintas maneras de acceder al mercado paralelo, algunas mA?s legales y/o sencillas que otras.

[3] Obviamente, los dos sistemas no son exactamente iguales. La resoluciA?n 125 tenA�a distintas fA?rmulas sobre distintos productos mientras que, por su naturaleza, el impuesto implA�cito en el tipo de cambio oficial recae de manera pareja sobre todos los productos; los efectos sobre compra y venta de activos tambiA�n son distintos.

 

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