Un préstamo muy conveniente

Un estudio del Servicio de Impuestos Internos indicó que el número de contribuyentes que tendría que haber pagado impuestos altos era de 60.000. ¿Cuántas personas lo hacían efectivamente? Apenas 20.000. El resto no aparecía a la hora de la declaración anual de impuestos. Dicha situación tiene sus causas en el tratamiento tributario preferencial que reciben las rentas del capital .

En Chile, las personas pagan una tasa de impuesto que puede alcanzar un 40% dependiendo de su nivel de ingresos. A mayor ingreso, mayor tasa. Las empresas pagan una tasa de impuesto fija de 17% sobre sus utilidades (transitoriamente 20% este año y 18.5% el 2012). Si las rentas del capital (utilidades de las empresas) se sumaran siempre a los ingresos de sus dueños, diferenciar entre lo que pagan éstos y lo que pagan sus empresas sería innecesario. Ellos pagarían la tasa de impuesto correspondiente a la suma de todos sus ingresos. 

Sin embargo, en el esquema tributario chileno las utilidades de una empresa sólo forman parte de los ingresos de sus dueños si éstos las “retiran”. Si las mantienen dentro de la empresa (las reinvierten), no se consideran como parte de sus ingresos para el cálculo de sus impuestos a pagar.  Dado que existe una diferencia significativa entre la tasa de impuesto que pagan las empresas y la tasa de impuesto que debiesen pagar sus dueños por esas rentas, el incentivo que ellos tienen es a no retirar utilidades de la empresa si reciben suficientes ingresos de otras fuentes.

En la práctica, postergar el pago de impuestos por la vía de retener utilidades en la empresa es equivalente a recibir un préstamo del Fisco a una tasa de interés de 0% real.

A mediados de los ochenta, cuando el régimen de tributación sobre la base de utilidades retiradas fue implementado, el país enfrentaba un momento económico complejo.  La oferta de crédito era limitada producto de la crisis bancaria del 82 y las empresas atravesaban un período de fuertes restricciones financieras. Así, este beneficio tributario habría actuado como un fuerte incentivo a la reinversión de utilidades y a la inversión productiva. La evidencia empírica tiende a sustentar esta hipótesis.

Hoy, empresas con altos niveles de utilidades cuentan con un amplio acceso a los mercados financieros. Y son precisamente los propietarios de estas empresas los que se ven más beneficiados con la postergación en el pago de impuestos.  Este no es el caso de los dueños de las empresas de menor tamaño, que generalmente hacen un retiro completo de sus utilidades. Más aún, la evidencia indicaría que este beneficio no está siendo utilizado principalmente para financiar la inversión productiva de la propia empresa, sino como vehículo de ahorro de sus dueños.

Como la mayor proporción de estas utilidades retenidas pertenece a las familias de altos ingresos, este gasto tributario del Fisco es altamente regresivo.

¿Cuál es el costo anual para el Fisco de este beneficio tributario? En el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos se realiza año a año un cálculo del costo de este beneficio tributario. El gasto tributario asociado la postergación en el pago del impuesto a la renta fue de 1.6% del PIB el año 2008 (equivalentes a 2.750 millones de dólares ese año).

Lo anterior es sólo una parte del costo fiscal. Recuerde que este es un préstamo del Fisco a tasa 0, y este préstamo se ha ido acumulando en el tiempo. Una estimación general indica que el monto de impuestos postergados puede alcanzar los 40.000 millones de dólares. El costo para el Fisco de este stock de “préstamos” puede estimarse conservadoramente en 1.000 millones de dólares por año (equivalente a 0.4% del PIB).

Es decir, el costo total de esta política hoy estaría cerca de 2% del PIB al año. Un costo muy elevado.

Un rediseño de los mecanismos de incentivo al ahorro y la inversión debiese ser parte de cualquier reforma tributaria o perfeccionamiento tributario que se plantee. Partiendo por el beneficio de postergación en el pago de impuestos. El objetivo debiese ser generar recursos adicionales al Fisco, focalizar adecuadamente y generar incentivos a la inversión productiva real.

Lo anterior sería consistente con lo hecho por el gobierno cuando estableció un límite a los depósitos convenidos, un incentivo al ahorro que implicaba una postergación en el pago de impuestos.

Los contrarios a las alzas de impuesto dirán que un alza de impuestos reducirá la inversión y que nuestro país requiere más inversión para seguir creciendo. Lo anterior no es efectivo por dos razones. La primera es porque, tal como lo muestra la evidencia, una modificación de este tipo no afectaría a la inversión de grandes empresas toda vez que tienen un acceso fluido a los mercados financieros. La otra razón es que si los recursos son utilizados en gasto que potencia a la inversión en capital físico, el efecto podría ser muy positivo. Y hay un gran candidato: inversión en capital humano.

Una reforma en materia educativa que eleve significativamente la calidad de la educación, junto con una reforma tributaria que asegure el financiamiento de estas iniciativas en el tiempo y que efectivamente potencie la inversión, nos daría un nuevo aire para incrementar el bienestar económico y social de nuestro país.

