El poderoso lobby de notarios y conservadores

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Los  notarios  y  conservadores  tienen  un  monopolio  vitalicio  obtenido  sin  competencia  en  un  proceso  poco transparente.  Cobran  tarifas mayores  a  las  fijadas  por  el Ministerio  de  Justicia  y  no  reciben  sanción  por  ello. Tampoco  han  incorporado  tecnología  para  entregar  un  servicio  eficiente  y  la  percepción mayoritaria  es  que  la calidad de servicio es  relativamente mala. Es una  lista suficiente de  razones para hacer una  reforma  importante que la gran mayoría apoyaría, pero ello no ha sido posible.

En 2008,  la presidenta Bachelet  envió al Congreso  un proyecto de  ley para  reformar  el sistema. El  objetivo era mejorar  la calidad del servicio, bajar  los costos a  los usuarios y  tener un mecanismo de designación en el cargo que  fuera  competitivo  y  transparente.  Para  ello  el  proyecto  establecía  que  los  conservadores  se  asignarían mediante una licitación  realizada por  la Superintendencia de Quiebras, el cargo duraría entre seis y diez años no renovables  y se  exigiría ser  abogado con  al menos  cinco años  de ejercicio.  Para  los  notarios, el  cargo duraría entre  cinco  y  ocho  años  prorrogables,  el  nombramiento  lo  haría  el  Presidente  de  la  República  luego  de  una licitación  pública  y  también  se  exigiría  ser  abogado  con  al  menos  cinco  años  de  ejercicio.  Obviamente  la Asociación  de  Notarios  y  Conservadores  se  opuso  fuertemente  argumentando  que  se  pondría  en  riesgo  ³la  fe pública´. El proyecto nunca se transformó en ley.

En 2010,  los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Hacienda, Felipe Larraín, anunciaron una nueva  reforma al sistema  de  notarios  y  conservadores.  La  propuesta  incluía  un  sistema  de  selección  vía  concurso  público,  la fiscalización  efectiva  del  sistema  y  la  licitación  de  la  gestión  de  las  notarías,  adjudicando  por menor  precio. Nuevamente reaccionaron los notarios, oponiéndose a la licitación y el proyecto nunca llegó al Congreso.

Finalmente, hace algunos días el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, anunció que se enviará un nuevo proyecto de  reforma al Congreso. Las  ideas matrices serían  la creación de un curso previo obligatorio para ser notario, un aumento de  tres a cinco en el número de candidatos que  la Corte de Apelaciones envía al Ministerio de Justicia para  el  nombramiento  de  un  notario,  la  exigencia  de  incorporar  firma  electrónica,  el  cumplimiento  efectivo  de exigencia de  tener 75 años o menos para ser notario o conservador y que el Sernac fiscalice que se cumplen las tarifas que  fija el Ministerio de Justicia. Un primer mal signo es que se abandonó  la idea de  licitar las notarias. El presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores no tardó mucho en alegrarse:  “Valoramos que se haya dejado fuera la licitación. Ponía en riesgo la seguridad jurídica”. Curiosamente, contradiciendo el argumento de los notarios, el ministro Ribera mencionó que el control del Sernac es “para  resguardar  la fe pública”. Si se necesita que  el Sernac  fiscalice  a quienes  se  supone que  resguardan  la  fe  pública  para que  efectivamente  lo hagan,  el problema de fondo es mayor.

No deja de ser impresionante  lo difícil que ha sido reformar un sistema obsoleto, dos gobiernos y   res propuestas en  un  poco más  de  tres  años  y  aún  no  es  posible.  Pero  eso  no  es  todo,  el  gobierno  envió  al  Congreso  un proyecto  de  ley  que  agiliza  la  creación  de  empresas,  entre  otras  cosas,  a  través  del  uso  de  formularios electrónicos. El proyecto se votó a  favor, pero el  trámite se entrabó y su discusión quedó postergada gracias al fuerte  lobby de notarios y conservadores. Estas son  reformas que  favorecen a  la gran mayoría de  los chilenos y terminan con  los  privilegios de unos pocos.  La pregunta es por  qué esos pocos privilegiados  han sido exitosos para impedir estas reformas y si podemos hacer algo para disminuir su poder. Lo primero es  transparentar y regular el lobby. Lo segundo es transparentar el financiamiento de las campañas parlamentarias y establecer inhabilidades. Los votantes necesitamos saber  ahora qué parlamentarios  recibieron donaciones de  notarios y conservadores o tienen parientes en esos cargos.

 

Publicado por Diario Financiero, 23 de enero de 2012

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