Una política fiscal saludable

by Martín Gonzalez-Rozada on 13 octubre, 2010 · 20 comments

Fumar es la principal causa de muertes prevenibles, enfermedades y discapacidades en el mundo. En Argentina mueren, cada año, 40 mil personas por enfermedades relacionadas con el cigarrillo. Aumentar los impuestos sobre el consumo de cigarrillos es una de las principales herramientas de control de la epidemia de tabaquismo. En todos los países avanzados los impuestos a los cigarrillos son altos para hacer a los cigarrillos más caros y disminuir así el consumo de los fumadores. Impuestos altos al consumo de cigarrillos alientan la cesación, disminuyen el inicio del consumo en los adolescentes y como si esto fuera poco aumentan la recaudación fiscal.

Desde hace siete años en Argentina las empresas tabacaleras y el gobierno tienen un acuerdo por el cual el gobierno no sube los impuestos al tabaco y a cambio de ello se fija una meta de recaudación anual, 6,200 millones de pesos para 2009 por ejemplo. Si la recaudación del estado proveniente de los impuestos a los cigarrillos no alcanza la meta fijada, las empresas tabacaleras realizan pagos al Estado por la diferencia entre la meta fijada y la recaudación alcanzada. Si la recaudación fiscal proveniente de estos impuestos supera la meta fijada, como sucedió en 2009 cuando se recaudaron 6,450 millones, el excedente, 250 millones, se transfiere al período siguiente. A fin de año vence el convenio de recaudación bianual entre el gobierno y las tabacaleras. Éstas últimas ya han comenzado el lobby público para renovarlo (ver nota “Fumar es poco perjudicial para la AFIP” en el Suplemento Económico de La Nación del domingo 19 de septiembre de 2010.

El verdadero motivo por el cual las tabacaleras desean renovar el acuerdo es porque el mismo les resulta enormemente beneficioso. Sin acuerdo, el Estado subiría los impuestos a los cigarrillos, incrementando su precio final. Ello reduciría el consumo, el número de fumadores y los beneficios para las tabacaleras. Si éstas quisieran evitar la caída del consumo deberían reducir sus precios, lo cual también afectaría sus beneficios. Con un convenio que tenga una meta de recaudación baja, los impuestos al cigarrillo no suben, el precio final tampoco, el consumo no cae y las tabacaleras prácticamente no verían afectados sus beneficios ya que, tal como sucedió en 2009, la meta se cumpliría. Si la meta de recaudación fuera la adecuada, teniendo en cuenta las externalidades negativas y costos en términos de salud pública que genera el tabaco, las tabacaleras probablemente no tendrían interés en firmar el acuerdo.

Aun cuando la estrategia y los motivos por los cuales las tabacaleras hacen lobby por un nuevo convenio con metas bajas son claros,  los argumentos que éstas usan en el debate público para presionar para la renovación del acuerdo son otros. Se sugiere que los impuestos actuales sobre el consumo de cigarrillos en Argentina son ya muy elevados, que el sector tabacalero es el que más aporta en materia de impuestos y que incrementar los impuestos provocaría aumentos de precios que a su vez desatarían un crecimiento del contrabando, con la consiguiente pérdida de ingresos por parte del estado.

Los argumentos de las tabacaleras no son nuevos, se utilizan toda vez que el Estado quiere implementar alguna política de control de la epidemia de tabaquismo. En primer lugar, la presión fiscal sobre los cigarrillos en Argentina es menor a la de Uruguay y Chile, por nombrar dos países de la región. En cuanto al supuesto aumento del contrabando que un incremento impositivo generaría se debe considerar que hay dos tipos de contrabando. El denominado minorista o contrabando hormiga que es el que potencialmente está favorecido por el diferencial de precios con los países vecinos y el contrabando mayorista, llevado a cabo por verdaderas organizaciones criminales, que se realiza a través de contenedores, camiones y aviones y que elude la carga impositiva y no se ve afectado por este diferencial de precios. Tradicionalmente la industria tabacalera hace énfasis en el primer tipo de contrabando, sin embargo, la evidencia empírica existente sugiere que el contrabando minorista es muy pequeño comparado con el mayorista y las medidas fiscales como los aumentos impositivos sobre el consumo de tabaco no lo afectan (González-Rozada, M., 2008, “Estudio sobre el comercio ilegal de tabaco en Argentina”). El combate al contrabando debe realizarse con medidas específicas como el establecimiento de licencias para exportadores, fabricantes y distribuidores, institución de un código único de identificación que permita el rastreo de los cigarrillos de contrabando e incrementar la colaboración entre los oficiales de aduanas de los diferentes países en los que está involucrado el contrabando, entre otras.

Si el gobierno en 2010 no hubiera estado sujeto al convenio que establecía una meta de recaudación de 7,600 millones de pesos en concepto de impuestos sobre el consumo de cigarrillos, y en su lugar hubiera subido los impuestos pasando de una presión impositiva de 68% a 87% podría haber recaudado alrededor de 15,000 millones de pesos. Es decir, podría haber duplicado la meta de recaudación, se hubiera reducido el consumo, las muertes por el cigarrillo y no habría ninguna repercusión sobre el contrabando.

Para analizar qué es lo que sucede con la recaudación fiscal ante un aumento del precio de los cigarrillos provocado por un aumento impositivo es necesario tomar en cuenta las elasticidades ingreso y precio de demanda de los cigarrillos. En Argentina estas elasticidades son de 0.448 y de -0.265 respectivamente (González-Rozada, M., 2006, “Economía del control del tabaco en los países del MECOSUR y estados asociados: Argentina 1996-2004”). Con estos valores de elasticidad se pueden hacer ejercicios de simulación aumentando los impuestos al consumo de cigarrillos para ver qué sucede con la recaudación fiscal proveniente de esos aumentos impositivos. La figura siguiente muestra la curva de Laffer para uno de estos ejercicios. Para realizarla se utilizó la recaudación del año 2009, 6,450 millones de pesos, un incremento anual en los ingresos de 10% y se hizo variar la tasa de impuestos internos, hoy en 60% del precio neto. El resultado es que se podría pasar del nivel actual a un impuesto interno de 213% y eso aumentaría la recaudación y disminuiría el consumo de cigarrillos simultáneamente. La recaudación fiscal proveniente de ese aumento alcanzaría los 15,521 millones de pesos y al mismo tiempo el consumo de cigarrillos disminuiría alrededor de un 40% con los beneficios sobre la salud de la población que eso implica.

Está claro que renovar el convenio de recaudación con metas artificialmente bajas es beneficioso para las tabacaleras pero es muy perjudicial para la población y para el Estado.

El gobierno debe incrementar los impuestos al consumo de cigarrillos para disminuir el consumo con el consiguiente beneficio sobre la salud de los fumadores y no fumadores. Así bajaría los costos directos e indirectos de la atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco e incrementaría la recaudación fiscal, lo que se dice, una política fiscal saludable.

Curva de Laffer del Impuesto a los Cigarrillos

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