Pobreza y conflicto: ¿Afecta el conflicto la pobreza?

La pobreza en América del Sur ha caído de manera sostenida durante la última década. Una combinación de condiciones económicas favorables y políticas enfocadas a reducir la pobreza ha generado esta dinámica. Colombia, si bien exhibe una tendencia similar, reporta unas cifras menos alentadoras. En 2008, Colombia tenía el segundo mayor porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza (medida como US$1.25 por día PPP), después de Bolivia, y la mayor desigualdad (medida como el porcentaje del ingreso en manos del decil más alto (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY/countries/CO?display=default). 

El rezago de Colombia en la disminución de la pobreza y la desigualdad se debe a diversas causas. Sin embargo, el conflicto armado que vive Colombia hace más de 50 años puede ser parcialmente responsable del desempeño insuficiente de Colombia cuando se compara con sus vecinos. La violencia armada tiene un impacto desproporcionado sobre la población civil y, en particular, sobre la población pobre rural. Esto, además de significar una victimización de los hogares, destruye activos, inhibe la inversión y debilita los mercados. 

Los ataques a la población civil han generado el desplazamiento forzoso de cerca de 3.8 millones de  colombianos (8.4% de la población) durante el periodo comprendido entre 1999 y 2011. Los desplazados provenían en su mayoría de áreas rurales y llegaron a las ciudades. El desplazamiento forzoso provocó la pérdida activos físicos (la tierra y las mejoras de los predios), la depreciación del capital humano pues su habilidad en producción agropecuaria no es valorada en las ciudades, el acceso limitado a los mercados financieros y el debilitamiento de sus redes sociales. La población desplazada enfrenta dificultades significativas para recuperarse de la pérdida de activos y salir de la pobreza  y los mercados laborales urbanos no han sido efectivos para absorber esta oferta laboral adicional (Ibáñez y Moya, 2009a, 2009b). 

Por otro lado, la población que decide permanecer en las zonas de conflicto también enfrenta caídas en sus ingresos, tal vez más sutiles y, por lo mismo, más difíciles de reparar. Poco se sabe acerca de los impactos económicos del conflicto sobre esta población. La primera etapa de la ELCA (http://focoeconomico.org/2011/08/09/la-encuesta-longitudinal-colombiana-de-la-universidad-de-los-andes-elca-una-iniciativa-para-estudiar-las-dinamicas-de-la-pobreza-en-colombia/) contiene información valiosa que permite explorar estos impactos. 

Los resultados de estudios que estamos realizando con un grupo de colegas muestran que el conflicto tiene un efecto importante sobre el ingreso de los hogares rurales. Primero,  reduce la producción agropecuaria e inhibe la inversión productiva, lo cual lleva a los hogares a recurrir a los mercados laborales. Pero estos mercados laborales, que son poco dinámicos, no absorben la oferta laboral adicional y los hogares terminan en un equilibrio de menor producción, menos horas de trabajo y menores ingresos (Fernández et al, 2011). Segundo, la violencia aumenta los costos de producción y transacción y circunscribe las transacciones a los mercados locales. Tercero, las redes sociales se debilitan y, con ello, los mecanismos informales de aseguramiento contra el riesgo. Como resultado, los hogares cuentan con un número reducido de alternativas para mitigar los costos económicos del conflicto. Al observar hogares que residen en regiones con una presencia prolongada de los grupos armados ilegales, encontramos que sus reacciones frente a choques de violencia son mínimas pues están acostumbrados a vivir en el conflicto y ajustaron su producción a bajos niveles y con poca inversión de riesgo para evitar expropiaciones o pérdidas futuras.

La población desplazada y la población rural parecen estar atrapadas en trayectorias de ingresos baja y con pocas posibilidades para salir de la pobreza. El Gobierno de Colombia ha optado por restituir la tierra a la población desplazada y proveer educación, salud y transferencias condicionadas, entre otros. Las políticas para reducir la pobreza rural son casi inexistentes.

Es una apuesta arriesgada. Devolver las tierras es un incentivo implícito para el retorno de la población desplazada. Pero la población retornará a unas regiones rurales golpeadas por el conflicto y con una baja productividad rural. Además, contará con pocos recursos de inversión para retomar la producción de sus predios. Si deciden quedarse en la ciudad, deberán continuar vinculados a trabajos en el sector informal dados sus bajos niveles educativos. Es un dilema que parece no tener salida en el corto plazo. El Gobierno Nacional debería, mientras decide cual será el paso siguiente, asegurar que los hijos de estas familias terminen de estudiar y, de esta manera, impedir que su ingreso futuro también esté en riesgo.

 

Ibáñez, and A. Moya (2009). “Vulnerability of Victims of Civil Conflict: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia”. World Development 38(4): 647-663.

Ibáñez, y A. Moya (2009). “Do Conflicts Create Poverty Traps? Asset Losses and Recovery for Displaced Households in Colombi” in The Economics of Crime (eds. Rafael Di Tella, Sebastián Edwards y Ernesto Schargrodsky), University of Chicago Press, Chicago, Estados Unidos.

Fernández, M., A.M. Ibáñez and X. Peña (2011). “Adjusting the Labor Supply to Mitigate Violent Shocks: Evidence from Rural Colombia” World Bank Working Paper Series 5684.