Estado como botín

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Usted llega a recoger su automóvil al estacionamiento techado  donde lo dejó y ve una billetera botada en el suelo. Es de noche,  tarde, no hay nadie más que usted. ¿Se queda con la billetera o  contacta al dueño para devolvérsela?

Se han realizado varios experimentos donde decenas de individuos  enfrentan situaciones similares a la anterior sin saber que son parte  de un experimento. En la mitad de casos hay una cámara de seguridad  que el individuo puede detectar fácilmente, en la otra mitad todo sugiere  que no quedará registro de lo que haga. La fracción de individuos que  se lleva la billetera es mucho mayor cuando no hay cámaras. Hay  individuos que contactan al dueño de la billetera aun si no hay cámaras  y otros que se la llevan sabiendo que los filmaron. Pero la mayoría actúa  con honradez cuando percibe que puede quedar registro de sus acciones  y se apropian de lo ajeno si creen que nadie se enterará.

 

Así nos vamos a ir

Recordé los experimentos anteriores a propósito de la denuncia de las  malas prácticas del senador Guido Girardi que hizo Andrés Velasco el  domingo pasado.

Según contó el ex Ministro de Hacienda, pocos días antes asumir,   Girardi lo llamó informándole que tenía una lista de doce militantes  PPD que debía contratar en Hacienda. Cuando Velasco se negó,  Girardi le respondió “así nos vamos a ir”. Y así se fueron, con Girardi  oponiéndose a varias de las iniciativas más importantes que emanaron  del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Bachelet.

Evelyn Matthei afirmó haber presenciado reiteradamente el mal trato  de Girardi hacia Velasco y las votaciones de Girardi en el Senado  documentan su oposición férrea a iniciativas emblemáticas del  gobierno de Bachelet. A las denuncias de Velasco se unieron   varios ex ministros, Carlos Massad, Mariana Aylwin y el ex Ministro  de Salud, Pedro García, que recibió peticiones similares de Girardi  seguidas de un ya famoso “así nos vamos a ir” cuando se negó a  contratar los nombres que le proponía.

Desafortunadamente, las malas prácticas denunciadas por Velasco  no son exclusivas del senador Girardi, ni tampoco de los gobiernos  de la Concertación. También hay evidencia de que en el gobierno  actual líderes políticos ejercen presión, a veces con éxito, para  colocar operadores políticos, sin las calificaciones debidas, en  cargos técnicos.

 

Las cámaras faltantes

La pregunta, entonces, es cuáles son las cámaras de seguridad  que debemos instalar en el sector público para que los parlamentarios  resistan la tentación de ver el Estado como un botín donde instalar a  sus operadores políticos.

La creación del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) el 2003,  luego del escándalo MOP-Gate, fue un avance importante para  profesionalizar los altos cargos del sector público. Un consejo  conformado por cinco miembros, cuatro de los cuales son nombrados  con participación del Senado, propone una terna o quina para cada  cargo luego de un proceso de selección basado en los méritos de  los postulantes. Dependiendo del cargo, el Presidente de la República,  un Ministro de Estado o el jefe de un servicio elige al profesional de la  quina o terna que le fue presentada.

El objetivo del SADP es doble. Por una parte selecciona directivos  públicos en base a sus méritos. Además, estos no deban su cargo  a ningún político que los incluyó en alguna lista, facilitando que rechacen  peticiones de contratar en base a criterios políticos. Hoy, 111 servicios  públicos están adscritos al SADP y otros 45 seleccionan algunos cargos  directivos a través de este sistema.

Aun cuando ha sido un avance importante, la labor del SADP no ha  estado exenta de problemas. La oposición de los partidos del gobierno  de turno ha significado que los cargos que deben pasar al  SADP lo hagan  muy lentamente, a casi una década de su creación aun queda un 20% que  no han sido llenados mediante concurso. Tampoco es bueno que haya  habido casi 100 concursos donde la autoridad de gobierno usó su facultad  para no nombrar ninguno de los profesionales propuestos, declarando  desierto el concurso, o que el actual gobierno utilizara más allá de lo  deseable su facultad para pedir renuncias al momento de asumir. Facultades  de este tipo debiera utilizarse sólo en situaciones excepcionales.

También ha habido un número importante de cargos donde el consejo no  pudo encontrar candidatos idóneos lo cual sugiere la necesidad de ofrecer  mejores sueldos.

En la actualidad, son poco más de mil los cargos que pasan por el SADP. Este  número debiera aumentar considerablemente. Tanto el gobierno de Bachelet  como el de Piñera presentaron proyectos de ley en esta línea, los cuales  encontraron férrea resistencia en el Congreso y no lograron avanzar.

 

Un nuevo trato

Se debe avanzar fortaleciendo el SADP, por ejemplo, restringiendo las  facultades de la autoridad de turno de declarar desierto un concurso. También  se debe incrementar el número de cargos que se concursan a través del SADP.  Sin embargo, la mayoría de los operadores políticos tienen cargos de rango  menor, que no pasan por el SADP.

En estos casos, el desafío es cambiar el régimen laboral del sector público. Hoy  en día tenemos el peor de los mundos. Por una parte están los contratados de  planta, que no son evaluados en serio y que, para todos los efectos prácticos,  son vitalicios. Por otra parte están quienes forman parte de la contrata, sin carrera  funcionaria, con contratos que se renuevan año a año.

Lo que se requiere es un nuevo trato, donde prácticamente todos los funcionarios  accedan a carreras funcionarias y sean evaluados regularmente y de verdad. Quienes  lo hacen bien podrán tener una carrera funcionaria exitosa, con remuneraciones ligadas  a su desempeño y no a su antigüedad. Quienes no hacen mal podrán ser despedidos.

Lo anterior debiera ir acompañado de diversas medidas de mayor transparencia. Poner  los currículums de empleados públicos en la web y publicar las vacantes en la internet  y en la prensa son algunas de ellas.

 

Reformas políticas

El avance a una sociedad más meritocrática es una de las principales demandas que  surgen de la sociedad civil, el descrédito de los partidos se debe en buena parte a  que son percibidos como mecanismos para obtener privilegios como cargos públicos  para operadores políticos.

La reformas políticas que se requieren son varias, partiendo por terminar con el binominal,  transparentar y regular el funcionamiento interno de los partidos, regular el lobby y  transparentar el financiamiento de la política. De la denuncias de Andrés Velasco  emerge un tema adicional, cual es fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública y  terminar con la institucionalidad anacrónica que hoy rige a los empleados fiscales.

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