Un estudio del Servicio de Impuestos Internos indicó que el número de contribuyentes que tendría que haber pagado impuestos altos era de 60.000. ¿Cuántas personas lo hacían efectivamente? Apenas 20.000. El resto no aparecía a la hora de la declaración anual de impuestos. Dicha situación tiene sus causas en el tratamiento tributario preferencial que reciben las rentas del capital .

En Chile, las personas pagan una tasa de impuesto que puede alcanzar un 40% dependiendo de su nivel de ingresos. A mayor ingreso, mayor tasa. Las empresas pagan una tasa de impuesto fija de 17% sobre sus utilidades (transitoriamente 20% este año y 18.5% el 2012). Si las rentas del capital (utilidades de las empresas) se sumaran siempre a los ingresos de sus dueños, diferenciar entre lo que pagan éstos y lo que pagan sus empresas sería innecesario. Ellos pagarían la tasa de impuesto correspondiente a la suma de todos sus ingresos. 

Sin embargo, en el esquema tributario chileno las utilidades de una empresa sólo forman parte de los ingresos de sus dueños si éstos las “retiran”. Si las mantienen dentro de la empresa (las reinvierten), no se consideran como parte de sus ingresos para el cálculo de sus impuestos a pagar.  Dado que existe una diferencia significativa entre la tasa de impuesto que pagan las empresas y la tasa de impuesto que debiesen pagar sus dueños por esas rentas, el incentivo que ellos tienen es a no retirar utilidades de la empresa si reciben suficientes ingresos de otras fuentes.

En la práctica, postergar el pago de impuestos por la vía de retener utilidades en la empresa es equivalente a recibir un préstamo del Fisco a una tasa de interés de 0% real.

A mediados de los ochenta, cuando el régimen de tributación sobre la base de utilidades retiradas fue implementado, el país enfrentaba un momento económico complejo.  La oferta de crédito era limitada producto de la crisis bancaria del 82 y las empresas atravesaban un período de fuertes restricciones financieras. Así, este beneficio tributario habría actuado como un fuerte incentivo a la reinversión de utilidades y a la inversión productiva. La evidencia empírica tiende a sustentar esta hipótesis.

Hoy, empresas con altos niveles de utilidades cuentan con un amplio acceso a los mercados financieros. Y son precisamente los propietarios de estas empresas los que se ven más beneficiados con la postergación en el pago de impuestos.  Este no es el caso de los dueños de las empresas de menor tamaño, que generalmente hacen un retiro completo de sus utilidades. Más aún, la evidencia indicaría que este beneficio no está siendo utilizado principalmente para financiar la inversión productiva de la propia empresa, sino como vehículo de ahorro de sus dueños.

Como la mayor proporción de estas utilidades retenidas pertenece a las familias de altos ingresos, este gasto tributario del Fisco es altamente regresivo.

¿Cuál es el costo anual para el Fisco de este beneficio tributario? En el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos se realiza año a año un cálculo del costo de este beneficio tributario. El gasto tributario asociado la postergación en el pago del impuesto a la renta fue de 1.6% del PIB el año 2008 (equivalentes a 2.750 millones de dólares ese año).

Lo anterior es sólo una parte del costo fiscal. Recuerde que este es un préstamo del Fisco a tasa 0, y este préstamo se ha ido acumulando en el tiempo. Una estimación general indica que el monto de impuestos postergados puede alcanzar los 40.000 millones de dólares. El costo para el Fisco de este stock de “préstamos” puede estimarse conservadoramente en 1.000 millones de dólares por año (equivalente a 0.4% del PIB).

Es decir, el costo total de esta política hoy estaría cerca de 2% del PIB al año. Un costo muy elevado.

Un rediseño de los mecanismos de incentivo al ahorro y la inversión debiese ser parte de cualquier reforma tributaria o perfeccionamiento tributario que se plantee. Partiendo por el beneficio de postergación en el pago de impuestos. El objetivo debiese ser generar recursos adicionales al Fisco, focalizar adecuadamente y generar incentivos a la inversión productiva real.

Lo anterior sería consistente con lo hecho por el gobierno cuando estableció un límite a los depósitos convenidos, un incentivo al ahorro que implicaba una postergación en el pago de impuestos.

Los contrarios a las alzas de impuesto dirán que un alza de impuestos reducirá la inversión y que nuestro país requiere más inversión para seguir creciendo. Lo anterior no es efectivo por dos razones. La primera es porque, tal como lo muestra la evidencia, una modificación de este tipo no afectaría a la inversión de grandes empresas toda vez que tienen un acceso fluido a los mercados financieros. La otra razón es que si los recursos son utilizados en gasto que potencia a la inversión en capital físico, el efecto podría ser muy positivo. Y hay un gran candidato: inversión en capital humano.

Una reforma en materia educativa que eleve significativamente la calidad de la educación, junto con una reforma tributaria que asegure el financiamiento de estas iniciativas en el tiempo y que efectivamente potencie la inversión, nos daría un nuevo aire para incrementar el bienestar económico y social de nuestro país.