Inscripción automática: suicidio político

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fuente de la nota El Mostrador.

Las autoridades del gobierno plantearon la posibilidad cierta que no se implemente la inscripción automática para las elecciones municipales de octubre del próximo año. Sostienen que existe una incapacidad de constatar el domicilio de aproximadamente un tercio de los potenciales nuevos electores (es decir, de un millón y medio de ciudadanos). El ministro Larroulet planteó que no deseaban un nuevo “Transantiago”. Algunos parlamentarios han indicado que el Servicio Electoral tenía “un prestigio que cuidar

Es decir, un país que se supone está a la vanguardia en materia de modernización no es capaz de registrar a un millón y medio de sus ciudadanos. Tampoco el gobierno ha propuesto una campaña de actualización de direcciones a través del registro civil, o no han contratado una asesoría internacional para modernizar su sistema de registro electoral.

Y no es que ésta sea una tarea imposible. Tal como lo indicó El Mostrador, Bolivia, un país con muchísimas más dificultades territoriales y logísticas por su alta tasa de ruralidad, realizó un empadronamiento electoral biométrico de punta de 5 millones de personas en un plazo de 75 días. De este modo, la explicación de la autoridad resulta simplemente sorprendente.

Desde el punto de vista del gobierno, se optó por reformas marginales, poco sustantivas. Y la mayor y más simple de ellas (de inscripción automática) ni siquiera se atreverán a implementarla.

El anuncio del gobierno nos dejará con un escenario institucional que profundizará todavía más el ya dañado sistema político. Primero, como no existirá inscripción automática y como además el voto ya es voluntario, en las próximas elecciones municipales probablemente se reducirá todavía más la participación electoral. Dado que la oferta política no variará significativamente en el corto plazo, es esperable que menos del 60% de la ciudadanía mayor de 18 años concurra a votar.

El segundo anuncio es el establecimiento de un nuevo sistema de primarias vinculantes voluntarias. La propuesta parece razonable pues permitiría en teoría la oxigenación del sistema político. Sin embargo, de no mediar otras reformas, un efecto esperable es el aumento de la autonomía de los parlamentarios electos respecto de sus propios partidos. Una democracia debe intentar equilibrar el principio de representación y el de disciplina partidaria de modo de evitar la fragmentación del sistema.

Supongamos que se agrega una tercera reforma, la del sistema binominal. Si el gobierno llega a materializar el interés informal manifestado, seguramente lo haría por la vía de ampliar la cantidad de representantes pero nunca para cambiar del todo el sistema. Ello tampoco ayudaría mucho pues en cada distrito y circunscripción la percepción que los dos cupos de parlamentarios están “calados” ciertamente subsistiría.

Así las cosas, las tímidas propuestas que el Ejecutivo ha planteado lo único que provocarían sería la ampliación de la enorme brecha entre sociedad y sistema político. Si a esto agregamos una total ausencia de debate sobre el actual esquema de financiamiento electoral (escasamente transparente y que favorece marcadamente a los partidos con representación en el Congreso)

y el desinterés por reformar la ley de partidos políticos para cambiar las negativas prácticas internas al interior de las tiendas políticas, el escenario es sin duda poco alentador.

Desde el punto de vista del gobierno, se optó por reformas marginales, poco sustantivas. Y la mayor y más simple de ellas (de inscripción automática) ni siquiera se atreverán a implementarla. Desde la Concertación tampoco ha emergido un grupo de propuestas del todo coherente. Los partidos decidieron entregar sus recomendaciones al Ejecutivo en forma separada, sin siquiera coordinar un paquete armónico de transformaciones del sistema.

La solución no pasa por entregarle al Ejecutivo una “lista de supermercado” con recomendaciones que tampoco le importa mucho a este último realizar. Hoy más que nunca se requieren crear las condiciones para un gran acuerdo político y social que revise las bases del sistema político chileno y que atienda la necesidad de fortalecer y no debilitar a los partidos políticos; que resuelva los problemas de representatividad; que genere mecanismos de participación; que produzca un mejor equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo y que regule la relación entre dinero y política. El reformismo actual, a cuentagotas, no es otra cosa que un suicidio político.

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